La rendición de cuentas
En estos últimos años el dinero público ha adquirido en España una cualidad sorprendente, la de producir titulares y eslóganes electorales al mismo ritmo que deja de producir resultados. Los millones comparecen puntuales ante las cámaras, pero las obras están de baja por asuntos propios. El Gobierno de Pedro Sánchez ha perfeccionado esa administración de las expectativas hasta concluir toda una legislatura sin presupuestos, con decenas de miles de millones en modificaciones de crédito, advertencias de incumplimiento fiscal y partidas de inversión que llegan a diciembre sin ejecutarse. Una contabilidad que haría sentirse bastante incómodo a cualquiera que no goce de esa “ambición desmedida” de la que habla el golpista amnistiado Puigdemont.
Un presupuesto tiene la desagradable costumbre de exigir prioridades, apoyos parlamentarios y explicaciones. Conservar sin fecha de caducidad unas cuentas aprobadas en 2022 a costa de prolongar una provisionalidad políticamente insostenible es seguramente el mayor fracaso de una legislatura inviable. Pero Sánchez pretende ahora, en sus entrevistas electorales, convertirlo en virtud y asegurarnos que es una ventaja.
La AIReF ha tenido la descortesía de atreverse a poner cifras. Hasta agosto de 2026, las modificaciones de crédito en operaciones no financieras ascendían a 38.240 millones de euros. En ocho meses superaban los 29.300 millones de todo 2025 y los 20.452 millones de 2024. La cifra incluye ampliaciones, transferencias y otros ajustes presupuestarios. El remiendo ha adquirido dimensiones de sistema. A este paso, la excepción necesitará un ministerio propio. Será por ministerios…
La advertencia del supervisor deja poco espacio para la complacencia: “El recurso a estas excepciones reduce la trazabilidad del gasto, limita la transparencia presupuestaria y afecta a la rendición de cuentas”. Resulta cuando menos curioso que una Administración que exige a cada ciudadano el detalle de cada factura y justificante, encuentre luego tantas dificultades para ofrecer una visión clara de lo que luego se hace con sus impuestos.
También los compromisos fiscales parecen haberse contagiado de esa evanescencia que siempre ha caracterizado a los compromisos electorales de nuestro presidente. La AIReF prevé que el gasto primario neto crezca un 7,3 % en 2026, frente al 3,5 % comprometido en el plan fiscal. Para 2026-2028 calcula un aumento medio del 5,7 %, frente al 3,2 % acordado. Prevé el incumplimiento desde este año incluso con los mecanismos de flexibilidad disponibles y eleva la previsión de déficit al 2,8 % del PIB, pese al dinamismo de los ingresos. Pero parece que la autocomplacencia gubernamental es más elástica que el látex o que un polímero de esos que desarrolla la NASA.
La caja, entretanto, funciona espléndidamente. En 2025, la Agencia Tributaria ingresó 325.356 millones de euros, un 10,4 % más que el año anterior. Con semejante expansión de los ingresos, la exigencia de buena gestión debería aumentar en proporción. Pero aquí, además de confundir valor y precio también tratan de confundir el dinero recaudado con el servicio prestado. La izquierda siempre ha explicado que cualquier deficiencia en los servicios públicos se arregla con más impuestos. Igual están demostrando de forma casi irrefutable que el problema no es de fondos suficientes sino de gestión deficiente.
Y lo peor tal vez es esa afición a la ruleta rusa de este Gobierno al que todo le entra por un oído y le sale por el otro. Como los maquinistas de los trenes, la AIReF lleva tiempo advirtiendo de que los planes fiscales no concretan las medidas necesarias para cumplir los compromisos ni distribuyen responsabilidades entre administraciones. Y recalca el retroceso en transparencia de dejar de publicar información sobre la regla de gasto nacional. Pero con la misma cara de cemento que un presidente en una entrevista, Hacienda dice que la información disponible es suficiente. Y si no te vale, pregunta otra cosa, que ya verás.
En el asunto que más nos preocupa aquí, el de las infraestructuras, resulta que según la IGAE, Transportes dejó en 2025 unos 1.195,8 millones del mecanismo de recuperación sin obligaciones reconocidas. Transición Ecológica, otros 1.612,5 millones. Suman 2.808,4 millones. La ejecución fue del 38,2 % y del 32 %, respectivamente. Y el detalle concreta el alcance del atasco. En la reposición de infraestructuras del programa de red transeuropea quedaron pendientes 296,9 millones. En zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano, 413,6 millones. En apoyo al transporte sostenible y digital, 297,6 millones. En agua, los programas de recuperación de acuíferos con recursos alternativos y digitalización de sus usos cerraron con 706,7 y 735 millones, sin ejecutar respectivamente.
“Vuelva usted mañana”, decía Larra. Casi dos siglos después, con récords de recaudación tributaria y fondos europeos, seguimos esperando a ese mañana. Casi cualquier infraestructura exige años de decisiones encadenadas. Carreteras, ferrocarriles y obras hidráulicas necesitan proyectos, autorizaciones, contratos, inspecciones y conservación sostenida. Las empresas deben organizar personal, maquinaria y suministros sobre calendarios creíbles. La incertidumbre presupuestaria y los retrasos dificultan esa organización y pueden encarecer las actuaciones. La ingeniería tiene esa incompatibilidad con la propaganda, porque al final requiere construir algo que funcione.
La conservación exige, además, financiación estable y una prioridad propia. Los fondos extraordinarios de recuperación no resuelven por sí solos el mantenimiento ordinario. Inspeccionar, renovar y reparar tiene una rentabilidad pública que rara vez cabe en una fotografía. Ahí se mide la seriedad de un Gobierno, en la atención a lo que sostiene la vida cotidiana incluso cuando apenas ofrece lucimiento.
Poner orden en todo este desbarajuste exigirá presupuestos actualizados, modificaciones de crédito comprensibles, seguimiento público de los proyectos y responsabilidades por los retrasos. También exigirá directivos capaces de escuchar a los técnicos antes de que la avería convierta su criterio en una necesidad urgente. Los ingenieros necesitan capacidad para planificar y ejecutar. Utilizarlos como figurantes de una presentación sirve de bien poco al ciudadano que espera resultados.
Sánchez debería bajar el volumen de las fanfarrias sobre su gran desempeño económico. Para el ciudadano que paga más y ve empeorar el servicio que utiliza, el “milagro económico” tiene la ingrata apariencia de una factura creciente. El trabajo del próximo Gobierno no será fácil después de una legislatura que ha convertido la prórroga y la ausencia rendición de cuentas en costumbre. Y cabe esperar, por el bien de todos los españoles, que al levantar las alfombras no aparezcan obligaciones, costes o problemas mucho más desagradables aún de lo que hoy permite ver la información pública.
