Transportes y Transición Ecológica dejan miles de millones sin ejecutar en 2025 en carreteras, ferrocarril y obras hidráulicas

Los datos oficiales de la Intervención General de la Administración del Estado evidencian un desfase estructural entre crédito y ejecución en los principales programas de infraestructuras, con especial gravedad en las cuencas mediterráneas y en los fondos europeos gestionados por Transportes.

La ejecución presupuestaria de 2025 en los ministerios inversores del Estado vuelve a mostrar una brecha significativa entre planificación y ejecución efectiva del gasto, con especial incidencia en transporte y gestión del agua. Según los estados oficiales de la Intervención General de la Administración del Estado, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ejecutó únicamente 739 millones de euros sobre 1.935 millones de crédito del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, lo que equivale a un 38,2 % de ejecución y deja 1.196 millones sin transformar en obligaciones reconocidas al cierre del ejercicio. Se trata de una desviación de gran magnitud en el principal instrumento financiero para la modernización de infraestructuras.

Este bajo nivel de ejecución se concentra en el capítulo 6, correspondiente a inversiones reales, donde se encuadran las actuaciones ferroviarias y viarias. Aunque la IGAE no publica un desglose único consolidado por entidades como ADIF o por la Dirección General de Carreteras dentro del MRR, la propia magnitud del desfase, más de 1.100 millones de euros, implica que una parte sustancial de las obras en marcha no ha generado certificaciones suficientes para su reconocimiento contable. En términos de ingeniería de proyectos, esto apunta a retrasos en ejecución física, validación de obra y tramitación administrativa, en un contexto donde la inversión ferroviaria absorbe la mayor parte del presupuesto del ministerio.

MITECO y Confederaciones

El patrón se reproduce en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, donde la inversión hidráulica presenta también desviaciones significativas. El núcleo de esta inversión se articula en torno al programa 452A, que concentra las infraestructuras del agua gestionadas por las confederaciones hidrográficas. En 2025, los datos de ejecución acumulada muestran una fuerte disparidad entre organismos, tanto en términos absolutos como en porcentaje de ejecución.

El caso más relevante por volumen y por contexto territorial es el de la Confederación Hidrográfica del Júcar, directamente afectada por la DANA. Este organismo contó con 214,6 millones de euros en inversiones reales (capítulo 6), pero solo reconoció 103,5 millones en obligaciones, lo que supone una ejecución del 48,3 %. Si se amplía el análisis al conjunto de operaciones no financieras, el organismo manejó 255,3 millones de crédito total, de los cuales ejecutó 139,5 millones, quedando más de 115 millones sin ejecutar. La cifra resulta especialmente significativa en un contexto de necesidades urgentes de inversión en infraestructuras hidráulicas, laminación de avenidas y mejora de la resiliencia frente a eventos extremos.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir presenta un patrón similar, aunque con mayor volumen absoluto. En 2025 dispuso de 84,5 millones en inversiones reales, pero ejecutó únicamente 44,8 millones, lo que equivale a un 53 %, mientras que en el conjunto de operaciones no financieras pasó de 189,0 millones de crédito a 122,3 millones ejecutados, dejando sin materializar cerca de 67 millones de euros. También por debajo de niveles aceptables se sitúan organismos como Miño-Sil, con 26,1 millones presupuestados en inversión y 13,7 ejecutados (52,6 %), o el Duero, con 42,4 millones frente a 27,1 ejecutados (64,1 %).

En el extremo opuesto, algunas cuencas presentan niveles de ejecución más elevados. La Confederación Hidrográfica del Ebro ejecutó 36,4 millones sobre 40,6 millones en inversiones reales (89,7 %) y alcanzó un 90 % de ejecución total, mientras que la del Tajo ejecutó 32,0 millones sobre 35,3 millones (90,7 %). La del Segura también muestra una ejecución elevada en términos relativos, con 24,7 millones ejecutados sobre 30,1 millones (82,1 %) en inversiones, aunque con diferencias relevantes entre obligaciones reconocidas y pagos efectivos.

Problema estructural

El análisis agregado confirma que el problema no es homogéneo, pero sí estructural. En el conjunto de las confederaciones hidrográficas, los organismos con mayor volumen de inversión presentan, en general, peores ratios de ejecución, lo que sugiere dificultades crecientes a medida que aumenta la complejidad técnica y administrativa de los proyectos. Esto es especialmente evidente en cuencas como el Júcar o el Guadalquivir, donde la combinación de grandes actuaciones hidráulicas, condicionantes ambientales y tramitación administrativa ralentiza la conversión del crédito en obra ejecutada.

Desde el punto de vista presupuestario, el patrón es claro y se repite tanto en Transportes como en Transición Ecológica. La IGAE registra elevados niveles de crédito y compromisos, pero una conversión insuficiente en obligaciones reconocidas, que son la única magnitud que refleja ejecución real. En el caso de Transportes, el desfase es explícito y cuantificable en más de mil millones de euros; en el ámbito hidráulico, se distribuye entre organismos, pero suma centenares de millones en inversiones no ejecutadas.

La consecuencia técnica es inequívoca. La Administración está siendo capaz de programar inversión y, en muchos casos, de licitarla, pero no de ejecutarla al ritmo previsto. En sectores como el ferroviario o el hidráulico, donde la inversión es intensiva en ingeniería y tiene carácter plurianual, cierto desfase es inevitable, pero los niveles observados en 2025 apuntan a una limitación estructural de la capacidad de ejecución. En el caso de las cuencas mediterráneas, además, esta debilidad coincide con un contexto de creciente riesgo hidrológico, lo que agrava el impacto real de la baja ejecución.

El resultado final es un sistema que acumula crédito sin transformar en infraestructuras operativas, retrasa actuaciones críticas de mantenimiento y adaptación climática, y compromete la eficiencia en la absorción de fondos europeos. Los datos de la IGAE no dejan margen para interpretaciones complacientes: el problema no es de planificación presupuestaria, sino de ejecución efectiva.