El Gobierno asigna 97 millones para recarga eléctrica, pero España sigue muy lejos de una red fiable y de alta potencia

El IDAE ha incluido en la propuesta provisional del programa Moves Corredores más de 97 millones de euros para 337 proyectos que permitirían instalar 2.880 puntos de recarga en las principales vías de comunicación. La medida llega en un momento crítico para la electrificación del transporte. España supera ya los 55.000 puntos públicos según ANFAC, pero arrastra una bolsa de más de 17.000 cargadores fuera de servicio, una red interurbana todavía dominada por potencias lentas y un retraso estructural frente a los objetivos europeos.

El Gobierno ha dado un nuevo impulso presupuestario a la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico con la asignación provisional de más de 97 millones de euros del programa Moves Corredores de Recarga, destinado específicamente a reforzar los puntos de carga en las principales vías de comunicación del país. Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, la propuesta provisional incluye 337 proyectos para instalar 2.880 puntos de recarga en la red viaria estratégica española, dentro del Plan de Recuperación y con financiación europea NextGenerationEU. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, presentó esta asignación dentro de un paquete más amplio de 670 millones de euros dirigido a proyectos de transición energética, almacenamiento y movilidad eléctrica.

La noticia tiene una lectura positiva ya que el dinero se dirige por fin a uno de los cuellos de botella más visibles de la movilidad eléctrica, la recarga en carretera. Pero también tiene una negativa, la convocatoria llega tarde, porque el problema español ya no es solo sumar puntos, sino lograr que estén donde hacen falta, que funcionen, que tengan suficiente potencia y que se conecten a la red eléctrica sin eternizarse en trámites administrativos. El Moves Corredores pretende cubrir los llamados “tramos sombra” de la Red Transeuropea de Transporte, aquellos segmentos donde España no cumple o no prevé cumplir los objetivos del Reglamento europeo de infraestructuras para combustibles alternativos, el AFIR.

El diseño técnico de la ayuda confirma que el foco está en la carga rápida y de alta potencia. El programa se proyecta sobre la red básica y global de la RTE-T, y exige estaciones capaces de cumplir los umbrales europeos. En la red básica, a 31 de diciembre de 2025 cada grupo de recarga debe ofrecer al menos 400 kW de potencia disponible e incluir al menos un punto individual de 150 kW. A finales de 2027, esa potencia mínima de grupo debe subir a 600 kW, con al menos dos puntos de 150 kW. En la red global, el primer objetivo para finales de 2027 exige grupos de al menos 300 kW en el 50% de la red, con al menos un punto de 150 kW, y el despliegue debe extenderse progresivamente hasta 2030 y 2035.

Sobre el papel, por tanto, la convocatoria apunta en la dirección correcta. España no necesita solo más enchufes, sino menos recarga lenta en carretera y más estaciones capaces de permitir trayectos interurbanos sin convertir cada parada en una espera de una o varias horas. El problema es que la realidad de la red sigue mostrando una brecha clara entre potencia instalada, potencia disponible, localización y fiabilidad.

Los datos de ANFAC correspondientes al primer trimestre de 2026 sitúan la red española en 55.077 puntos de recarga de acceso público, tras sumar 2.005 nuevos puntos entre enero y marzo, un crecimiento del 3,8%. Es una mejora, pero la propia patronal de fabricantes advierte de que el ritmo está lejos del crecimiento trimestral medio de los dos últimos años. Además, solo el 31% de la infraestructura pública supera los 22 kW, todavía lejos del objetivo del 55% fijado por ANFAC para 2026.

17.000 puntos fuera de servicio

La fotografía empeora cuando se analiza cuántos cargadores existen pero no prestan servicio. ANFAC contabiliza 17.073 puntos de recarga instalados pero fuera de servicio, ya sea por averías, mal estado o porque no han podido conectarse a la red de distribución eléctrica. Representan el 24% de la infraestructura pública instalada. Si estuvieran operativos, la red alcanzaría 72.150 cargadores de acceso público, pero la cifra útil es bastante menor. Este dato es demoledor para la credibilidad del sistema.

La composición por potencia es el verdadero termómetro técnico. Según ANFAC, España cuenta con 9.015 puntos públicos entre 50 y 150 kW, 3.206 puntos entre 150 y 250 kW y 2.469 puntos de al menos 250 kW. Los cargadores realmente útiles para viajes largos, transporte pesado ligero o experiencia comparable al repostaje convencional siguen siendo una minoría. En el primer trimestre se abrieron 215 puntos de entre 150 y 250 kW y 309 puntos de al menos 250 kW, cifras positivas pero aún insuficientes para cerrar la brecha.

El problema se aprecia con más crudeza fuera de las ciudades. ANFAC identifica 22.855 puntos interurbanos, el 41% de la infraestructura pública, pero advierte de que el 57% de esos puntos interurbanos tiene potencias de 22 kW o inferiores, con tiempos mínimos de recarga que pueden alcanzar las tres horas. En otras palabras, buena parte de la red que debería permitir viajar sirve mal para viajar. En corredores, autovías y rutas de largo recorrido, la diferencia entre un cargador de 22 kW y una estación de 150 o 250 kW es la diferencia entre una parada operativa y una barrera real a la adopción del vehículo eléctrico.

Solo el 9% de los puntos públicos interurbanos supera los 250 kW

Los datos de alta potencia interurbana muestran el retraso con claridad. En el primer trimestre de 2026 había 2.043 puntos interurbanos entre 150 y 250 kW y 2.055 puntos interurbanos de al menos 250 kW. ANFAC destaca que estos últimos crecieron en 256 unidades en tres meses, un avance relevante, pero reconoce que solo el 9% de los puntos públicos interurbanos supera los 250 kW. Y añade la advertencia de que para el transporte pesado no basta con que haya potencia, hay que garantizar maniobrabilidad, tensión de salida y longitud de manguera, información que no siempre está disponible ni en fuentes públicas ni privadas.

La Agencia Internacional de la Energía recuerda que Europa superó en 2024 el millón de puntos públicos tras crecer más de un 35%, aunque con fuertes diferencias entre países. España ha avanzado, pero sigue lejos de los líderes por densidad y madurez de red. ANFAC situaba al cierre de 2025 la disponibilidad europea de infraestructura en 25,2 puntos sobre 100, con Países Bajos y Noruega liderando el ranking con 98,1 y 73,7 puntos, respectivamente, mientras Alemania y Francia seguían acelerando.

La distancia no se mide solo por número absoluto de cargadores. Países Bajos, con un territorio mucho menor que España, ha construido una red densa, visible y fiable. Francia y Alemania han desplegado volúmenes muy superiores en sus corredores principales y han sido capaces de atraer operadores de carga rápida con modelos de negocio más consolidados. España, en cambio, combina tres debilidades: baja penetración relativa del vehículo eléctrico, infraestructuras de recarga que tardan demasiado en conectarse y una presencia todavía insuficiente de alta potencia en la red interurbana.

Los objetivos a 2030 son especialmente exigentes. ANFAC ha defendido que España necesitaría al menos 300.000 puntos de recarga para abastecer el parque previsto, mientras que la lectura derivada de AFIR elevaba la referencia a unos 322.000 puntos. Frente a esos números, los poco más de 55.000 puntos actuales muestran que España se encuentra en torno a una sexta parte del objetivo de final de década. El país apenas alcanza el 17,7% del objetivo de puntos de recarga a 2030 y la UE situaba en 91.000 infraestructuras la referencia que España debería haber alcanzado ya al cierre de 2025.

A ese ritmo, los 2.880 puntos del Moves Corredores son necesarios, pero no transformadores por sí solos. Representan una actuación importante en corredores, especialmente si son de alta potencia y se ubican en tramos realmente deficitarios, pero equivalen a apenas una fracción del salto que España debe dar de aquí a 2030. Incluso si todos los proyectos se ejecutan en plazo, se conectan a la red y funcionan correctamente, el país seguirá necesitando decenas de miles de puntos adicionales cada año para aproximarse a los objetivos de electrificación.