El Gobierno promete vivienda, pero llega a las elecciones sin asegurar la red para los grandes desarrollos de Madrid

Más de 80.000 viviendas previstas en la Comunidad dependen de nuevas infraestructuras eléctricas, según BBVA Research. Solo en Los Cerros, Los Ahijones, Los Berrocales y Valdecarros se proyectan más de 108.000 casas, de las que 31.525 ya cuentan con autorización para comenzar a construirse. La planificación estatal reconoció la necesidad de reforzar la red, pero remitió algunas de las actuaciones fundamentales a después de 2030.

El Gobierno quiere situar la vivienda en el centro de su discurso electoral, pero una parte sustancial de la oferta residencial que Madrid podría incorporar durante los próximos años continúa dependiendo de unas infraestructuras eléctricas que no están garantizadas. La contradicción resulta difícil de ocultar: se anuncian planes, ayudas y nuevas regulaciones para facilitar el acceso a la vivienda mientras los desarrollos con suelo disponible, planeamiento aprobado y obras de urbanización en marcha carecen de certeza sobre cuándo recibirán la potencia necesaria.

La convocatoria de elecciones generales ha paralizado, según el consejero madrileño de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, las conversaciones que la Comunidad mantenía con el Ejecutivo central para asegurar el suministro de los nuevos desarrollos. Las alegaciones presentadas por Madrid a la planificación eléctrica estatal continúan, de acuerdo con el Gobierno regional, sin una respuesta concreta. El problema no consiste únicamente en construir las viviendas, sino en poder conectarlas y entregarlas con todas las garantías de suministro.

Las cifras exigen cierta precisión. La Comunidad de Madrid contabiliza 116.804 viviendas previstas en El Cañaveral, Los Berrocales, Los Ahijones, Valdecarros y Los Cerros, aproximadamente la mitad de ellas con algún régimen de protección. El Ayuntamiento, utilizando el perímetro formado por los cuatro desarrollos que todavía concentran la mayor expansión, sin incluir El Cañaveral, cifra en más de 108.000 las viviendas programadas.

No todas esas casas están actualmente bloqueadas, pero tampoco se trata de una necesidad remota. Los Cerros, Los Ahijones, Los Berrocales y Valdecarros ya disponen de autorización para ejecutar simultáneamente urbanización y edificación de 31.525 viviendas. A comienzos de octubre había 5.219 en construcción: 349 en Los Cerros, 1.450 en Los Ahijones y 3.420 en Los Berrocales. Otras 110 estaban terminadas en este último ámbito. Valdecarros, por su parte, acaba de recibir luz verde para una primera etapa de 13.371 viviendas dentro de un desarrollo que alcanzará las 51.000.

80.000 viviendas pendientes de nuevas infraestructuras eléctricas

El diagnóstico independiente confirma que la advertencia no puede despacharse como una simple disputa entre administraciones de distinto signo político. BBVA Research estima que más de 80.000 viviendas en Madrid dependen de la construcción de nuevas infraestructuras eléctricas. Su análisis calcula que el suelo disponible en la Comunidad permitiría levantar alrededor de 126.000 casas durante los próximos cinco años, mientras que la capacidad eléctrica firme actualmente disponible solo podría abastecer unas 40.000.

El problema es, además, territorial. Puede existir potencia libre en el conjunto del municipio y faltar precisamente en los distritos donde se concentra el crecimiento. En Vicálvaro, donde se ubican Los Cerros, Los Berrocales y Los Ahijones, BBVA estima que la capacidad actual destinada proporcionalmente al uso residencial apenas permitiría conectar unas 565 viviendas, frente a las aproximadamente 53.000 proyectadas en esos tres ámbitos. En Villa de Vallecas, las 50.000 viviendas consideradas en Valdecarros se enfrentan a una capacidad equivalente para unas 846. El estudio también identifica limitaciones en Madrid Nuevo Norte, Paracuellos, Alcorcón, Leganés y San Sebastián de los Reyes.

La electricidad necesaria para un nuevo barrio no se resuelve instalando centros de transformación al final de la obra. Antes hacen falta posiciones en subestaciones, líneas de alta tensión, transformación entre niveles de voltaje, refuerzos de la red de distribución y, en determinados casos, nuevos apoyos desde la red de transporte. El promotor puede financiar o adelantar parte de la infraestructura local, pero no puede crear por sí solo capacidad estructural en el sistema. Estas actuaciones requieren planificación estatal, permisos ambientales, autorizaciones administrativas, suelo, coordinación entre Red Eléctrica y las distribuidoras y varios años de ejecución.

BBVA calcula que la ampliación de la red asociada a un gran desarrollo urbanístico puede tardar entre cinco y ocho años. Por tanto, excluir hoy una subestación o un apoyo de la planificación no produce un simple retraso burocrático: puede trasladar la entrada de miles de viviendas hasta la próxima década. La incertidumbre también encarece la financiación, obliga a reprogramar obras y puede dejar promociones terminadas pendientes de suministro, una situación que ya se ha producido en otras provincias.

Responsabilidad del Gobierno

La responsabilidad del Gobierno central resulta especialmente evidente en su propia documentación. La propuesta inicial de planificación eléctrica 2025-2030 reconocía expresamente como necesarios nuevos apoyos a la red de distribución para acompañar el crecimiento residencial de Los Cerros, Los Berrocales y Valdecarros. Sin embargo, situaba esas actuaciones para después del horizonte de 2030. Es decir, el Ministerio admitía la necesidad técnica, pero no la incorporaba inicialmente al periodo durante el cual las viviendas deben comenzar a levantarse.

Tras recibir 2.566 alegaciones, el Ejecutivo anunció en septiembre que elevaría la inversión de la planificación desde unos 13.600 millones hasta más de 17.000 millones de euros. También comunicó un aumento de las posiciones destinadas a apoyar la distribución y de las nuevas subestaciones. Pero la cifra agregada no sustituye a una solución identificada, aprobada y calendarizada para el sureste madrileño. Antes de la convocatoria electoral no había quedado acreditado públicamente qué actuaciones concretas se adelantaban, qué potencia aportarían ni cuándo entrarían en servicio.

El Real Decreto 640/2026 permite, además, movilizar hasta 17.900 millones adicionales en redes de transporte y distribución hasta 2030 e introduce la posibilidad de financiar inversiones anticipatorias. Es un cambio necesario después de años en los que la regulación limitó la expansión de las redes, pero tampoco equivale a disponer de una subestación operativa. La norma amplía los límites de inversión y regula los planes que deberán presentar las compañías; después habrá que seleccionar proyectos, autorizarlos, ejecutarlos y demostrar que generan capacidad efectiva. Hasta un 20 % de determinados incrementos podrá dedicarse a actuaciones anticipatorias, una proporción que puede resultar insuficiente ante el volumen de demanda acumulada.

Política de vivienda

La política de vivienda no termina cuando se recalifica un suelo, se concede una licencia o se coloca una primera piedra. Una vivienda solo llega al mercado cuando puede habitarse, y para ello necesita electricidad para iluminación, climatización, ascensores, bombeos de agua, ventilación de garajes, recarga de vehículos y servicios urbanos. Los nuevos barrios también precisan energía para colegios, centros sanitarios, comercios, transporte público y actividades económicas.

El Gobierno puede presentar grandes cifras nacionales y aprobar programas de ayuda, pero no puede pretender resolver la escasez de vivienda sin coordinar el urbanismo con las redes que deben sostenerla. En Madrid existe suelo, hay proyectos maduros y miles de viviendas han comenzado a construirse. Lo que falta es una decisión estatal ejecutable sobre la infraestructura eléctrica. Prometer más casas mientras se difiere la red que debe alimentarlas no constituye una política de vivienda: es trasladar el problema más allá de las elecciones y, posiblemente, más allá de 2030.