Aznalcóllar autoriza la planta que deberá tratar 17,5 hectómetros cúbicos antes de reabrir la mina

El Ayuntamiento concede la licencia de obras para una instalación preadjudicada a Aqualia Industrial por unos 50 millones de euros. La planta deberá funcionar de manera prácticamente continua durante la fase previa a la explotación y permitirá evacuar las aguas ácidas acumuladas en las cortas, aunque permanecen abiertas cuestiones técnicas sobre el tratamiento, la carga contaminante acumulada y las garantías ante posibles fallos.

El Ayuntamiento de Aznalcóllar ha concedido a Minera Los Frailes la licencia de obras para construir la planta de tratamiento de aguas que constituye una de las infraestructuras esenciales para la reapertura del complejo minero sevillano. La instalación, preadjudicada a Aqualia Industrial y valorada en aproximadamente 50 millones de euros, tendrá que reducir durante unos 18 meses el enorme volumen de agua ácida acumulada en las antiguas cortas antes de que pueda comenzar la explotación subterránea, prevista para 2029.

Minera Los Frailes anunció la preadjudicación de la planta a Aqualia Industrial después de un proceso competitivo en el que participaron siete compañías internacionales. El contrato, pendiente de formalización definitiva cuando se comunicó la selección, comprende el diseño y la construcción de una instalación preparada para tratar de forma continua las aguas ácidas del complejo. Aqualia estimó inicialmente un plazo de ejecución de unos 16 meses, aunque la programación manejada actualmente sitúa las obras en un horizonte próximo al año y medio.

La licencia municipal permite iniciar la construcción, pero no autoriza por sí misma la puesta en funcionamiento de la planta ni el vertido de las aguas tratadas al Guadalquivir. Para ello deberán completarse el emisario, las pruebas de rendimiento y las restantes autorizaciones ambientales y de explotación, además de acreditarse que el efluente cumple los límites establecidos.

Magnitud hidráulica

La magnitud hidráulica de la instalación permite entender su importancia dentro del proyecto. La autorización ambiental prevé que durante la fase preoperacional sean tratados 17,52 hectómetros cúbicos: 15 procedentes de la corta de Los Frailes y otros 2,52 de la corta de Aznalcóllar. Es un volumen equivalente a casi 7.000 piscinas olímpicas.

La planta deberá funcionar de forma prácticamente continua, alrededor de 350 días al año. El caudal neto previsto alcanza los 28.571 metros cúbicos diarios para las aguas de Los Frailes y los 4.800 metros cúbicos diarios para las de Aznalcóllar. Sus capacidades hidráulicas máximas de diseño ascienden respectivamente a 1.500 y 500 metros cúbicos por hora.

No se trata, por tanto, de una depuradora convencional, sino de una instalación industrial de gran caudal destinada a tratar aguas con elevada acidez y presencia de metales y sulfatos. Su rendimiento deberá mantenerse pese a las variaciones que puedan producirse en la composición química, la temperatura, el caudal recibido y las condiciones de funcionamiento.

Durante la futura explotación se incorporarán también las aguas procedentes del bombeo de las labores subterráneas, las filtraciones y la escorrentía recogida dentro de las instalaciones mineras. El proyecto contempla que más del 80% del agua empleada en el tratamiento del mineral sea recirculada, aunque una parte de los excedentes deberá continuar tratándose y evacuándose.

El agua se verterá en el Guadalquivir

En el conjunto de la fase previa y de los años de explotación, el volumen autorizado puede alcanzar los 85,52 hectómetros cúbicos. El agua será conducida, una vez tratada, mediante una tubería de aproximadamente 30 kilómetros hasta un punto de vertido en el Guadalquivir situado en el término municipal de Santiponce.

El trazado del emisario atravesará también Aznalcóllar, Sanlúcar la Mayor, Olivares, Salteras y Valencina de la Concepción, lo que ha obligado a tramitar ocupaciones, servidumbres y expropiaciones. La conducción constituye una infraestructura independiente de la planta y deberá estar terminada y disponible antes de que puedan comenzar los vertidos.

La prolongación del emisario hasta el Guadalquivir responde a la insuficiente capacidad del río Agrio, inicialmente considerado para recibir las aguas. La elección del estuario ofrece un caudal y una capacidad de dilución mayores, pero desplaza el punto de descarga hacia un sistema de considerable valor ecológico y económico. Esa circunstancia obliga a evaluar no solo la concentración de contaminantes en cada muestra, sino también la masa total descargada durante la vida del proyecto y su posible acumulación en los sedimentos.

Descartada la ósmosis inversa

Minera Los Frailes sostiene que el tratamiento fisicoquímico previsto permitirá reducir los metales hasta dejar el agua dentro de los parámetros autorizados. Las organizaciones contrarias al proyecto cuestionan, sin embargo, que se haya descartado una solución basada en membranas u ósmosis inversa. La empresa replica que esa alternativa generaría una salmuera concentrada cuya gestión exigiría nuevas instalaciones de almacenamiento y ha llegado a estimar que sería necesaria una balsa de alrededor de 150 hectáreas.

La comparación entre ambas soluciones no puede limitarse a determinar cuál proporciona aparentemente el agua más limpia. Un tratamiento con membranas puede elevar la calidad del efluente, pero no elimina la contaminación: la concentra en un residuo que debe estabilizarse, almacenarse o someterse a un tratamiento adicional. El sistema fisicoquímico evita esa corriente salina, aunque su eficacia dependerá de su capacidad para responder a variaciones de acidez, composición y caudal, así como de la correcta gestión de los lodos y precipitados generados.

El aspecto decisivo será, por tanto, el comportamiento real de la planta construida por el contratista que finalmente formalice el encargo. La ingeniería de detalle deberá asegurar capacidad suficiente de almacenamiento temporal, redundancia en los equipos críticos, alimentación eléctrica de emergencia y mecanismos automáticos que impidan cualquier vertido cuando el agua no cumpla las condiciones exigidas. También será necesario controlar el efluente antes de que entre en el emisario y nuevamente en el punto final de descarga.

Autorización ambiental

La autorización ambiental establece un esquema con una balsa de cabecera, un punto intermedio de control y una cámara final anterior al vertido. Sin embargo, la seguridad no dependerá exclusivamente del número de sensores instalados, sino de la frecuencia de las mediciones, del mantenimiento y calibración de los equipos, de la disponibilidad de los resultados y de la existencia de protocolos capaces de detener el sistema ante cualquier desviación.

Cumplir un límite de concentración tampoco equivale automáticamente a demostrar la ausencia de impacto. Cuando se evacúan decenas de hectómetros cúbicos, pequeñas concentraciones mantenidas durante años pueden traducirse en cargas acumuladas relevantes. La vigilancia deberá incluir metales disueltos, sulfatos, conductividad, acidez y sólidos en suspensión, además de considerar el caudal y las condiciones del Guadalquivir en cada momento.

La reapertura se ha diseñado con criterios muy diferentes a los de la antigua mina, cuya balsa de residuos se rompió en 1998 y provocó una de las mayores catástrofes ambientales sufridas en España. La nueva explotación será subterránea y no contempla la construcción de otra gran balsa de lodos en superficie. Una parte de los residuos de la planta de mineral se utilizará como relleno de las galerías y el resto se depositará de forma controlada en la antigua corta de Aznalcóllar, dentro de su proceso de restauración.

Herencia de la explotación anterior

Esta configuración reduce algunos de los riesgos asociados al almacenamiento tradicional de estériles, pero no elimina la necesidad de gestionar los pasivos dejados por la explotación anterior. Las cortas inundadas contienen aguas ácidas y residuos que continuarían representando un problema ambiental aunque la nueva mina no llegara a abrir. La planta puede contribuir a resolver esa herencia, siempre que demuestre de manera verificable que no convierte un problema localizado en un vertido crónico aguas abajo.

El proyecto completo movilizará alrededor de 450 millones de euros e incluye, además de la planta de aguas y el emisario, las instalaciones de tratamiento del mineral y el desarrollo de las labores subterráneas para extraer zinc, cobre y plomo. La concesión de la licencia supone un avance material hacia la reapertura, pero la verdadera prueba no será levantar la instalación, sino acreditar que puede tratar caudales elevados durante años, responder a situaciones anómalas y mantener la carga contaminante dentro de niveles compatibles con el Guadalquivir.

En Aznalcóllar, más que en casi cualquier otro proyecto minero español, la confianza no puede descansar en declaraciones generales. Deberá construirse sobre datos de explotación, controles independientes, transparencia y capacidad de reacción. La licencia abre la obra; la seguridad ambiental todavía tendrá que demostrarse.