CIES amplía a Bruselas su ofensiva judicial contra Ineco y Tragsa por competencia desleal

La Federación de Asociaciones de Empresas de Conocimiento e Ingeniería de España (CIES) ha intensificado en las últimas semanas su estrategia legal contra la ingeniería pública Ineco y ha presentado ante la Dirección General de Competencia de la UE una denuncia contra la empresa pública por competencia desleal. Además, mantiene abiertos varios frentes judiciales en España, tanto contra Ineco como contra Tragsa.

El objetivo declarado por CIES es frenar lo que considera un uso sistemático y expansivo de los encargos a medios propios que, a su juicio, desplazan a las ingenierías privadas de contratos de alto valor técnico que deberían salir a licitación abierta, especialmente cuando están financiados con fondos europeos y no concurren las causas de excepcionalidad previstas en la normativa. CIES está en estos momentos esperando a que las autoridades comunitarias inicien la vista pública del caso, aunque hay que tener en cuenta que la Dirección General de la Competencia está dirigida por Teresa Rivera.

CIES, junto con otras organizaciones sectoriales, espera que la Comisión Europea examine si el uso intensivo de encargos directos a empresas públicas en ámbitos donde existe un mercado privado maduro puede encajar en lógicas equivalentes a ayudas de Estado o distorsiones de mercado con dimensión transnacional.

Túnel del Estrecho

Pero esta pugna de CIES contra Ineco y Tragsa se libra también ante los tribunales españoles. El movimiento más inmediato se concretó el pasado 7 de enero, cuando CIES presentó un recurso contencioso administrativo contra el encargo de Secegsa a Ineco para trabajos de asistencia técnica vinculados al túnel ferroviario del Estrecho de Gibraltar, proyecto aún embrionario pero de enorme dimensión y complejidad geotécnica.

El recurso se registró ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de Madrid y fue admitido a trámite de forma inmediata, con el paso siguiente orientado a pedir la suspensión cautelar del contrato. La organización busca que Secegsa anule el encargo y convoque un concurso abierto, argumentando que el mercado español dispone de especialistas en obra subterránea y túneles con experiencia internacional contrastada y que la contratación directa a una empresa pública no debería convertirse en regla.

El encargo impugnado tiene un importe de 961.939 euros y se centra en una actualización del anteproyecto, con una Fase B dedicada al estudio previo de la galería de reconocimiento y una Fase C destinada a adaptar e integrar resultados en la revisión del anteproyecto. CIES subraya, además, que se trata de una continuidad de trabajos ya encargados en 2021 y que la actuación está financiada con fondos Next Generation, un elemento que la patronal utiliza para reforzar su tesis de que la competencia y la transparencia deberían extremarse en proyectos con financiación europea.

Puente sobre la SE-40

En paralelo, la patronal mantiene vivo otro frente de alto perfil en Sevilla, donde CIES y el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) han impulsado una demanda ya admitida a trámite en el Tribunal Supremo contra el encargo a Ineco del puente sobre el Guadalquivir de la SE-40, un contrato que ya había sido cuestionado en una primera versión y que volvió a ser objeto de impugnación tras reformularse incluyendo la metodología BIM.

En este caso, la crítica de CIES se apoya en dos ideas que vienen repitiéndose en su argumentario, la eficiencia comparada frente al mercado y el porcentaje de subcontratación, un punto especialmente sensible si una empresa pública actúa como integradora mientras externaliza paquetes sustanciales de cálculo o ingeniería de detalle.

El contexto que alimenta esta escalada judicial de las ingenierías contra Ineco y Tragsa es el crecimiento estas empresas públicas y el temor a que amplíen aún más su radio de acción como medio propio. En febrero, Tecniberia y CÍES volvieron a denunciar un supuesto uso abusivo de encargos a Ineco y criticaron la entrada del Gobierno de Canarias en su capital, al interpretar que abre la puerta a que comunidades autónomas conviertan a la compañía en instrumento recurrente para evitar licitaciones, algo que Ineco ha negado presentándolo como una excepción.

Integración del ferrocarril en Jaén

También la Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica) y la asociación de constructores de Andalucía (Fadeco) presentaron la semana pasada un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Central de Madrid, que ya ha sido admitido a trámite, contra Adif, por adjudicar a Ineco un contrato de 1,82 millones de euros para la redacción de los estudios y proyectos de integración del ferrocarril en Jaén, un contrato en el que Asica hizo una petición expresa a Adif para que emplease los canales tradicionales de licitación que el gestor ferroviario desoyó.

También se ha presentado una denuncia por el encargo de la Ciudad Autónoma de Melilla a Tragsatec para que la empresa pública elabore el plan especial y el proyecto de urbanización del Antiguo acuartelamiento de Santiago. “Fuera de los escenarios relacionados con razones de seguridad nacional, de urgencia y de mayor eficiencia por considerar que no existen proveedores alternativos en el sector privado, la contratación a empresas públicas como Tragsatec provoca barreras de desarrollo a las empresas de capital privado, socava y drena una muy considerable carga de trabajo a las ingenierías privadas, dificultando su crecimiento y su robustez y rentabilidad”, denuncian las ingenierías privadas.