El Gobierno autoriza 1.006 millones para conservar carreteras, una cantidad muy insuficiente ante el deterioro de la red

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la licitación de seis contratos, divididos en 29 lotes, para actuar sobre casi 3.670 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado en diez comunidades autónomas. La patronal CETM valora que el anuncio reconozca el deterioro acumulado de las vías, pero advierte de que la actuación deja fuera a la mayor parte de una red estatal que supera los 26.000 kilómetros y reclama más inversión, más alcance y mayor rapidez de ejecución.

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar una inversión de 1.006 millones de euros, IVA no incluido, para la conservación y explotación de carreteras estatales en diez comunidades autónomas. La decisión afecta a casi 3.670 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado, de los que 2.261 kilómetros son autovías, y se articulará mediante seis contratos divididos en 29 lotes con actuaciones en 20 provincias. El Gobierno presenta la medida como una inversión de alcance relevante para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad de la red, pero el sector del transporte de mercancías considera que llega tarde, cubre demasiado poco territorio y no responde a la magnitud real del deterioro acumulado.

La Confederación Española de Transporte de Mercancías, CETM, ha valorado positivamente que el Ministerio reconozca con esta inversión la situación de las carreteras y las denuncias reiteradas del sector, pero ha advertido de que el plan es claramente insuficiente. Su principal reproche es que actuar sobre 3.670 kilómetros de una red que supera los 26.000 kilómetros supone dejar sin intervención a la mayor parte de la infraestructura viaria estatal, pese a que muchas vías presentan problemas que afectan directamente a la seguridad vial, a la eficiencia operativa y a los costes de explotación de las empresas de transporte. Para la patronal, la conservación de las carreteras no puede abordarse mediante actuaciones parciales y diferidas, sino mediante un compromiso sostenido y proporcional al papel estratégico del transporte por carretera en la economía española.

La crítica de CETM va más allá de la cobertura territorial. La organización considera que la dotación presupuestaria se queda corta si se compara con el esfuerzo fiscal que soporta el sector, que cifra en más de 21.000 millones de euros anuales a través de impuestos vinculados a los combustibles. Desde esa perspectiva, la patronal reclama una mayor reinversión en unas infraestructuras que considera esenciales para la vertebración territorial, la seguridad de los profesionales y la competitividad de las empresas. También recuerda que la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras, ACEX, estima que España debería destinar alrededor de 2.000 millones de euros anuales al mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, una referencia que, a juicio del transporte de mercancías, evidencia la insuficiencia del esfuerzo ahora autorizado.

Contratos de entre tres y cinco años

Los contratos aprobados por el Gobierno tendrán una duración inicial de tres años, con posibilidad de una prórroga de dos años y otra adicional de hasta nueve meses. Se trata de contratos mixtos de servicios y obra orientados a ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y optimizar los recursos públicos. Entre las actuaciones previstas figuran la vigilancia de la red, la atención y gestión de incidencias, la vialidad invernal, la ayuda a la explotación, la conservación ordinaria, los estudios de seguridad vial y el mantenimiento de los elementos funcionales de la infraestructura. En términos técnicos, no se trata solo de reparar firmes, sino de sostener la operación diaria de una red que soporta una parte decisiva de la movilidad interurbana y del transporte de mercancías.

El Ministerio ha incorporado también exigencias ambientales y de eficiencia energética en los pliegos. Las adjudicatarias deberán presentar en los seis primeros meses de contrato un plan de descarbonización, con medidas de reducción y compensación de emisiones para alcanzar un balance neutro en carbono durante la vida del contrato. Además, se prevén medidas como autoconsumo, ahorro energético en iluminación e implantación de vehículos eléctricos en la actividad asociada a la conservación. Este enfoque introduce criterios de sostenibilidad en una actividad tradicionalmente centrada en la seguridad vial, la disponibilidad de la red y la respuesta ante incidencias, aunque no altera el fondo de la crítica del sector, que sitúa el problema principal en la falta de inversión estructural.

Por comunidades autónomas, Cataluña concentra la mayor partida, con 216,32 millones de euros para actuaciones en Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida, especialmente en vías como la AP-7, la AP-2 y la B-30. Castilla y León recibirá 188,4 millones para intervenciones en Burgos, León, Valladolid y Soria, mientras que Castilla-La Mancha contará con 183,9 millones repartidos entre Cuenca, Albacete, Guadalajara y Ciudad Real. Aragón dispondrá de 148,68 millones para cuatro lotes en Zaragoza. El resto de la inversión se distribuye entre la Comunidad Valenciana, con 83,78 millones en Alicante y Castellón, la Comunidad de Madrid, con 60,76 millones, La Rioja, con 45,36 millones, Asturias, con 32,35 millones, Galicia, con 26,58 millones en A Coruña, y Andalucía, con 20,42 millones en Huelva.

La autorización llega en un momento en el que el estado de conservación de las carreteras se ha convertido en una preocupación creciente para el sector logístico y para las empresas de mantenimiento. El deterioro de los firmes no solo reduce el confort de circulación, sino que incrementa el consumo de combustible, acelera el desgaste de neumáticos y suspensiones, eleva el riesgo de averías y puede comprometer la seguridad de los conductores que utilizan la red a diario. Para CETM, la demora en la ejecución es otro de los puntos débiles del plan. Aunque las licitaciones arrancarán en 2026, la puesta en marcha completa de las actuaciones requerirá varios años, un horizonte que la patronal considera excesivo ante una situación que describe como urgente.

La medida del Gobierno representa, por tanto, un impulso relevante al programa de conservación de la Red de Carreteras del Estado, pero no cierra el debate sobre la suficiencia de la inversión pública en mantenimiento. Para Transportes, los contratos permitirán preservar las condiciones de circulación y seguridad en miles de kilómetros de vías estatales. Para el transporte de mercancías, en cambio, el anuncio confirma precisamente la existencia de un problema que exige una respuesta más ambiciosa. La cuestión de fondo es si España seguirá abordando la conservación viaria mediante paquetes parciales de licitación o si articulará una política estable de mantenimiento preventivo capaz de frenar un déficit acumulado que ya afecta a la seguridad, a la eficiencia económica y a la competitividad de uno de los principales sistemas de transporte del país.