Transparencia pide a Moncloa los informes que llevaron a descartar la emergencia nacional durante el apagón
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), órgano independiente encargado de velar por el derecho de acceso a la información pública, ha dictaminado que la Secretaría General de Presidencia del Gobierno debe proporcionar varios informes internos que manejó el Pedro Sánchez en relación con la decisión de no declarar la emergencia nacional tras el grave apagón eléctrico del 28 de abril.
En su resolución, el CTBG considera que Moncloa no respondió de manera adecuada a las solicitudes ciudadanas de información y reclama que se remitan los documentos solicitados, entre ellos evaluaciones económicas, informes técnicos y comunicaciones internas, al Ministerio para la Transición Ecológica y al Ministerio del Interior, que tienen competencias sobre infraestructuras críticas y gestión de emergencias.
Para el Gobierno, que ya había presentado un informe oficial en el cual explicaba que el apagón se había debido a una combinación de factores eléctricos de “origen multifactorial”, sin indicios de ciberataque o sabotaje, esta nueva exigencia representa una presión adicional al ámbito de la transparencia institucional.
Durante la crisis, el Ejecutivo optó por no declarar la emergencia nacional en algún tramo, frente a lo que reclamaban diversas comunidades autónomas y partidos de la oposición, aunque sí se activó el nivel 3 de emergencia en varias regiones.
La decisión del CTBG pone en evidencia dos dinámicas simultáneas: por un lado, el refuerzo del control ciudadano y del ejercicio del derecho de acceso a la información pública; por otro, la tensión política que genera un episodio tan crítico como la caída masiva del suministro eléctrico, donde la gestión y la rendición de cuentas adquieren una dimensión estratégica. Queda por ver si los informes que salgan a la luz aportan nuevos elementos que cuestionen las decisiones adoptadas por Moncloa o confirmen la actuación del gobierno como adecuada ante la crisis.
El cumplimiento de la resolución del CTBG también será un test para la credibilidad del Gobierno en materia de transparencia: de no publicarse o entregarse los documentos en el plazo marcado, el Ejecutivo se enfrentaría a una nueva crítica por incumplimiento de normativa y a un desgaste adicional ante la opinión pública. En un contexto ya marcado por interrogantes técnicos sobre el apagón, la exigencia de informes internos eleva el debate de la crisis energética a la esfera institucional y política, más allá del solo hecho técnico-operativo.
