Cerrar nucleares y abrir centros de datos: la paradoja energética española

España tiene un curioso problema energético. No es que falte sol, vamos sobrados, ni viento, a veces hasta demasiado. Tampoco es que no sepamos producir electricidad limpia. El problema surge cuando algo funciona aburridamente bien, como ocurre con la energía nuclear, que pese a representar solo el 5 % de la potencia instalada produce alrededor del 20 % de toda la electricidad y garantiza estabilidad en la red de nuestro país. Es algo así como ese empleado silencioso que nunca da problemas y al que, aun así, alguien decide señalar como prescindible.

Presumimos de nuestra potencia renovable. La solar fotovoltaica y la eólica son tecnologías magníficas: limpias, autóctonas y con un combustible que no hay que importar. El sol sale gratis y el viento también. Difícil competir con eso. El inconveniente, claro, es que ni el sol ni el viento entienden de horarios, demandas ni picos de consumo. Simplemente están o no están. No es culpa suya, faltaría más, pero conviene recordarlo cuando se diseñan sistemas eléctricos que deben funcionar 24 horas al día, 365 días al año, incluso cuando está nublado, no sopla una brisa y todos encendemos la calefacción.

Y es en ese momento cuando entra en escena la energía nuclear, esa tecnología incómoda que no emite CO₂, produce de forma constante, aporta estabilidad a la red y no depende de que el parte meteorológico sea favorable. Además, su combustible no está concentrado en un único país ni sujeto a sobresaltos geopolíticos frecuentes. Cumple exactamente todo lo que hoy se le pide a una fuente de generación… salvo caer simpática.

El argumento estrella para justificar el cierre de las nucleares suele ser el de los residuos. Tema serio, sin duda, pero también uno de los más repetidos sin matices. Los residuos nucleares se gestionan, tienen financiación garantizada y, sorpresa, no los paga el ciudadano. Las propias centrales aportan cientos de millones de euros al año a los fondos de desmantelamiento y gestión. El dinero ya está ahí. No hay facturas ocultas ni sustos futuros.

Lo verdaderamente llamativo es que algunas de las centrales que se planea cerrar funcionan a pleno rendimiento, con excelentes niveles de seguridad y reconocimientos internacionales. En Estados Unidos, reactores prácticamente idénticos han recibido licencias para operar hasta 80 años. Aquí, en cambio, parece que somos tan ricos que podemos permitirnos tirar a la basura activos que valen decenas de miles de millones de euros solo porque sí. Sustituir ese 20 % de electricidad estable por otras tecnologías requeriría inversiones gigantescas, además de un despliegue masivo de almacenamiento que hoy, sencillamente, no existe. Mientras tanto, seguimos confiando en que todo encaje por arte de magia. O por decreto.

En innumerables ocasiones, el debate energético se plantea como una absurda pelea entre nucleares y renovables, como si fueran equipos rivales. Una dicotomía tan falsa como innecesaria. Lo sensato no es elegir entre unas u otras, sino combinarlas. Un mix equilibrado, con renovables, almacenamiento y generación estable, es mucho menos arriesgado que apostar todo a una sola carta. Tal vez la energía nuclear no sea popular y no quede bien en algunos discursos. Pero mientras siga funcionando, produciendo sin emisiones y sosteniendo el sistema eléctrico, quizá merezca algo más que una fecha de cierre y un silencio incómodo. Porque, a veces, lo más sensato no es lo más vistoso, sino lo que simplemente funciona.

Entre los años 2000 y 2023, el peso de la industria en el Valor Añadido Bruto español cayó cinco puntos porcentuales, hasta situarse en torno al 16 %. Una caída que duplica la registrada en el conjunto de la Unión Europea y que ha venido acompañada de una creciente dependencia del sector servicios, con el consiguiente deterioro de la competitividad y de la resiliencia económica del país. Hablar de energía no es, por tanto, un debate técnico ni ideológico: es hablar del modelo productivo y del tipo de economía que queremos sostener.

Este debate no es en absoluto teórico. Basta mirar el anunciado Centro de Datos de Altamira, en Cantabria: un proyecto presentado como estratégico, multimillonario y llamado a convertir la región en un gran hub tecnológico. 3.600 millones de euros de inversión, 500 MW de potencia prevista y un calendario que apunta a 2032. Todo muy ambicioso. El pequeño detalle es el de siempre: la electricidad.

No es casualidad que el Gobierno cántabro haya tenido que pedir formalmente un incremento del 60 % de su potencia eléctrica para que este proyecto no peligre. En sus alegaciones a la planificación de la red que elabora el Ministerio, la región reclama pasar de los actuales 1.340 megavatios a más de 2.200 MW. Una cifra que, por sí sola, revela hasta qué punto la infraestructura actual está al límite y lo poco realista que resulta pensar que grandes proyectos industriales pueden sostenerse sin una base energética firme.

España ha comenzado a atraer inversiones en sectores intensivos en energía como los centros de datos, la movilidad eléctrica o la producción de semiconductores. Ahí están los 7.500 millones de euros comprometidos por Blackstone en Zaragoza o los más de 900 millones de Oracle en Madrid. Una dinámica incipiente que puede —y debe— ampliarse si de verdad aspiramos a reconstruir un ecosistema industrial sólido. Pero ningún centro de datos, ninguna fábrica de baterías y ningún polo tecnológico puede vivir de promesas, ni de gráficos de potencia instalada, ni de buenos deseos climáticos. Necesitan energía continua, estable y fiable, las 24 horas del día, todos los días del año.Justo eso que las renovables, por sí solas y sin un almacenamiento aún inexistente a gran escala, no pueden garantizar. Tal vez antes de cerrar centrales que ya producen electricidad firme y sin emisiones convendría preguntarse de dónde saldrá la energía que hará funcionar estos grandes proyectos. Porque sin una base sólida de generación estable, ni la mejor planificación funciona.

Mientras se anuncian proyectos estratégicos, multimillonarios y llamados a transformar las economías regionales, el Gobierno de España mantiene una política de cierre de centrales que hoy producen electricidad firme y sin emisiones. Sustituir ese 20 % de generación estable no es inmediato ni barato, y confiar en que todo encaje por arte de magia —o por decreto— es una apuesta arriesgada. Tode ello sin contar que la falta de capacidad en la red española de distribución sigue siendo una barrera que impide a nuevos proyectos implantarse allí donde realmente lo necesitan. Solo el 12% de las solicitudes de acceso y conexión a la red ha sido concedida en 2025: la falta de red frena la reindustrialización y la vivienda en España.