Los regantes del Vinalopó y la Generalitat Valenciana exigen al Gobierno la reparación urgente de la balsa de San Diego
La Generalitat Valenciana y los regantes del Vinalopó exigen al Gobierno la reparación urgente de la balsa de San Diego, una infraestructura estatal concebida como pieza de regulación del trasvase Júcar-Vinalopó y que, pese a su capacidad para almacenar más de 20 hectómetros cúbicos, sigue sin prestar servicio efectivo por problemas de filtraciones. La avería compromete la capacidad de almacenar agua en invierno para distribuirla en los meses de mayor demanda agrícola y amenaza la eficacia de una infraestructura clave para sustituir bombeos en acuíferos sobreexplotados del interior de Alicante.
La balsa de San Diego se ha convertido en el punto débil del trasvase Júcar-Vinalopó. La infraestructura, situada entre Villena, en Alicante, y La Font de la Figuera o Fontanars dels Alforins, en Valencia, fue proyectada como gran balsa de regulación para recibir los caudales procedentes del curso bajo del Júcar y almacenarlos antes de su distribución por las redes del postrasvase. Sobre el papel, su función es sencilla y decisiva, actuar como depósito de cabecera para modular la diferencia entre los momentos en que hay agua disponible para trasvasar y los periodos en que la demanda de riego se dispara en el Vinalopó, l’Alacantí y la Marina Baixa.
La obra, sin embargo, arrastra desde su puesta en carga un problema estructural de filtraciones que ha impedido su explotación normal. La balsa fue concebida con una capacidad superior a 20 hectómetros cúbicos, suficiente según las estimaciones iniciales para regar unas 10.000 hectáreas de cultivo. Su escala da idea de la ambición hidráulica del proyecto. El vaso ocupa unos 800.000 metros cuadrados, con una lámina máxima que podría alcanzar 1.150.000 metros cuadrados. El perímetro supera los cuatro kilómetros, la altura máxima llega a 35,2 metros al pie de talud y a 38,5 metros sobre el eje de cimentación, la coronación tiene 7,5 metros de anchura y la profundidad máxima prevista de agua ronda los 22 metros. Fue clasificada como presa de categoría A, la de mayor exigencia por el riesgo potencial asociado a una eventual rotura o funcionamiento anómalo.
El problema es que esa capacidad reguladora apenas existe en la práctica. Según la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, la instalación se puso en servicio en 2010 con el objetivo de reservar los aportes impulsados desde el azud de La Marquesa, junto a la desembocadura del Júcar en Cullera, pero nunca entró en servicio efectivo porque en su primer llenado el agua desapareció por filtraciones. Desde entonces, la balsa apenas se utiliza como elemento de paso intermedio para conducir agua hacia las infraestructuras del postrasvase.
Se pierde un 80% del agua
La Generalitat ha elevado ahora el tono político y técnico de la reclamación. El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha exigido al Gobierno central la ejecución urgente de las obras de reparación, al considerar que se trata de una infraestructura “indispensable” para la operatividad y estabilidad del Júcar-Vinalopó. Según sus declaraciones, en el estado actual de la balsa “se pierde hasta un 80% del agua” y “sin el embalse de San Diego no hay un trasvase eficaz”. La Generalitat reclama también que la Confederación Hidrográfica del Júcar apruebe y firme anualmente los planes de explotación del trasvase y que el Estado garantice el mantenimiento adecuado de las infraestructuras, con compensaciones a los regantes mediante caudales adicionales u otras fuentes de suministro cuando existan averías o deficiencias imputables a falta de mantenimiento.
La queja no se limita a la Generalitat. Los regantes sostienen que el fallo de San Diego ya está produciendo efectos operativos reales. En enero, el presidente de la Junta Central de Usuarios, Ángel Urbina, denunció que la entidad había tenido que solicitar a Acuamed que interrumpiera el bombeo de agua por falta de capacidad de almacenamiento, pese a que balsas del postrasvase como La Romana y Hondón, y embalses de los propios regantes como El Toscar, con 930.000 metros cúbicos, y La Cuesta, con más de 600.000 metros cúbicos, estaban llenos. En ese mismo episodio, los usuarios advertían de que se estaban vertiendo al mar 10 metros cúbicos por segundo de agua del Júcar que, técnicamente, habría podido aprovecharse si existiera almacenamiento suficiente.
Sin una balsa reguladora de gran volumen, el agua trasvasada tiende a circular casi directamente desde el azud de La Marquesa hacia las redes del postrasvase, lo que reduce la flexibilidad del sistema y obliga a cerrar o reducir bombeos cuando los depósitos menores se saturan. Los propios regantes han resumido el problema en que no falta necesariamente agua disponible ni voluntad de uso, sino capacidad de almacenamiento en el punto crítico de regulación.
El caso de San Diego cobra más importancia por el contexto hidrogeológico del Vinalopó. El Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar 2022-2027 evalúa en mal estado cuantitativo varias masas de agua subterránea de la zona, entre ellas Villena-Beneixama, Jumilla-Villena, Serral-Salinas, Sierra de Crevillente, Peñarrubia y Quibas. Para mejorar su estado, el plan prevé reducir extracciones subterráneas mediante recursos alternativos, entre ellos aportes del río Júcar, desalación, reutilización y recursos de la Mancomunidad de Canales del Taibilla. La propia Confederación Hidrográfica del Júcar recuerda que en octubre de 2023 se firmó una adenda al convenio de 2007 entre la CHJ, Acuamed y la Junta Central de Usuarios para establecer el sistema de explotación y financiación de la conducción general Júcar-Vinalopó.
Esa adenda es el marco que ha reactivado la infraestructura y ha permitido consolidar una senda de aportes muy superior a la de los primeros años. Según la Junta Central, el trasvase se mueve ya en el entorno de los 37 a 40 hectómetros cúbicos anuales y podría gestionar entre 40 y 50 hectómetros en el ejercicio actual. Precisamente por eso, el fallo de San Diego deja de ser una anomalía latente para convertirse en una limitación estructural. Mientras el sistema transfería volúmenes reducidos, el defecto podía disimularse. Con mayores caudales y con el compromiso de sustituir bombeos de acuíferos, la falta de regulación amenaza la eficiencia global de la obra.
La situación se agrava por el calendario del postrasvase. La Generalitat está ejecutando obras en la margen izquierda del Júcar-Vinalopó con una inversión de 30 millones de euros, y ha situado la finalización de nuevas fases entre finales de 2026 y principios de 2027. El tramo II, en el entorno de Novelda, ha alcanzado el 50% de ejecución y cuenta con una inversión superior a 20 millones de euros, con el objetivo de asegurar el riego en unas 70.000 hectáreas de la provincia de Alicante. Y mientras se completan conducciones, ramales y redes de distribución para llevar el agua a más zonas regables, la infraestructura estatal que debía aportar regulación de gran volumen sigue inutilizada.
Reclamaciones de los ayuntamientos
Los ayuntamientos afectados también han elevado la presión. Villena aprobó en marzo una moción conjunta de todos los grupos municipales para reclamar la reparación del embalse, el desdoblamiento de la conducción general y la culminación de la red de margen izquierda. El texto municipal defendía que poner en marcha San Diego permitiría embalsar sus 20 hectómetros cúbicos de capacidad, reforzar el suministro a las zonas bajas del Vinalopó y proteger los acuíferos de Villena, además de estudiar soluciones complementarias como la cubrición con placas fotovoltaicas para reducir evaporación y aportar energía a los bombeos. Y Novelda ha planteado una reclamación similar.
Acuamed y la CHJ han defendido en el pasado que la reparación no era urgente mientras los volúmenes trasvasados fueran inferiores a los previstos originalmente. Fuentes de Acuamed explicaron que San Diego se diseñó para una transferencia anual de 80 hectómetros cúbicos y que los volúmenes comprometidos inicialmente tras la adenda eran menores, por lo que la reparación no resultaba imprescindible de forma inmediata. La CHJ también ha cuestionado la ubicación de la balsa y ha apuntado a problemas geotécnicos asociados a suelos de yesos, con riesgo de disolución, lo que convertiría la actuación en algo más complejo que una simple impermeabilización del vaso.
Para un sistema hidráulico de estas características, ese matiz es fundamental. Una balsa con filtraciones no se corrige necesariamente con una lámina impermeable convencional si el problema afecta al terreno de cimentación, a materiales solubles, a contactos con antiguas surgencias o a rutas preferentes de infiltración. La reparación exige caracterización geológica e hidrogeológica, auscultación, control de piezometría, análisis de estabilidad de taludes, tratamiento de juntas, sellado del vaso y definición de una puesta en carga progresiva con umbrales de seguridad. Si la hipótesis de los yesos y la disolución es correcta, la solución puede requerir una intervención profunda en el terreno y un rediseño del sistema de impermeabilización y drenaje, no solo una actuación superficial.
