Las promesas se multiplican, las viviendas no

La penúltima ocurrencia del presidente del Gobierno, siempre atento a mimar el relato, ha sido nada menos que anunciar la creación de lo que ha denominado “un fondo soberano”, que se llamará “España crece”. A diferencia de lo que viene siendo un fondo soberano al uso, este no se crea para buscar un mejor empleo de recursos excedentarios generados por un país, sino para captar fondos de terceros. Y tampoco para ponerlo en manos de gestores profesionales, con visión y capacidad de adelantar tendencias. No, este lo gestionará el ICO, de cuya brillante trayectoria en los últimos años dan fe su línea de avales para la inversión en 2021, que solo otorgó un 4,8% de los previstos, los préstamos Covid a autónomos y pymes, pregunten por ahí, y los avales de vivienda para jóvenes. Sobre estos, mejor ni preguntar.

Según el presidente, este fondo soberano, es cosa de hombres, estará dotado con una base de 10.500 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation, pero pretende sobre todo movilizar hasta 120.000 millones de euros de inversores privados, nacionales e internacionales, para la construcción de 15.000 viviendas al año. Eso sí, ha dicho Sánchez que la inversión que busca ha de ser “sin ánimo especulativo”. Que digo yo que llamar de entrada especuladores a quienes quieren invertir en vivienda no parece la mejor estrategia para atraer fondos privados, pero Sánchez sabrá.

El presidente que esta semana presenta un fondo para dinamizar la vivienda es el mismo presidente que no ha sido capaz de ejecutar con eficacia los fondos europeos destinados precisamente a preparar a España para la siguiente generación. Su gobierno recibió uno de los mayores paquetes de ayudas de la Unión Europea, pero no ha sido capaz de ejecutarlos. Algunas estimaciones sitúan la ejecución real acumulada por debajo del 30% a principios de este año y ni siquiera tenemos datos oficiales, contrastables y transparentes.

Más aún, es el mismo Gobierno que ha permitido una preocupante degradación en infraestructuras públicas esenciales por falta de inversión sostenida y mantenimiento. La red ferroviaria convencional, el estado de las carreteras, el de las presas, la gestión hidráulica en múltiples cuencas, la red eléctrica tensionada o los retrasos en grandes corredores logísticos son síntomas de una dejación de funciones que no puede disociarse del problema de la vivienda. Porque sin infraestructuras no hay desarrollo urbano posible.

En 2023 Sánchez ya anunció primero la construcción de 183.000 viviendas públicas y asequibles y pocos días después la de 200.000 más. Claro, estábamos en campaña electoral y quién no lanza las campanas al vuelo. Pero en 2024, pasadas ya las elecciones, volvió a comprometer decenas de miles mediante cesión de suelo público y colaboración con el SEPES. Y en 2025 prometió esos mecanismos de avales y financiación para jóvenes, también a través del ICO, a los que me refería antes. Pero el resultado real en términos de viviendas públicas efectivamente iniciadas o entregadas tiende peligrosamente a cero.

No es una cuestión ideológica, es una cuestión de gestión. Pero ni gestión, ni visión, ni ejecución. Un país no resuelve un déficit estructural de vivienda con sucesivos titulares que se superponen unos a otros sin solución de continuidad. Parafraseando a Ortega podríamos decir que España tuvo la solución en Europa y la convirtió en un problema.

Sánchez puede prometer 15.000 viviendas al año, pero la realidad urbanística española tiene plazos propios que ningún relato acelera. Entre la adquisición o transformación de suelo, la tramitación ambiental, el planeamiento, los proyectos de urbanización, la obtención de licencias y la construcción efectiva, los ciclos se miden en años, no en meses. En muchos casos, más de un lustro.

Además, la cifra de 15.000 viviendas al año sería, de hacerse realidad, absolutamente insuficiente para las necesidades reales del país. Solo la Comunidad de Madrid necesita más de cien mil anuales para estabilizar los precios. Cataluña, Valencia, Andalucía o Baleares se enfrentan a tensiones similares. Quince mil viviendas anuales, en el mejor de los casos, apenas rascarían la superficie del problema. Y eso suponiendo que se cumplan las promesas de Sánchez, algo que la experiencia reciente no invita desde luego a dar por hecho.

A todo ello se suma un marco legislativo que va en dirección contraria a la liberalización del suelo y a la estimulación de la construcción. Las leyes de vivienda impulsadas en los últimos años han introducido controles de precios, limitaciones a propietarios y mayores cargas regulatorias. El efecto, lejos de aumentar la oferta, lo que ha conseguido es retraer inversión en determinadas zonas y desplazar la inversión hacia otros mercados más previsibles. La vivienda es un bien social, sin duda, pero también es un activo económico que necesita reglas claras para existir.

Y como si no bastara con la inseguridad normativa y la lentitud administrativa, emerge un nuevo cuello de botella estructural, el de la red eléctrica. Numerosos desarrollos urbanísticos en distintas comunidades autónomas están pendientes de puntos de conexión eléctrica. Sin capacidad de red no hay suministro garantizado, y sin suministro no hay licencia de primera ocupación posible. La transición energética y el crecimiento de la demanda industrial y digital han tensionado una infraestructura que no ha crecido al mismo ritmo.

La paradoja es que se anuncia un fondo soberano para construir vivienda mientras la red que debe abastecer esas viviendas está saturada. Se busca colaboración privada mientras se cuestiona moralmente al inversor. Se anuncia la movilización de cifras milmillonarias mientras la ejecución histórica demuestra una preocupante incapacidad de gestión.

La política económica exige coherencia. Un país que necesita colaboración empresarial no puede tratar a las empresas como sospechosas por definición. Un país que necesita financiación internacional no puede transmitir volatilidad regulatoria. Un país que aspira a ser atractivo para el capital productivo debe ofrecer solvencia, estabilidad y previsibilidad. No basta con poner la palabra “crece” en el nombre de un fondo.

En los últimos años hemos asistido a una profusión de planes, proyectos estratégicos, PERTE, fondos, estrategias nacionales y anuncios casi semanales. Cada uno presentado como transformador. Pero la realidad del país son infraestructuras envejecidas y vivienda inaccesible para los jóvenes. Y de nuevo todo parece indicar que estamos ante una medida efectista más que efectiva.

No se trata solo de un fondo mal concebido o insuficiente. Se trata de una forma de gobernar basada en el anuncio continuo y la ejecución diferida. De un Gobierno que no ha sabido aprovechar la mayor inyección de recursos europeos de la historia reciente y que ha dejado deteriorarse infraestructuras estratégicas hasta niveles preocupantes. De una falta de visión sistémica que concibe vivienda, energía, suelo, transporte y financiación como si fueran mundos separados.

España necesita menos titulares y más obras. Menos retórica y más seguridad jurídica. Menos fondos con nombres sugerentes y más planificación rigurosa. Con este Gobierno las promesas se multiplican en una peligrosa tendencia exponencial, pero las viviendas no. Y no se multiplicarán hasta que haya suelo disponible, financiación estable, redes preparadas y empresas dispuestas a invertir.