El agua exige más valentía
España vuelve a llegar a unas elecciones generales sin un debate hidráulico a la altura de sus necesidades. En este país hablamos del agua cuando falta y cuando sobra. Pero entre la sequía y la inundación, el agua siempre acaba en los márgenes de la conversación pública. Sin embargo, pocas cosas condicionan con tanta nitidez nuestro porvenir. En los últimos años, las infraestructuras hidráulicas se han convertido, para los partidos del PSOE hacia la izquierda, en una molestia, un obstáculo, una afrenta a la naturaleza que hay que eliminar. Pero esta ideología simplista parece ignorar que sin ellas sólo podríamos mantener a una quinta parte de nuestra población. De ellas depende dónde podremos vivir, qué agricultura sostendremos, qué industria podrá crecer y con qué seguridad habitaremos el territorio.
La oferta que presentan las distintas opciones entre la que podremos elegir el 29 de noviembre no permite albergar demasiadas esperanzas. El PP presenta el marco de infraestructuras más reconocible, mientras que el PSOE se limita a reivindicar actuaciones sectoriales. Vox sí reclama trasvases y presas pendientes, pero sin presentar un plan concreto ni un programa nacional. Y qué decir del Frente Amplio que ni siquiera menciona estas cosas.
Pero la insuficiencia ajena no concede al PP una dispensa de rigor. Movilizar más de 300.000 millones de euros en quince años, con participación privada, es una declaración de ambición. Los ciudadanos no vamos a votar un gobierno para quince años, un plazo que tal vez constituya un horizonte razonable para ordenar un sistema, pero es una distancia excesiva para dejar impreciso lo urgente. Sí, la planificación debe sobrevivir a las legislaturas, pero el actual deterioro necesita respuestas inmediatas. Esos aproximadamente 20.000 millones anuales, como referencia aritmética, dicen poco sin saber cuánto llegará al principio y cuánto será inversión pública adicional.
En el agua, los populares anuncian hasta 40.000 millones hasta 2030, incluidos en el plan general, y un pacto nacional. El compromiso merece atención. También exige que alguien despliegue sobre la mesa proyectos, presupuestos, responsables y fechas. Un pacto adquiere valor cuando permite tomar decisiones difíciles y sostenerlas. Su prestigio se consume cuando sirve para aplazarlas.
Hay aciertos en el programa popular, como conservar presas, modernizar regadíos, ampliar desalación y reutilización o mejorar alertas. También su mención a las centrales hidroeléctricas reversibles, que merecen especial reconocimiento por su aportación al almacenamiento eléctrico y a la integración renovable. Pero necesitan emplazamientos, potencia, capacidad energética y acceso a la red.
El Tajo-Segura merece algo más que una decidida defensa, exige conservación, modernización, financiación y reglas de explotación previsibles. El PP murciano lo reivindica, pero ese compromiso debe expresarse con igual claridad en una política nacional. España necesita estudiar y ejecutar nuevas interconexiones viables, también entre el norte más húmedo y el sur deficitario. Los balances deberán acreditar disponibilidad, atender a la cuenca cedente, respetar caudales ecológicos y considerar el clima futuro y los costes energéticos. Pero esto ya está estudiado y no solo es posible, sino que será cada vez más necesario.
Pero ante esa necesidad evidente, no podemos soslayar actitudes territoriales como las del PSOE en Castilla-La Mancha, pero no solo, porque también el PP, según sus intereses electorales en cada región, como en Aragón, presentan los trasvases como “traiciones” a sus comunidades. La palabra revela el problema, porque una infraestructura queda sometida a un examen de lealtad territorial antes que a una evaluación de utilidad.
Con las presas, la cuestión tampoco se aborda con arrojo. El programa del PP sí contempla construirlas donde estén técnicamente justificadas, especialmente en el Mediterráneo. Pero faltan nombres, prioridades, capacidades de laminación y calendarios. Hay que proteger poblaciones con nuevas obras cuando sean necesarias, recuperar espacios inundables y ordenar el territorio con sensatez. Y cuidar lo ya construido: aliviaderos, desagües, instrumentación, sedimentos y planes de emergencia. La seguridad se sostiene con vigilancia cotidiana, presupuestos estables y profesionales suficientes.
Después está el agua que perdemos sin verla. El INE cifra en 624 hectómetros cúbicos las pérdidas reales de las redes urbanas en 2024: un 14,6 % del suministro. Bajo nuestras calles transcurre otra parte del problema, menos visible que un gran embalse y demasiado fácil de posponer. Renovar tuberías, sectorizar redes, controlar presiones y detectar fugas requiere un programa propio, especialmente para los pequeños municipios.
La depuración, el saneamiento y los acuíferos tampoco deberían quedar en la penumbra. Seguimos incumpliendo y pagando millonarias sanciones a Europa por falta de depuración. Y esta depuración exige consignación presupuestaria, pero también terrenos disponibles, colectores, equipos, personal y explotación. Reutilizar exige calidad y conducciones hasta el usuario, recuperar acuíferos, controlar extracciones, evitar contaminación y estudiar recargas gestionadas.
Todo ello reclama esa capacidad para ejecutar que hemos echado en falta estos últimos años. Modernizar regadíos obliga a medir el ahorro efectivo y desalar a sufragar energía, mantenimiento y distribución. Hacen falta ingenieros en las confederaciones, ayuntamientos y administraciones, además de empresas capaces de proyectar y construir. La coordinación administrativa debe acortar esperas y preservar las garantías ambientales. También esa tarea, menos vistosa que una inauguración, forma parte de la política hidráulica.
Leonardo se aconsejó a sí mismo: “Acuérdate, cuando estudies el agua, de alegar primero la experiencia y después la razón”. Conviene recordar esa recomendación en una discusión tan propensa a anteponer la consigna al conocimiento. Los colegios y asociaciones de ingenieros deben reclamar prioridades por riesgo y utilidad social, conservación estable, proyectos maduros y evaluaciones públicas de ejecución, con independencia de quién gobierne. Al PP le corresponde transformar su mejor disposición en compromisos más valientes sobre trasvases, nuevas presas y renovación del ciclo urbano. A Vox plantear propuestas definidas y ordenadas. Y a la izquierda, abandonar silencios y prejuicios. Lo anunciado por Feijóo destaca entre una oferta pobre, pero sigue siendo insuficiente. España ya conoce demasiado bien el precio de las sequías y las inundaciones. Sería deseable que nuestros políticos aprendieran a tener la valentía de anticiparse.
