Sánchez presume del Plan de Recuperación con unas cifras que no se ajustan a la realidad

El presidente del Gobierno aseguró en el acto “España verde y digital. El impacto del Plan de Recuperación”, celebrado hoy junto con 9 ministros y la comisaria europea Teresa Ribera, que España ha cumplido ya nueve de cada diez reformas pactadas con Bruselas. Pero el propio Ejecutivo reconoce que, si se valida el sexto pago, el grado de cumplimiento del conjunto de hitos y objetivos será del 70%. El discurso oficial mezcla datos reales de crecimiento y empleo con una lectura muy selectiva de la ejecución de los fondos europeos y evita mencionar los problemas estructurales que siguen señalando la Comisión Europea y el FMI.

Pedro Sánchez convirtió este lunes el acto “España verde y digital. El impacto del Plan de Recuperación”, celebrado en el Teatro Real de Madrid, en una reivindicación política de la gestión de los fondos europeos y del rumbo económico del Gobierno. El presidente anunció que España ha cumplido ya “nueve de cada diez reformas” del Plan de Recuperación acordadas con la Comisión Europea y aseguró que el próximo 31 de agosto el país habrá desplegado “toda la potencia” del programa. También sostuvo que la economía española habrá culminado entonces “un proceso de transformación sin precedentes”, con dos de cada tres euros destinados a la transición verde y digital.

El mensaje central del acto fue claro. España habría utilizado bien los fondos Next Generation, habría salido de la pandemia más deprisa que el resto de grandes economías europeas y se encontraría ya a la vanguardia de la transformación verde y digital. Sánchez afirmó que España es la economía europea que más ha crecido desde los niveles previos a la pandemia, con un avance del 8,5%, un 40% más que la media de la eurozona y 22 veces más que Alemania. También defendió que los fondos han impulsado un marco normativo moderno, 400.000 nuevas plazas de Formación Profesional, 200.000 jóvenes menores de 25 años trabajando en actividades vinculadas a la digitalización, 40.000 empleos en la economía verde y una mejora de la posición española en los rankings internacionales de inteligencia artificial.

Sin embargo, la afirmación más llamativa del presidente, la de que España ha cumplido ya nueve de cada diez reformas pactadas con Bruselas, requiere una matización esencial. No equivale a que España haya ejecutado el 90% del Plan de Recuperación. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia no se mide solo por reformas, sino por el cumplimiento de hitos y objetivos asociados tanto a reformas como a inversiones. Y en ese terreno, los datos publicados por el propio Gobierno ofrecen una fotografía bastante menos rotunda que la expresada por Sánchez.

Muy lejos del 90%

Cuando España solicitó en marzo el sexto pago del Plan de Recuperación, por 7.256 millones de euros, el Ejecutivo explicó que esa solicitud estaba asociada al cumplimiento de 78 hitos y objetivos. También precisó que, una vez obtenida la validación de la Comisión Europea, España habría cumplido 343 hitos y objetivos, lo que representa el 70% del total previsto. Esa cifra está muy lejos del 90% sugerido por la frase presidencial si se interpreta como una referencia al conjunto del Plan. La diferencia no es menor. Una cosa es afirmar que se ha completado una parte muy elevada de las reformas normativas y otra muy distinta presentar esa cifra como una medida general del grado de ejecución de los fondos.

Además, el sexto pago no está todavía materializado. El propio presidente habló de más de 60.000 millones de euros recibidos “cuando en las próximas semanas se materialice el sexto pago”, una formulación que confirma que esa cantidad depende aún de la validación comunitaria. La página pública de la Comisión Europea sobre el Plan español recoge los pagos tramitados hasta la quinta solicitud y no muestra todavía el sexto desembolso como aprobado. Por tanto, el Gobierno está anticipando como casi consumado un hito financiero que sigue pendiente de cierre formal.

Tampoco puede pasarse por alto que la propia solicitud del sexto desembolso incluye puntos sensibles. España pidió junto a ella el pago de fondos retenidos por la Comisión en relación con el hito 167, relativo a la digitalización de entidades regionales y locales, y aportó nuevas evidencias sobre el hito 388, vinculado a reformas fiscales. Es decir, no se trata de un expediente completamente limpio, sino de un proceso en el que todavía hay comprobaciones, aclaraciones y fondos sujetos a verificación.

Transición verde y digital

Otro ejemplo de simplificación aparece en la afirmación de que dos de cada tres euros del Plan se han dedicado a la transición verde y digital. El dato se apoya en los porcentajes oficiales de contribución climática y digital del Plan, aproximadamente un 39,9% para transición verde y un 25,9% para transición digital. Pero esos porcentajes responden al sistema europeo de etiquetado de medidas y no siempre equivalen a una separación material de euros efectivamente gastados en dos grandes cajones presupuestarios. Presentarlo como gasto directo y plenamente ejecutado resulta, de nuevo, una simplificación interesada.

El discurso económico de Sánchez omite datos que explican por qué la foto completa es bastante menos triunfal. España crece más que la media de la eurozona y ha registrado máximos de afiliación a la Seguridad Social. La Comisión Europea también reconoce que la economía española ha mostrado un comportamiento sólido, con un crecimiento del PIB real del 2,8% en 2025 y una previsión del 2,4% para 2026. Pero esos datos conviven con problemas estructurales que no aparecieron con el mismo énfasis en la intervención del presidente.

La propia Comisión Europea acaba de advertir de que España sigue afrontando retos muy relevantes en productividad, inversión eficaz en innovación, carga normativa y administrativa, funcionamiento del sistema judicial, vínculos entre ciencia y empresa, acceso a financiación, adaptación al cambio climático, resiliencia de infraestructuras, gestión del agua, red eléctrica, vivienda asequible y pobreza infantil. Es una lista amplia y severa que contrasta con la imagen de transformación culminada presentada por el jefe del Ejecutivo.

Productividad

El punto más delicado es la productividad. El crecimiento español se ha apoyado de forma importante en el aumento del empleo, la población activa y la demanda interna, pero no ha resuelto la brecha estructural de productividad ni la dificultad de las empresas para ganar tamaño, invertir más en I+D y escalar hacia actividades de mayor valor añadido. Bruselas advierte de la baja inversión privada en I+D, de la fragmentación del tejido empresarial, dominado por microempresas de bajo valor, y de la necesidad de eliminar obstáculos financieros y administrativos que impiden la innovación empresarial. El Gobierno presenta los fondos europeos como una palanca de transformación ya plenamente visible, pero los organismos internacionales siguen reclamando precisamente más evaluación, más productividad y más impacto real en el tejido productivo.

También resulta discutible la atribución directa del buen comportamiento macroeconómico al Plan de Recuperación. Es cierto que los fondos europeos han apoyado la inversión y han contribuido a sostener actividad en determinados sectores. Pero de ahí no se deduce que todo el crecimiento reciente pueda explicarse por el Plan ni que las reformas hayan producido ya un cambio estructural completo. El FMI ha reclamado precisamente una evaluación más detallada del impacto económico real de los fondos, con mejor información sobre beneficiarios y efectos empresariales. Si el efecto estuviera tan claramente acreditado como sostiene el relato político, esa demanda de evaluación no sería tan relevante.

Sánchez también defendió que los fondos han llegado a todos los territorios y a todos los agentes, y señaló que cerca del 43% ha ido a pymes y autónomos, alrededor de 30.000 millones de euros. Es un dato políticamente potente, pero tampoco permite medir por sí solo el impacto económico. La llegada de fondos a pequeñas empresas no implica automáticamente mejoras de productividad, aumento de escala, consolidación industrial o capacidad tecnológica propia. La cuestión decisiva no es solo quién recibe los fondos, sino si estos producen cambios duraderos en inversión, empleo cualificado, innovación y competitividad.