Dimite el secretario general de Renfe en plena tensión interna por Talgo y la filial de autobuses

Joaquim Hortalà i Vallvé, abogado del Estado y hasta ahora máximo responsable jurídico de la operadora, deja el cargo dos años después de su nombramiento. Renfe atribuye la salida a motivos estrictamente personales, pero fuentes conocedoras de la compañía la vinculan a discrepancias con la dirección sobre asuntos estratégicos como la relación contractual con Talgo, el proyecto de una sociedad de autobuses y el rumbo de la transformación interna del grupo.

El secretario general y del Consejo de Administración de Renfe Operadora, Joaquim Hortalà i Vallvé, ha presentado su dimisión tras dos años en el cargo. La empresa pública ha explicado que la renuncia responde a motivos “estrictamente personales” y que se hará efectiva en las próximas semanas, una vez se designe a la persona que asumirá sus funciones, con el objetivo de garantizar una transición ordenada y asegurar la continuidad en el funcionamiento ordinario de la compañía.

La versión oficial, sin embargo, no agota el significado de una salida que se produce en uno de los momentos más delicados para la operadora pública. Según han publicado varios medios citando fuentes conocedoras de la compañía, la dimisión de Hortalà se enmarca en un contexto de discrepancias internas con la dirección presidida por Álvaro Fernández Heredia y de creciente tensión en torno al proceso de transformación de Renfe. Entre los puntos de fricción figuran la relación contractual y operativa con Talgo, el proyecto de creación de una filial de autobuses para cubrir planes alternativos de transporte y el debate sobre el modelo de negocio que debe seguir el grupo ferroviario en los próximos años.

La marcha no afecta a un directivo menor. Hortalà era secretario general y del Consejo de Administración de Renfe Operadora, director de la Asesoría Jurídica y uno de los perfiles llamados a reforzar la gobernanza corporativa de la empresa pública. Su puesto resulta especialmente relevante en una compañía sometida a grandes contratos industriales, procesos de liberalización, litigios con proveedores, reorganización societaria y relaciones permanentes con el Ministerio de Transportes, Adif, fabricantes ferroviarios y autoridades de competencia.

Relación con Talgo

Uno de los asuntos que más tensión ha generado en la casa es la relación con Talgo. La operadora pública mantiene abierto desde hace años un frente contractual y operativo con el fabricante por los trenes Avril de la serie 106, cuya entrega acumuló retrasos muy significativos. Renfe llegó a reclamar 116 millones de euros por las demoras en la entrega de esos trenes, una penalización vinculada a un contrato adjudicado en 2016 para la construcción de 30 unidades de alta velocidad. Talgo, por su parte, ha rechazado la procedencia de la sanción y ha defendido que los retrasos se explicaban por causas externas, como la pandemia y los problemas en las cadenas de suministro.

El conflicto con Talgo ha adquirido además una dimensión industrial y política después del cambio accionarial del fabricante y de la entrada de un consorcio vasco liderado por Sidenor, con participación de la SEPI. A comienzos de junio, el presidente de Talgo, José Antonio Jainaga, anunció que esperaba cerrar en las próximas semanas un acuerdo con Renfe sobre las entregas de los Avril y despejar la incertidumbre financiera derivada de la multa. En paralelo, Talgo aspira a seguir optando a nuevos contratos de alta velocidad, en un momento en el que Renfe prepara nuevas compras de material rodante para renovar su flota y reforzar su capacidad operativa.

Filial de autobuses

El otro gran foco de discrepancia señalado por las fuentes consultadas es la proyectada filial de autobuses de Renfe. La compañía ha licitado una alianza con una empresa especializada en transporte por carretera para crear una sociedad participada destinada a ejecutar planes alternativos de transporte cuando las obras, incidencias, fenómenos meteorológicos o interrupciones de la red ferroviaria obliguen a trasladar viajeros en autobús. El contrato alcanza un valor estimado de 923,3 millones de euros sin IVA para un periodo máximo de quince años, con una primera fase de diez años por 588 millones y posibles prórrogas durante otros cinco.

Renfe defiende que el objetivo de esa sociedad es disponer de una flota estable, personal de conducción suficiente y una respuesta más eficiente ante cortes ferroviarios, reduciendo su dependencia de contrataciones urgentes con terceros. La compañía sostiene que el modelo permitirá ahorrar entre 90 y 130 millones de euros en diez años y que la subcontratación seguirá dando cabida a empresas locales y de menor tamaño en servicios urgentes e imprevisibles. Pero el proyecto ha generado rechazo en parte del sector del autobús y fue objeto de recursos de patronales como ANETRA, FENADISMER y DIREBUS ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que acordó una suspensión cautelar mientras analizaba las impugnaciones.

La creación de una filial de autobuses no es solo una cuestión operativa. Plantea una discusión de fondo sobre qué debe ser Renfe en un mercado ferroviario liberalizado y con crecientes problemas de fiabilidad, disponibilidad de trenes y gestión de incidencias. Para la dirección, la sociedad de autobuses puede ser una herramienta de servicio público y eficiencia. Para sus críticos, supone abrir un frente ajeno al corazón ferroviario de la compañía, comprometer un volumen económico muy elevado y alterar el equilibrio competitivo del transporte por carretera, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que hoy prestan buena parte de los servicios alternativos.

Reorganización interna

La salida de Hortalà llega también en plena reorganización interna de Renfe. El actual presidente, Álvaro Fernández Heredia, fue nombrado en enero de 2025 tras la dimisión de Raül Blanco. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y doctor en Infraestructuras del Transporte por la Universidad Politécnica de Madrid, Fernández Heredia había sido secretario general de Movilidad Sostenible en el Ministerio de Transportes y antes dirigió la Empresa Municipal de Transportes de Madrid y Autobuses Urbanos de Valladolid. Su perfil, muy vinculado a la movilidad urbana, ha marcado parte del debate interno sobre el nuevo rumbo de la compañía.

Hortalà llegó a Renfe en mayo de 2024, todavía bajo la presidencia de Raül Blanco, dentro de una profunda renovación del comité de dirección. La empresa presentó entonces su nombramiento como un refuerzo del área jurídica y de gobierno corporativo. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y abogado del Estado, contaba con dos décadas de servicio público. Había trabajado en la Abogacía del Estado en Barcelona, en el Ministerio de Fomento, hoy Transportes, y en la Audiencia Nacional. También desarrolló una etapa destacada en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, donde fue director de la Asesoría Jurídica y secretario del Consejo, y posteriormente se incorporó al FROB, donde desempeñó funciones de director jurídico de la Autoridad de Resolución Ejecutiva.