Un error histórico: el Congreso condena a España al apagón industrial.

La decisión del Congreso de los Diputados de no aprobar la moratoria al cierre de las centrales nucleares en España, no solo es irresponsable: es una negligencia política de proporciones históricas.

En un momento en que la estabilidad energética, la competitividad industrial y el empleo están en juego, esta negativa representa un golpe directo a la columna vertebral de nuestro sistema productivo.

Durante décadas, España ha arrastrado una distribución eléctrica comprometida, fruto de una falta de planificación e inversión en redes. Ahora, a esa debilidad estructural se suma una nueva amenaza: la inestabilidad del sistema eléctrico ibérico, provocada por el desmantelamiento de las únicas infraestructuras capaces de garantizar suministro constante, limpio y competitivo.

Los siete reactores nucleares que aún operan en nuestro país aportan el 20% de la generación eléctrica. Su cierre, sin alternativa real ni plan de sustitución, provocará un encarecimiento del kilovatio de entre el 25% y el 30%, lo que nos convertirá en uno de los países con la energía más cara de Europa.

¿Cómo pretendemos atraer inversiones industriales si competimos con países que ofrecen tarifas mucho más bajas?

El caso de Almaraz es paradigmático: su cierre supondrá la destrucción de 15.000 empleos, muchos de ellos directos y altamente cualificados, en una región que no cuenta con alternativa industrial planificada. Es una condena al empleo y favorecerá el éxodo económico.

En Tarragona, el apagón nuclear amenaza con el traslado de la producción de SEAT y CUPRA a otras plantas del Grupo Volkswagen en Europa, donde el coste energético es más competitivo. Y lo mismo ocurre con la planta de baterías en Valencia, cuya inversión inicial está siendo replanteada ante el nuevo escenario energético.

¿Qué pasará con la futura planta de baterías en Navalmoral de la Mata, a escasos kilómetros de Almaraz? ¿Quién invertirá en una zona sin garantía de suministro ni precios estables?

La industria del aluminio en Lugo ya ha anunciado su cancelación definitiva por el inalcanzable coste energético, y los hornos cerámicos del eje mediterráneo, especialmente en la Comunidad Valenciana y Almería, están valorando su salida al exterior, con la consiguiente pérdida de empleo y renta per cápita en ambas autonomías.

Por si fuera poco, esta decisión también ralentiza la transición energética. El encarecimiento del kilovatio, desincentiva la compra de vehículos eléctricos comprometiendo a su vez,  los objetivos de descarbonización y dejando a España rezagada en la carrera tecnológica.

En resumen, cerrar las centrales nucleares sin una moratoria ni un plan alternativo es un suicidio económico, energético y social.

El Congreso ha fallado a los ciudadanos, a las empresas, a los trabajadores y al futuro del país. Esta decisión no es solo equivocada: es inaceptable.