El colapso de un terraplén paraliza el Tajo-Segura y amenaza con mantenerlo cerrado hasta febrero

El colapso de un terraplén paraliza el Tajo-Segura y amenaza con mantenerlo cerrado hasta febrero
La rotura localizada en Liétor, inmediatamente antes de la central hidroeléctrica de Fontanar I, ha provocado el hundimiento de la solera y del revestimiento lateral del canal. La reparación exigirá estabilizar el terreno y reconstruir el tramo afectado. El Consell valenciano y las organizaciones de regantes reclaman que no caduquen los volúmenes ya autorizados.

El acueducto Tajo-Segura permanece fuera de servicio desde que el 14 de septiembre se detectó una rotura de consideración en el segmento 2 de la infraestructura, dentro del término municipal de Liétor, en Albacete, e inmediatamente aguas arriba de la central hidroeléctrica de Fontanar I. La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ordenó cerrar y vaciar el canal para poder inspeccionar una zona en la que la primera evaluación reveló daños graves en la solera, los taludes revestidos y el terreno que sirve de cimentación al acueducto. La información proporcionada por la CHT apunta, por tanto, a un problema estructural y geotécnico, y no a una simple fuga susceptible de ser sellada sin interrumpir la explotación.

El mecanismo de fallo conocido hasta ahora es el de la inestabilidad de un talud o terraplén sobre el que se apoya el canal. Según la información trasladada por el Ministerio para la Transición Ecológica a la Junta de Castilla-La Mancha, el terreno cedió y arrastró consigo una parte de la conducción. El movimiento produjo el colapso de paneles de hormigón del fondo y de los laterales, además de alterar la base sobre la que descansa el revestimiento. Todavía no se ha publicado un dictamen que identifique la causa raíz, por ejemplo, problemas de drenaje, erosión interna, pérdida de capacidad portante o movimientos más profundos del terreno.

La intervención deberá comenzar por el drenaje y secado del tramo. Este condicionante resulta especialmente relevante: no es posible reconstruir de forma segura una sección de canal mientras el terraplén permanezca saturado o continúe moviéndose. Después será necesario retirar los materiales inestables, sanear y estabilizar la cimentación, reconstruir el relleno y su sistema de drenaje y reponer la solera y los paneles de revestimiento lateral. La obra tendrá que terminar con la impermeabilización de juntas, la inspección de los tramos contiguos y un llenado progresivo que permita comprobar el comportamiento de la reparación antes de recuperar el caudal ordinario.

Plazos de reparación

Ese es el alcance mínimo técnicamente previsible, aunque la CHT todavía no ha difundido el proyecto definitivo, el presupuesto ni un calendario contractual detallado. La estimación trasladada por el Ministerio a la consejera castellanomanchega de Desarrollo Sostenible sitúa la duración de las obras en al menos cinco meses. Si el plazo se contabiliza desde mediados de septiembre, la reapertura no se produciría antes de mediados de febrero de 2027. Se trata de una previsión provisional, no de una fecha oficial de puesta en servicio: la evolución dependerá del tiempo necesario para secar el terreno, de la profundidad real de la inestabilidad y de los daños que aparezcan al descubrir la cimentación.

Volúmenes pendientes de trasvasar

La avería se produjo, además, con un volumen significativo de agua autorizado pero todavía pendiente de circular por el acueducto. El último informe técnico completo anterior al incidente, referido al 1 de agosto, contabilizaba 108,7 hectómetros cúbicos autorizados y aún no trasvasados: 107,8 hm³ con destino al sureste y 0,9 hm³ para la cuenca alta del Guadiana. Descontando las pérdidas de transporte previstas, el volumen pendiente de llegada al sistema receptor se distribuía en aproximadamente 80 hm³ para regadío, 26,7 hm³ para el abastecimiento gestionado por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y 1,8 hm³ para Almería.

A esas cantidades se sumaron posteriormente las autorizaciones de agosto y septiembre. La Comisión Central de Explotación aprobó el 7 de agosto el envío de 60 hm³ para agosto y 27 hm³ para septiembre, un total de 87 hm³, después de comprobar que Entrepeñas y Buendía almacenaban 1.312,5 hm³ efectivos al comenzar el mes. No puede afirmarse, sin embargo, que la suma de ambas magnitudes,195,7 hm³, continuara íntegramente pendiente cuando se produjo la rotura, porque una parte pudo ser enviada entre el 1 de agosto y el cierre del canal y todavía no se ha publicado un balance consolidado a fecha 14 de septiembre. La cantidad directamente comprometida que sí aparece en todas las comunicaciones es la asignación de 27 hm³ correspondiente a septiembre, cuyo transporte quedó interrumpido por la avería.

El cierre afecta a una infraestructura de 292 kilómetros, en explotación desde 1979, cuya gestión corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo. La Comisión Central de Explotación decide los volúmenes trasvasables; aguas abajo, la Confederación Hidrográfica del Segura, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y las comunidades de regantes intervienen en su almacenamiento y distribución. La reparación compete al Estado, mientras que las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunitat Valenciana participan en el debate institucional por sus efectos territoriales.

Reivindicaciones de la Generalitat Valenciana y de los regantes

La Generalitat Valenciana ha convertido la continuidad de los volúmenes pendientes en su principal reivindicación. El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha exigido al Gobierno central una reparación urgente y la ampliación del plazo para materializar las transferencias que no puedan efectuarse antes del 30 de septiembre, fecha en la que termina el año hidrológico. Su posición es que “no se pierda” ningún hectómetro cúbico ya autorizado por una incidencia material en una infraestructura estatal. Barrachina ha atribuido políticamente la rotura a una supuesta falta de mantenimiento, aunque esa responsabilidad causal no figura por ahora en un informe técnico publicado.

Las organizaciones de regantes mantienen una posición similar, aunque han intentado evitar una alarma inmediata sobre el abastecimiento. Riegos de Levante ha pedido que los volúmenes pendientes puedan enviarse durante el siguiente año hidrológico y considera que las reservas acumuladas en el embalse de Crevillent permitirán mantener temporalmente el suministro. Su presidente, Roque Bru, ha advertido, no obstante, de que la duración de la reparación podría impedir nuevos envíos durante lo que queda de 2026.

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura también reclama que los derechos de agua ya reconocidos se conserven hasta que la infraestructura pueda volver a funcionar. Su presidente, Lucas Jiménez, sostiene que existen mecanismos para trasladar los volúmenes pendientes al nuevo año hidrológico y ha señalado que el terreno deberá secarse antes de acometer la reconstrucción. Desde Asaja Alicante, José Vicente Andreu calcula que las reservas existentes en embalses receptores como Camarillas ofrecen un margen próximo a seis meses, por lo que la avería no debería provocar por sí sola restricciones inmediatas.

La posición de Castilla-La Mancha es diferente. Su Gobierno autonómico ha utilizado el episodio para insistir en la antigüedad y vulnerabilidad del acueducto y para reclamar una modificación de sus reglas de explotación. El cierre técnico se superpone así al enfrentamiento político sobre los caudales ecológicos del Tajo y la reducción futura de los envíos al sureste.

La prioridad inmediata será determinar si el fallo está limitado al punto colapsado o revela una inestabilidad más extensa del terraplén. Una reparación localizada permitiría ajustar el plazo a los cinco meses inicialmente planteados; la aparición de movimientos profundos, filtraciones generalizadas o daños en secciones contiguas obligaría a ampliar la estabilización y retrasaría la puesta en marcha. Hasta que la CHT publique el estudio geotécnico, el proyecto de reparación y el programa de pruebas, febrero de 2027 debe entenderse como el escenario más temprano posible, no como una fecha garantizada.

Redacción

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