La investigación del apagón del 28 de abril deja abierta la batalla por responsabilidades millonarias

Casi un año después del gran apagón que dejó sin suministro eléctrico a la Península Ibérica el 28 de abril de 2025, las investigaciones europeas, regulatorias, parlamentarias y judiciales convergen en un diagnóstico de fallos encadenados en el sistema. Sin un responsable único definido, los informes y las comunicaciones reveladas entre operadores y compañías apuntan a una combinación de errores técnicos, decisiones operativas discutibles y un mix de generación tensionado, en un contexto que podría derivar en reclamaciones económicas de gran magnitud.

La investigación del apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 ha entrado en una fase de consolidación de conclusiones en la que, si bien persiste la dificultad de atribuir una responsabilidad individual clara, sí emerge con nitidez un patrón de fallos sistémicos que afectaron a todos los niveles del sistema eléctrico. El informe de la red europea de operadores (ENTSO-E) describe una cadena de eventos en la que confluyeron problemas de control de tensión, desconexiones en cascada, especialmente en instalaciones renovables, y una respuesta insuficiente de los mecanismos de estabilización.

Uno de los elementos que ha ganado peso en el análisis técnico es la configuración del mix de generación en el momento del incidente. Diversas fuentes coinciden en señalar que el sistema operaba con una elevada penetración de energías renovables, particularmente solar y eólica, lo que redujo significativamente la inercia del sistema y su capacidad de amortiguar perturbaciones. Este factor se habría visto agravado por una menor disponibilidad de generación nuclear, tradicionalmente asociada a una mayor estabilidad y aportación de potencia firme.

Aunque los informes oficiales evitan formular esta conclusión en términos categóricos, en el sector se considera cada vez más evidente que el sistema operó en condiciones próximas a su límite técnico. La elevada presencia de generación no gestionable, combinada con una menor aportación de tecnologías síncronas como la nuclear o los ciclos combinados, habría reducido los márgenes de seguridad ante perturbaciones, facilitando la propagación de las oscilaciones que desencadenaron el colapso.

Este diagnóstico se ve reforzado por la evolución posterior del propio sistema eléctrico. Tras el apagón, el operador y las autoridades han propiciado una configuración del mix más conservadora, con una mayor presencia de generación con gas y un refuerzo de los mecanismos de respaldo. Este cambio, interpretado por parte del sector como un ajuste técnico necesario, ha sido leído también como un reconocimiento implícito de que el sistema fue llevado al límite en busca de máximos de generación renovable sin contar aún con las herramientas suficientes para garantizar su estabilidad.

Conversaciones entre Redeia y las eléctricas

En este contexto, cobra especial relevancia la información conocida sobre las comunicaciones previas entre el operador del sistema y las compañías eléctricas. Las conversaciones publicadas demuestra que se produjeron advertencias de las eléctricas sobre anomalías en la red y situaciones de tensión en los días anteriores al incidente, e incluso ese mismo día, lo que introduce un elemento clave en la eventual atribución de responsabilidades, el de la existencia de señales de riesgo que no habrían sido plenamente gestionadas o traducidas en medidas operativas suficientes.

El informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia añade un elemento adicional al señalar que el sistema disponía de herramientas para haber evitado o mitigado el apagón, lo que apunta a posibles deficiencias en la gestión operativa y en la coordinación entre agentes. El regulador ha identificado carencias en la visibilidad del estado de la red, en la gestión de la tensión y en la respuesta ante cambios bruscos, así como debilidades estructurales como la limitada interconexión con el sistema eléctrico europeo.

En paralelo, la investigación política sigue su curso en el Congreso y el Senado, donde se han documentado advertencias previas sobre problemas estructurales en la red y sobre la creciente complejidad derivada de la integración masiva de renovables. Estas comparecencias están contribuyendo a perfilar un relato en el que las decisiones técnicas y regulatorias adoptadas en los meses anteriores al apagón adquieren una relevancia central.

Ámbito judicial

En el ámbito judicial, las diligencias abiertas se centran en la posible existencia de responsabilidades técnicas y operativas, una vez descartada la hipótesis de sabotaje. El carácter altamente interdependiente del sistema eléctrico complica, sin embargo, la identificación de una causa única, lo que anticipa procesos complejos en los que será necesario determinar el grado de contribución de cada agente al resultado final.

Las consecuencias económicas del apagón constituyen otro de los ejes fundamentales de la investigación. El incidente afectó a millones de usuarios, paralizó infraestructuras críticas y provocó interrupciones significativas en la actividad industrial, con pérdidas que se estiman en varios miles de millones de euros. Sectores como el transporte, la industria electrointensiva o las telecomunicaciones se vieron especialmente afectados, lo que ha dado lugar a la preparación de reclamaciones por daños y perjuicios.

Compensaciones económicas

El régimen de compensaciones dependerá en gran medida de cómo se configuren las responsabilidades. Si se acredita un fallo sistémico sin culpables individuales claros, las compensaciones podrían limitarse a los mecanismos previstos en la normativa eléctrica para interrupciones del suministro. Sin embargo, si se identifican conductas negligentes o decisiones operativas inadecuadas, podrían abrirse la puerta a reclamaciones de mayor alcance contra el operador del sistema, las empresas generadoras o incluso la propia Administración en función de su papel regulador.

La investigación del apagón del 28 de abril está evolucionando hacia un escenario en el que la responsabilidad aparece distribuida entre distintos actores, pero en el que también cobra fuerza el debate sobre los límites técnicos del actual modelo energético. La combinación de una elevada penetración renovable, una menor presencia de generación firme y una infraestructura aún en proceso de adaptación ha puesto de manifiesto que la transición energética no es solo un desafío de inversión, sino también de ingeniería y de gestión operativa. La resolución de este caso no solo determinará el reparto de costes, sino que marcará el diseño del sistema eléctrico en los próximos años.