Más impuestos y menos presupuestos
El Gobierno ya nos ha explicado varias veces, por boca de varios de sus ministros e incluso del presidente, que los presupuestos son “una herramienta” y que como ya tienen una, los aprobados en octubre de 2022, pues no es necesario tener otra. Porque “los de 2023 son buenos para la economía”. Pero, al parecer, la herramienta no es la más afilada del taller. Y lo que realmente ha ocurrido es que, entre modificaciones, créditos adicionales y transferencias entre partidas, han cambiado tanto que ya no parecen los mismos. Pero eso sí, sin que ninguno de esos cambios haya sido aprobado por el Parlamento.
Si vamos a los números, según los datos de la Intervención General del Estado, el Gobierno aprobó el año pasado 76.900 millones de euros en ampliaciones de créditos y 41.000 millones de euros en reasignaciones de partidas. Son 118.000 de euros que no se han destinado a lo previsto en los presupuestos en vigor, que son los prorrogados desde 2023.
En números redondos son un 20% de créditos adicionales y un 10% de transferencias de crédito entre partidas, como transferencias o préstamos a la Seguridad Social para financiar las subidas de las pensiones, transferencias a Comunidades y Ayuntamientos o el aumento de 10.000 millones en el gasto en Defensa aprobado por el Gobierno sin pasar tampoco por el Congreso.
Vamos que tienen razón Sánchez y sus ministros cuando dicen que se puede gobernar sin aprobar unos presupuestos. De hecho, resulta mucho más cómodo que someterlos al escrutinio de los molestos representantes de la soberanía popular. La AIReF ha denunciado que esta forma de ejecutar la política fiscal es opaca: “El presupuesto es algo más que un instrumento de política económica, es ante todo un instrumento de rendición de cuentas y de control esencial en las democracias”. Pero claro esto lo ha dicho una AIReF bajo la presidencia de Cristina Herrero, que al parecer no se ha enterado bien de a quién le debe el cargo. Sánchez ya ha tomado nota y parece que va a nombrar en su lugar a Inés Olóndriz, persona de confianza de María Jesús Montero. Aunque para eso sí va a necesitar una mayoría en el Congreso. Veremos.
Los cambios en los presupuestos prorrogados afectan a casi todos los ministerios y las partidas. Por ejemplo 2.500 millones de euros más para sueldos públicos, 2.100 millones más para gastos corrientes en bienes y servicios, 4.500 millones adicionales para ayudas sociales o 5.500 millones extra para el ya mencionado Plan de Defensa, que se nutre también de transferencias de otras partidas.
Y claro, lo que unos ganan, otros lo pierden. ¿Adivinan cuáles son los ministerios más perjudicados por los cambios al remanguillé del Gobierno de coalición progresista? Pues por ejemplo el de Educación, que recibe casi 1.000 millones de euros menos que los adjudicados en los presupuestos de 2023. O el de Ciencia, con 360 millones de euros menos, o el de Transición Ecológica, que se deja 310 millones en la gatera.
Y eso que, desde que Sánchez está en la presidencia, según los datos del informe que acaba de publicar el Instituto Juan de Mariana, se han producido en España 141 subidas de impuestos y cotizaciones, sumando tanto las “explícitas”, como las “encubiertas” (como eso de no deflactar el IRPF), más las múltiples revisiones catastrales. Este informe hace una estimación de cuánto estará recaudando el Gobierno en 2027. Al final de la legislatura, y según se desprende de las previsiones de la Comisión Europea recogidas en la base de datos AMECO, el Instituto Juan de Mariana estima que en 2025, la recaudación prevista, entre impuestos y cotizaciones, ascenderá a 638.300 millones de euros. Y en 2026, último año completo de la legislatura, serán 671.500 millones.
“De cumplirse estas estimaciones, la recaudación en 2026 habrá crecido en 248.000 millones de euros respecto a 2018, lo que supone un incremento del 58,5%”, dice textualmente el informe. La presión fiscal, por tanto, habrá subido 3,4 puntos de PIB bajo mandato de Sánchez, “una cifra que no tiene precedentes en la historia fiscal reciente de España”, apunta el documento. Desde 2018, los ingresos tributarios han aumentado en 168.166 millones de euros (un 39,7%) y cuando acabe la legislatura ese aumento será de 248.000 (un 58,5%).
¿Y de donde han salido estos cientos de miles de millones? Pues hombre, ¿de dónde van a salir con unos Gobiernos tan progresistas? Seguro que de los impuestos a las grandes empresas, a los ricos y a los dueños de los lamborghinis. Pero resulta que eso no es lo que dicen los autores del informe, que aseguran que “España paga más impuestos que nunca, converge con Europa por la vía fiscal y no por renta, penaliza a la clase media trabajadora y utiliza la inflación como impuesto encubierto”. Vamos que esa millonada procede sobre todo de los autónomos y de esa “clase media trabajadora” en la que siempre piensa nuestro presidente del escudo social.
Según los datos, el español medio paga 460.600 euros a Hacienda a lo largo de su vida, es decir unos 16 años enteros de su sueldo, por IRPF (47,3%), consumo (28,1%) y capital (24,0%). Y, una vez jubilado, sigue pagando el 31,3% de toda la carga fiscal vital. El castigo a la clase media y a los autónomos es tremendo, porque el tipo del 45% en el IRPF se aplica desde 60.000 euros, que es solamente el doble del salario medio. Y mientras que entre los 20.000 y los 60.000 euros la cuota se multiplica por 7,5, entre los 100.000 y los 200.000 apenas sube seis puntos.
Con todo esto, la capacidad adquisitiva ha descendido de forma constante hasta alcanzar el nivel de finales del siglo pasado y no hay que descartar de aquí al final de la legislatura el salario mínimo supere al salario medio real, algo que en principio parecería una imposibilidad estadística. Pero también parecía imposible gobernar toda una legislatura sin aprobar un presupuesto y aquí estamos.
El tan cacareado escudo social parece consistir en que una pareja media residente en una gran ciudad no pueda permitirse ni tener hijos ni comprarse un piso. Y es muy probable que cuando vayan a jubilarse el sistema de pensiones haya quebrado. La izquierda era en su día aquella política que luchaba por la igualdad, frente al liberalismo empeñado en priorizar la libertad. Pero resulta que con este Gobierno no hay una sola desigualdad que no haya aumentado según los datos oficiales, los del INE y los de Eurostat. Entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, entre mayores y jóvenes, entre habitantes de distintas regiones…
Bueno, pero si el dinero rebosa en las arcas de Hacienda lo lógico sería pensar que al menos ese escudo social se reflejaría en una mejora ostentórea, que diría Gil y Gil, de los servicios públicos, de las infraestructuras, de la inversión en ciencia, en investigación y en nuevas tecnologías… Pero resulta que lo ostensible es precisamente lo contrario, el deterioro de esos servicios, de esas infraestructuras y de esas inversiones, sin las cuales no hay Estado del Bienestar que valga. Este gobierno presume de su lema “no a la guerra”, pero el que realmente practica es el de “más impuestos y menos presupuestos”. Es la mejor forma de gestionar un país, resulta evidente. Por eso España va como un cohete.
