Los ingenieros de Caminos exigen a Aagesen un plan integral para las presas y denuncian la falta de respuesta del Ministerio

La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, presidida por José Trigueros, ha vuelto a solicitar una reunión urgente a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ante lo que considera una situación crítica en materia de seguridad, conservación y gobernanza del parque de presas en España. La iniciativa, que parte de esta Asociación profesional integrada en el Instituto de la Ingeniería de España, se produce después de que una primera solicitud de entrevista remitida el 23 de octubre de 2025 no haya obtenido respuesta por parte del Ministerio.

La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado (AICAPE) se ha sumado también a la preocupación expresada en otra carta también dirigida al Ministerio expresando su preocupación con la situación de explotación y mantenimiento de las presas de titularidad estatal, y el sindicato CSIF ha manifestado su respaldo a la AICAPE y, en consecuencia, a las reivindicaciones coincidentes de ambas organizaciones, aportando además una visión complementaria desde la perspectiva de los derechos laborales y de la protección de las condiciones de trabajo del personal técnico responsable de estas infraestructuras.

En su carta de 3 de febrero de 2026, firmada por José Trigueros, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil traslada a la ministra su “profunda preocupación” por la seguridad del sistema de presas, recordando que España cuenta con 2.453 presas en explotación, de las cuales más de 1.300 son grandes presas, lo que sitúa al país entre los de mayor capacidad de regulación hídrica del mundo. Y advierte de que aproximadamente un 40 % están clasificadas en Categoría A, es decir, su eventual rotura podría afectar gravemente a núcleos urbanos y poner en riesgo directo a decenas de miles de personas.

El documento detalla el envejecimiento estructural del parque: la edad media de las presas españolas ronda los 50 años, más de 600 superan el medio siglo y alrededor de un centenar tienen más de cien años. Este escenario exige, según la Asociación, actuaciones constantes de mantenimiento, modernización y control que no se están realizando con la intensidad necesaria. En el caso concreto de las 375 grandes presas de titularidad estatal, la propia Administración reconoce que el 75 % requieren estudios complementarios de seguridad, el 65 % necesitan renovar sus sistemas de auscultación, el 30 % precisan refuerzos estructurales y el 50 % la rehabilitación de sus desagües de fondo. Para la Asociación, estos datos evidencian un deterioro generalizado que incrementa de forma inaceptable el riesgo para la población aguas abajo si no se actúa con urgencia.

Falta de liderazgo técnico

Más allá del estado físico de las infraestructuras, la carta incide de forma amplia en el modelo de gobernanza. La Asociación denuncia la ausencia de ingenieros de Caminos en puestos estratégicos de decisión en la Dirección General del Agua y en las confederaciones hidrográficas, cuestionando que la política hidráulica y la seguridad de presas no estén lideradas de manera sistemática por profesionales con formación específica y experiencia acreditada en ingeniería hidráulica, hidrología y seguridad de presas. A su juicio, la gestión de infraestructuras de alto riesgo no puede abordarse desde planteamientos exclusivamente administrativos o políticos, y la falta de liderazgo técnico explica en parte la ineficacia del control, la deficiente gestión de emergencias y el progresivo deterioro de numerosas presas.

La Asociación también alerta sobre la falta de independencia del sistema de supervisión, al coincidir en muchos casos la Administración titular de las presas con el órgano encargado de su control, así como sobre la grave escasez de medios humanos y materiales en las confederaciones hidrográficas y en la propia Dirección General del Agua. A ello se suma, según el escrito, una normativa con deficiencias relevantes: la Norma Técnica de Seguridad derivada del Real Decreto 264/2021 presenta una aplicación no vinculante en la mayoría de las presas existentes, carece de un diagnóstico previo integral del parque, establece criterios ambiguos en materia hidrológica, estructural y sísmica y aborda de forma meramente formal el impacto del cambio climático, cuando el riesgo hidrológico es la principal causa histórica de rotura de presas.

Demolición de presas

El texto dedica asimismo un apartado a la política de demolición de presas y azudes, especialmente al finalizar concesiones hidroeléctricas. La Asociación expresa su preocupación por la pérdida de activos útiles para la regulación hídrica, la laminación de avenidas, la gestión de sequías y la generación de energía renovable, así como por la desaparición de un patrimonio relevante de la ingeniería española. Se menciona como caso significativo el derribo del azud-presa de Puente de Mesa, en Segovia, ejecutado en horario nocturno, lo que ha generado malestar social en el territorio.

Plan integral de conservación y seguridad

Ante este panorama, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil solicita formalmente la puesta en marcha de un plan integral de conservación y seguridad de presas que incluya un incremento sustancial de la inversión pública, el refuerzo de los medios humanos y técnicos especializados, la creación de un organismo independiente de seguridad de presas con autoridad suficiente y, de manera ineludible, la recuperación del liderazgo técnico en la gobernanza del agua, reservando los puestos clave de decisión a ingenieros con la formación y experiencia adecuadas. En su conclusión, advierte de que la seguridad de las presas “no admite dilaciones” y reclama abordar estas cuestiones antes de que se produzca un suceso grave, previsible y evitable.

A esta iniciativa se ha sumado posteriormente la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado (AICAPE), que agrupa a los ingenieros funcionarios responsables directos de la gestión pública de infraestructuras hidráulicas, alineándose con el diagnóstico técnico y las demandas formuladas. Finalmente, el sindicato CSIF ha manifestado su apoyo a la AICAPE y, por extensión, a las reivindicaciones compartidas por ambas organizaciones, subrayando la necesidad de reforzar plantillas, garantizar la independencia técnica y priorizar la seguridad estructural de las presas.

El encadenamiento de apoyos institucionales sitúa el debate sobre la seguridad de presas en el centro de la agenda de la ingeniería civil española y evidencia una preocupación transversal en el ámbito profesional y funcionarial. Con la reiteración de la solicitud de reunión a la ministra, las asociaciones reclaman abrir un diálogo técnico de alto nivel que permita reconducir una situación que, a su juicio, compromete tanto la resiliencia de las infraestructuras estratégicas como la seguridad de la ciudadanía.