Seopan cifra en 407.000 millones la inversión en infraestructuras que España necesita en los próximos 10 años
La patronal de constructoras advierte en su rueda de prensa anual de que el país debe dedicar 127.341 millones solo a conservación y mantenimiento de carreteras, ferrocarriles e infraestructuras hidráulicas. La asociación reclama más inversión pública, reactivar la colaboración público-privada, revisar la contratación y abrir el debate sobre la tarificación viaria para financiar la conservación de las carreteras.
Seopan ha situado este lunes una cifra sobre el deterioro acumulado y las necesidades futuras de las infraestructuras españolas: 407.341 millones de euros en los próximos diez años. La estimación, presentada en Madrid en la rueda de prensa anual de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, combina dos grandes bloques. El primero corresponde a la conservación y mantenimiento de las redes existentes, con 127.341 millones de euros. El segundo suma más de 280.000 millones para desarrollar nuevas infraestructuras y adaptar las actuales a las exigencias de movilidad, seguridad, agua, transición energética, resiliencia climática y digitalización.
Según Seopan, el país arrastra un problema estructural de inversión que afecta al stock de capital público acumulado durante décadas y que se ha agravado desde la crisis financiera de 2008. La asociación recuerda que la inversión pública ha perdido peso en el PIB, al pasar del 5,2% en 2009 al 2,7% en 2024, y sostiene que ese descenso amenaza la calidad, la seguridad y la funcionalidad de redes que son críticas para la economía: carreteras, ferrocarriles, infraestructuras hidráulicas, abastecimiento, saneamiento y adaptación frente a sequías e inundaciones.
127.000 millones en mantenimiento
El capítulo más inmediato es el mantenimiento. De los 127.341 millones calculados para la próxima década, Seopan asigna 58.369 millones a carreteras, 20.280 millones al ferrocarril y 48.692 millones a infraestructuras hidráulicas. En la red viaria, la patronal distingue entre 43.700 millones necesarios para alcanzar umbrales técnicos adecuados de conservación y 14.670 millones para la “puesta a cero” de las redes. La asociación cifra en 7.651 millones la insuficiencia acumulada de conservación de carreteras entre 2010 y 2024, a pesar de que las administraciones invirtieron 2.807 millones en reposición viaria durante el pasado ejercicio.
El diagnóstico resulta especialmente sensible porque llega pocos días después de que el Ministerio de Transportes haya anunciado un plan extraordinario de mejora de firmes en la Red de Carreteras del Estado. El departamento de Óscar Puente prevé movilizar 1.629 millones de euros entre 2027 y 2031 para actuar sobre unos 5.000 kilómetros, con licitaciones que empezarían ya en 2026, y calcula que el programa generará cerca de 18.500 empleos y un impacto de más de 1.200 millones en el PIB. La comparación entre ambas escalas es significativa: el plan estatal aborda una primera fase sobre la red de titularidad estatal, mientras que Seopan sitúa el déficit de conservación en un perímetro mucho más amplio, que incluye también carreteras autonómicas y provinciales, donde la patronal considera que se concentra buena parte del deterioro.
En ferrocarriles, Seopan calcula una necesidad de 20.280 millones. La cifra se reparte entre 8.829 millones para líneas de alta velocidad y 11.450 millones para líneas convencionales. Dentro del primer bloque, la asociación incluye 7.032 millones para mantenimiento de alta velocidad y 1.797 millones para la renovación de la línea Madrid-Barcelona, una de las principales arterias ferroviarias del país. El argumento técnico de fondo es doble: por un lado, el envejecimiento de activos ferroviarios que ya han entrado en fases intensivas de mantenimiento; por otro, el fuerte crecimiento de la utilización de la red, con un aumento del 46,8% en las circulaciones de alta velocidad entre 2019 y 2024.
Infraestructuras del agua
El apartado hidráulico es el otro gran bloque de conservación. Seopan estima que las infraestructuras del agua exigirán 48.692 millones en diez años. El 60% se destinaría al ciclo urbano del agua, el 19% a adaptación al cambio climático, el 10% a adecuación y seguridad de presas y el resto a dominio público hidráulico, conservación de cauces y litoral, y actuaciones ligadas a un eventual Acuerdo Nacional del Agua. La asociación enmarca esta necesidad en una realidad climática más exigente, con sequías recurrentes, una previsión de caída de los recursos hídricos de entre el 7% y el 11% y una mayor frecuencia de inundaciones. Según sus datos, más de 2,7 millones de personas viven ya en zonas inundables, de ellas medio millón en áreas de alto riesgo.
La cifra total de 407.341 millones no surge solo del mantenimiento. Seopan suma a esos 127.341 millones las necesidades de inversión ya identificadas en informes anteriores sobre nuevas infraestructuras y adaptación de activos existentes. En transporte, la asociación había cuantificado 150.833 millones de inversión prioritaria, con 85.083 millones en actuaciones planificadas, 57.154 millones en modernización y adaptación, y 8.595 millones en proyectos innovadores. Ese bloque incluye alta velocidad, cercanías, metro, tranvías, ferrocarril convencional, autovías, ampliaciones de capacidad, intermodalidad, electrificación de carreteras, digitalización, seguridad vial, conexiones ferroportuarias, conexiones aeroferroviarias y aparcamientos seguros para camiones.
En ese informe de transporte, elaborado por Sener a petición de Seopan, la patronal identificaba 16.514 millones para completar conexiones de alta velocidad, 47.847 millones para cercanías, metro, tranvías y ferrocarril convencional, y 24.067 millones para construir 2.415 kilómetros de nuevas autovías. También proponía 19.405 millones para modernización viaria, incluidos 5.586 millones destinados a anticipar la movilidad eléctrica en 13.674 kilómetros de red interurbana de gran capacidad y 51.948 kilómetros de vías convencionales estatales y autonómicas, con 1.585 electrolineras y 10.710 puntos de recarga ultrarrápida.
A ese bloque se añade el de agua, energía, medio ambiente y equipamiento público, que Seopan había cifrado en 198.435 millones. La estimación incluía 72.134 millones en actuaciones planificadas, 56.656 millones en modernización y adaptación de infraestructuras existentes y 69.645 millones en proyectos innovadores. Entre las partidas principales figuraban 37.938 millones asociados a los planes hidrológicos 2022-2027, 34.196 millones vinculados al PNIEC 2023-2030 en eficiencia energética, redes y almacenamiento, 44.518 millones para infraestructuras hidráulicas y 2.733 millones para medio ambiente, tratamiento y valorización de residuos, biogás y clausura de vertederos.
Colaboración público-privada
Del informe de Seopan se desprende que los presupuestos ordinarios no bastan para absorber un volumen de inversión de esta magnitud. La asociación defiende un cambio de modelo basado en tres pilares: más inversión pública, recuperación de la colaboración público-privada y nuevas fórmulas de financiación. En particular, vuelve a colocar sobre la mesa la tarificación viaria, que presenta como la alternativa más eficaz para garantizar la conservación y calidad de las carreteras sin elevar impuestos generales ni desplazar gasto social. Según sus cálculos, un sistema de pago por uso por distancia supondría una media de 111 euros anuales por usuario y permitiría generar hasta 43.260 millones en una década, además de 4.100 millones de recaudación por BICES en 2.680 municipios.
El planteamiento llega en un momento en que la colaboración público-privada atraviesa una fase de debilidad. Según Seopan, en 2025 solo se licitaron 2.218 millones de euros en concesiones de obra, el 1,9% de la licitación pública total. Desde la aprobación de la Ley de Desindexación en 2015, la licitación de concesiones de obra se habría reducido un 84%, y cerca de una de cada cinco, el 19,2%, habrían quedado desiertas, desistidas o renunciadas. Para la patronal, este bloqueo impide movilizar capital privado en proyectos de largo plazo y reduce la capacidad del país para mantener redes existentes y desarrollar las nuevas infraestructuras que exige la transición energética, la movilidad sostenible y la adaptación al cambio climático.
Ley de contratos del sector público
Seopan también vincula el problema inversor a la regulación de los contratos públicos. La patronal reclama modernizar la Ley de Contratos del Sector Público, inaplicar la normativa de desindexación a los contratos públicos y recuperar un marco específico para la colaboración público-privada. Además, pide mecanismos de revisión de precios más flexibles ante la coyuntura inflacionista. La asociación menciona previsiones de inflación en España de entre el 3,2% y el 3,6% en 2026 y propone adaptar los instrumentos excepcionales del Real Decreto-ley 3/2022, incorporando energía y mano de obra como conceptos revisables y suprimiendo los límites actuales para el reconocimiento y abono de esos sobrecostes.
El presidente de Seopan, Julián Núñez, resumió el mensaje con una advertencia sobre el cambio de prioridades del gasto público. “Es preocupante que en 2024 invirtamos solo el 52% de lo que se invertía en 2009 y que áreas tan urgentes como el transporte, el abastecimiento de agua y la gestión de aguas residuales hayan pasado de representar el 3,9% del gasto público total en 2008 al 1,7% en 2024”, señaló. A su juicio, España debe pasar “de una etapa de infrafinanciación a una de impulso decidido, con visión estratégica, y una apuesta firme por la inversión y la colaboración público-privada”.
La advertencia de la patronal llega, además, en un contexto de creciente presión sobre las redes. La alta velocidad soporta más circulaciones que antes de la liberalización; las cercanías concentran una parte esencial de la movilidad metropolitana; las carreteras siguen absorbiendo la mayor parte del transporte interior de personas y mercancías; las infraestructuras hidráulicas afrontan sequías más largas, episodios de inundación más violentos y mayores exigencias ambientales; y el sistema energético necesita redes, almacenamiento, puntos de recarga y activos asociados a la electrificación. La tesis de Seopan es que todas esas transiciones descansan sobre obra civil y mantenimiento, y que sin un esfuerzo inversor sostenido España corre el riesgo de degradar una ventaja competitiva construida durante décadas.
La cifra de 407.341 millones en diez años equivale, en términos medios, a algo más de 40.000 millones anuales. No todo ese volumen tendría que salir necesariamente de los Presupuestos Generales del Estado, según el planteamiento de Seopan, pero sí requeriría una arquitectura financiera más estable, con participación de administraciones, concesiones, usuarios, organismos públicos, fondos europeos cuando existan y capital privado. La patronal intenta así desplazar el debate desde la licitación anual hacia una planificación plurianual de activos, en la que conservación, renovación y nuevas infraestructuras formen parte de una misma estrategia de competitividad, seguridad y resiliencia.
