El Gobierno convierte el tope al gas en deuda para los consumidores y extiende el escudo energético a la industria y el transporte
El nuevo decreto limita al 15% la subida inmediata de la TUR, refuerza las reservas de GNL, rebaja temporalmente la fiscalidad de los combustibles y subvenciona el transporte por carretera, ferroviario y marítimo. La contención del gas no se paga, sin embargo, con fondos públicos: las comercializadoras adelantarán unos 200 millones que los consumidores devolverán con intereses. La fórmula permite al Ejecutivo proteger el recibo sin cargar ahora el coste a unos Presupuestos del Estado que siguen siendo los de 2023 prorrogados.
El Gobierno ha articulado su tercer paquete de respuesta a la crisis de Oriente Medio mediante una combinación de rebajas fiscales, ayudas directas al transporte y los sectores primarios, medidas de seguridad de suministro y nuevas obligaciones técnicas para el sistema eléctrico. La intervención más relevante, sin embargo, se concentra en la Tarifa de Último Recurso de gas natural: el Ejecutivo limita la subida durante el invierno, pero convierte en deuda la parte del coste energético que deja de trasladarse ahora a los consumidores.
El Real Decreto-ley publicado el ayer y en vigor con carácter general desde este 1 de octubre, evita que la TUR aumente más de un 45%, como habría ocurrido al aplicar la fórmula ordinaria. La subida inmediata del recibo queda contenida en torno al 15%, pero la diferencia deberá recuperarse posteriormente, junto con su coste financiero, sin que se haya fijado una fecha límite.
La TUR se revisa trimestralmente sumando los peajes y cargos del sistema gasista, los costes de comercialización y seguridad de suministro y el coste de la materia prima, denominado término Cn. Este último representa alrededor del 30% de la tarifa y combina un coste de gas de base vinculado al petróleo Brent con un componente estacional ligado a los futuros del mercado británico NBP durante los trimestres de mayor demanda.
El cierre del estrecho de Ormuz y las restricciones sobre el gas ruso llevaron el precio del gas en Mibgas hasta un máximo anual de 85 euros por MWh el 14 de septiembre. Al mismo tiempo, el Brent superó los 100 dólares por barril. Con esas referencias, el término Cn habría pasado de los 2,65 céntimos por kWh de julio a 5,63 céntimos en octubre.
“Deuda media unitaria acumulada”
El decreto limita el incremento del Cn al 35% en octubre y establece un máximo adicional del 15% para la revisión de enero de 2027. La resolución tarifaria publicada hoy reconoce por ello un coste de materia prima de 3,574741 céntimos por kWh, frente a los 5,626153 céntimos que resultan de la metodología ordinaria. La diferencia, 2,051412 céntimos por kWh, se registra desde el primer día como “deuda media unitaria acumulada”.
No se trata, por tanto, de una subvención estatal al gas, sino de una financiación temporal soportada por las comercializadoras de último recurso. Estas empresas comprarán y suministrarán el combustible a su coste real, pero solo recuperarán ahora una parte. El resto se incorporará al término Cn de las revisiones posteriores, a partir de enero de 2027, hasta su amortización completa.
La deuda devengará además una retribución financiera vinculada al coste de la deuda utilizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para remunerar las actividades gasistas. Las estimaciones disponibles sitúan ese interés alrededor del 3,22% y calculan un déficit aproximado de 200 millones de euros, aunque su importe final dependerá de la demanda invernal y de la evolución de las cotizaciones.
El diseño tiene una consecuencia técnica relevante: mientras exista deuda pendiente no podrá reducirse el término Cn reconocido en la TUR. Si el gas o el petróleo se abaratan durante 2027, esa bajada no se trasladará íntegramente al consumidor, porque el margen se empleará en devolver a las comercializadoras el déficit acumulado. La protección suaviza la pendiente de la subida, pero también retrasa la posterior bajada.
Penalización por marcharse al mercado libre
Los clientes tampoco podrán evitar el pago abandonando la tarifa regulada. Quien se traslade al mercado libre antes de la completa recuperación tendrá que abonar a su comercializadora de último recurso la deuda media correspondiente a su escalón de peaje. Para los cambios anteriores al 1 de enero, la resolución multiplica los 2,051412 céntimos por todos los kWh consumidos desde el 1 de octubre, añade el coste financiero cuando la permanencia exceda de 60 días y aplica después los impuestos.
Un usuario que consuma 2.000 kWh y abandone la TUR antes de enero deberá pagar unos 41 euros de principal, más intereses e impuestos. Aunque jurídicamente no se denomina penalización, el cobro funciona como un peaje de salida que impide disfrutar del precio contenido durante el invierno y trasladarse después al mercado libre sin asumir el déficit generado.
La TUR cuenta con unos 3,1 millones de suministros, el 39,5% del mercado. Pueden contratarla los consumidores conectados a menos de cuatro bares y con menos de 50.000 kWh anuales, además de comunidades de propietarios, determinados edificios residenciales públicos o de organizaciones sin ánimo de lucro y las empresas de servicios energéticos que los atienden. La mayor parte de la industria, por su volumen de consumo, permanece fuera del mecanismo y compra el gas mediante contratos libres.
La elección de esta fórmula no puede separarse de la situación presupuestaria. El decreto no reconoce expresamente que el déficit de la TUR se haya diseñado por falta de recursos públicos, pero el mecanismo permite evitar que esos 200 millones se conviertan ahora en gasto presupuestario. Son las comercializadoras las que adelantan el dinero y los consumidores de la tarifa regulada quienes lo devuelven.
España continúa funcionando con los Presupuestos Generales del Estado de 2023 prorrogados, sin unas nuevas cuentas aprobadas durante la legislatura. Además, la AIReF ha advertido de que el despliegue de medidas contra la crisis energética, los compromisos de defensa y otros gastos extraordinarios han agotado buena parte del margen fiscal y amenazan con superar la senda de gasto acordada con Bruselas. En ese contexto, la deuda tarifaria permite ofrecer una rebaja visible sin incrementar en la misma cuantía el déficit público inmediato.
Ayudas al transporte y la agricultura
El procedimiento contrasta con las ayudas al transporte o a la agricultura, para las que el decreto sí aprueba suplementos de crédito. Es también un modelo conocido en la regulación energética española: se difiere el reconocimiento del coste, se remunera financieramente a las empresas que lo soportan y se recupera después mediante el recibo. El riesgo es trasladar a futuras tarifas una carga que puede prolongarse incluso cuando haya desaparecido la tensión que justificó la intervención.
La bombona de butano se somete a un esquema similar. Su precio máximo queda limitado a 19,55 euros hasta el 30 de junio de 2027, pero la diferencia respecto del precio resultante de la fórmula ordinaria se incorporará como desajuste en las revisiones posteriores. También en este caso se contiene el precio presente sin eliminar el coste económico.
En materia de seguridad de suministro, el decreto eleva temporalmente las existencias mínimas de gas natural licuado durante el próximo invierno. Los comercializadores y consumidores directos obligados deberán disponer de reservas equivalentes a tres días de consumo en noviembre, tres días y medio en diciembre y tres días en marzo. Las existencias diarias podrán bajar hasta el 85% del nivel exigido siempre que el promedio mensual cumpla la obligación.
El Gestor Técnico del Sistema supervisará diariamente las reservas y los programas de aprovisionamiento de los 30 días siguientes. Si detecta un riesgo derivado de incumplimientos o de falta de descargas, podrá declarar una Situación de Operación Excepcional de nivel cero u otro nivel de crisis. La capacidad adicional de almacenamiento de GNL contratada para cumplir estas obligaciones quedará exenta de peajes, primas de subasta, tasas y cuotas.
Reservas petrolíferas
También se amplía la capacidad de intervención sobre las reservas petrolíferas. En una situación de escasez o tras una decisión internacional de liberación de existencias, el Consejo de Ministros podrá colocar las reservas mínimas y estratégicas bajo control directo de CORES y ordenar su localización geográfica y destino para garantizar el abastecimiento de los centros de consumo prioritarios.
Para la industria, el principal alivio inmediato llega por la fiscalidad energética. El Impuesto sobre Hidrocarburos mantiene durante octubre una rebaja equivalente a 20 céntimos por litro respecto de los tipos anteriores a la crisis. La reducción baja a 13 céntimos en noviembre y seis en diciembre, salvo que el IPC interanual de los carburantes supere el 15%, en cuyo caso se activará una salvaguarda y se conservarán tipos más reducidos.
El decreto fija además tipos específicos para fuelóleo, queroseno, GLP y gas natural. El gas consumido con fines profesionales en plantas industriales mantiene un tipo de 0,15 euros por gigajulio, siempre que no se utilice en cogeneración o en producción directa o indirecta de electricidad. El queroseno destinado a usos distintos de la propulsión queda temporalmente exento en octubre.
Ayudas a la electricidad
Las rebajas del IVA de la electricidad y el gas y del Impuesto Especial sobre la Electricidad no se aplican automáticamente durante octubre. Se recuperarán en noviembre o diciembre únicamente si el IPC interanual de esos productos supera el 15%. En ese supuesto, el IVA bajará del 21% al 10% para el gas y para los contratos eléctricos domésticos de hasta 10 kW, mientras el Impuesto Especial sobre la Electricidad retornará al 0,5%, respetando los mínimos exigidos por la normativa europea. El efecto directo sobre la gran industria será, por tanto, más limitado que el de las medidas sobre combustibles.
El decreto incorpora también una modificación técnica del Real Decreto 413/2014 para reforzar el control de tensión de la red eléctrica mediante instalaciones renovables, de cogeneración y de tratamiento de residuos. El objetivo es utilizar la capacidad de los inversores y generadores para gestionar potencia reactiva y mantener la tensión, reduciendo la necesidad de arrancar centrales fósiles exclusivamente para prestar ese servicio.
Las instalaciones deberán operar, con carácter general, dentro de un rango de factor de potencia comprendido entre 0,98 inductivo y 0,98 capacitivo. Las plantas de al menos 5 MW —0,5 MW en los sistemas no peninsulares— tendrán que poder seguir las instrucciones del operador del sistema. Las instalaciones conectadas a distribución podrán recibir consignas del gestor de su red, mientras que los generadores que presten el servicio de una forma más útil para la seguridad del sistema podrán obtener preferencia de despacho en igualdad de condiciones.
La reforma entrará en vigor tres meses después de la publicación del decreto y exigirá adaptar controles de inversores, reguladores de reactiva, comunicaciones y procedimientos de habilitación. Su interés industrial reside en aprovechar capacidades técnicas ya instaladas en parques renovables y cogeneraciones, evitando recurrir a generación térmica más cara para sostener los perfiles de tensión.
Certificados de ahorro energético
El sistema de Certificados de Ahorro Energético también recibe una revisión. Se tipifican de manera más precisa el fraude, la doble contabilización de actuaciones, la manipulación de mediciones y líneas de base y la ocultación de información al propietario del ahorro. Las infracciones muy graves podrán provocar la pérdida de la acreditación durante un periodo de dos a cinco años. Además, los CAE solicitados antes del 1 de diciembre podrán liquidarse hasta el 1 de marzo siguiente, lo que da más tiempo a los proyectos industriales de eficiencia ejecutados durante 2026.
En el transporte por carretera, las ayudas se coordinan con la retirada progresiva de la rebaja fiscal. Los vehículos con derecho a devolución por gasóleo profesional recibirán cinco céntimos por litro en octubre, 12 en noviembre y 19 en diciembre. Si se activa la salvaguarda fiscal y se mantienen tipos más bajos, la ayuda directa se reducirá para evitar una doble compensación.
Los transportistas sin acceso a la devolución profesional podrán solicitar pagos por vehículo: desde 120 euros para determinados taxis y VTC hasta 1.800 euros para camiones pesados. Los autobuses recibirán hasta 1.000 euros y las furgonetas 180. Los vehículos eléctricos de batería, pila de combustible o combustión de hidrógeno quedan excluidos porque la medida compensa específicamente el encarecimiento de los carburantes.
Ferrocarril y transporte marítimo
El ferrocarril de mercancías contará con 15.000 euros por cada locomotora diésel activa, con una dotación global de tres millones de euros. Para el transporte marítimo se habilitan 37 millones, distribuidos según el arqueo del buque y las millas recorridas en servicios regulares. Las ayudas cubrirán el periodo comprendido entre el 22 de septiembre y el 21 de diciembre.
El sector agrario mantendrá hasta final de año una compensación equivalente al 70% de la diferencia entre el precio semanal del gasóleo y el existente antes del conflicto, con un límite de 20 céntimos por litro. Se habilitan inicialmente 52 millones, ampliables. Los armadores de buques pesqueros dispondrán de otros 15 millones para compensar el mayor coste del combustible.
En aviación, la norma endurece el régimen sancionador por incumplir las cuotas de combustibles sostenibles establecidas en ReFuelEU Aviation. Las multas no podrán ser inferiores al doble de la diferencia de coste entre el combustible convencional y el sostenible multiplicada por el volumen incumplido, y podrán elevarse mediante un factor de hasta cinco.
Las empresas beneficiarias de ayudas directas no podrán despedir hasta el 31 de diciembre por causas económicas, técnicas, organizativas, productivas o de fuerza mayor derivadas de la crisis. El incumplimiento obliga a reintegrar la ayuda y determina la nulidad del despido. Las empresas obligadas a disponer de un plan de movilidad sostenible deberán igualmente devolver las subvenciones si carecen de él.
