La estrategia energética del Gobierno es que sus errores los paguemos todos

La reciente propuesta del Gobierno para que el sobrecoste del “plan antiapagón”, ese sistema reforzado que Red Eléctrica se vio obligada a poner en marcha tras el 28 de abril, sea financiado mediante una subida en los peajes, uno de los conceptos que nadie entiende del todo pero que pagan los consumidores en su factura eléctrica resulta, cuando menos, profundamente injusta y políticamente cuestionable. Lo que el el Ejecutivo pide a la CNMC es que considere estos nuevos servicios de ajuste como un coste más de la red eléctrica, trasladando así a los consumidores domésticos un gasto que no debería recaer sobre ellos.

Es profundamente injusto porque se pretende impone este coste extra a unos contribuyentes que ya pagan con creces en sus impuestos todos los servicios e infraestructuras de primer nivel que deberían recibir a cambio. Argumentar que los impuestos deben subir porque así nos igualamos a otros países europeos implica que con esos impuestos deberíamos recibir a cambio mejores servicios. Estamos ante un Gobierno con récords de recaudación fiscal. España no sufre carencia de recursos públicos y además debería contar, si el Gobierno fuese capaz de gestionarlos, con ingentes fondos europeos que están muy lejos de haberse desplegado en su totalidad.

Muchos de esos fondos aún no han sido concedidos o ejecutados, y podrían haberse utilizado para compensar económicamente este tipo de refuerzos del sistema eléctrico, especialmente cuando se trata de garantizar la seguridad del suministro. Tratar de cargar sobre los peajes domésticos estos costes añadidos es una forma encubierta de socializar el gasto sobre los ciudadanos más vulnerables, que no han tenido ninguna responsabilidad sobre las carencias estructurales del sistema.

Y es políticamente cuestionable porque el Gobierno afirma que “el problema es de red y no de estrategia energética”. Esa afirmación es tremendamente reveladora de lo que para este Ejecutivo es una estrategia. Y parece evidente, escuchando las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica o las del propio presidente del Gobierno, que una estrategia es para ellos un plan político que como decía Napoleón, se viene abajo en cuanto se dispara el primer cañonazo, porque es totalmente ajena a la realidad.

¿Qué tipo de estrategia energética es esta que en su momento no tuvo en cuenta la realidad de nuestra red energética? Es como si Óscar Puente nos dijese que su estrategia para que los trenes de cercanías presten un buen servicio es estupenda, pero que no funciona porque los usan millones de personas y además se empeñan todos en viajar en hora punta. Las limitaciones físicas en la red, la falta de capacidad de transporte, los cuellos de botella, las saturaciones y las oscilaciones de potencia son consecuencia directa de una planificación energética deficiente, que no ha pensado con suficiente rigor técnico dónde generar, cómo almacenar, cómo integrar renovables, ni cómo reforzar las redes.

Lo que se propone ahora es gravar aún más los recibos de luz aumentando los peajes, que son una parte fija y regulada de la factura, pagos que, por su naturaleza, son inevitables para cualquier consumidor, ya sean particulares o empresas e industrias. Es decir, no hablamos de un impuesto ocasional, sino de una tasa estructural que, si se eleva, impactará mes a mes en el conjunto de nuestra economía. El Ministerio para la Transición Ecológica señala que esta medida debe estudiarse “analizando cuidadosamente el impacto sobre los peajes y evitando un incremento excesivo en la factura de los consumidores domésticos”. Son de nuevo consignas políticas que no evitarán ni un mayor castigo a los hogares ni una pérdida de competitividad para nuestras empresas.

Esa estrategia energética de la que tan orgulloso está el Gobierno, reflejada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es todo menos una estrategia o un plan y está concebido pensando en cualquier cosa menos en la energía y el clima. Es un plan que no tiene en cuanta la red de la que disponemos, que no ha previsto cómo integrar nuestra inmensas capacidades de generación de energía eólica y fotovoltaica, que no contempla soluciones para el almacenamiento y que pretende eliminar la nuclear para sustituirla por centrales de gas, lo que sin duda resultará muy beneficioso para combatir el cambio climático.

Nuestra estrategia energética es un juego de pasillos, un conjunto de instrumentos ideológicos antes que un proyecto técnico estratégico. Si un Gobierno diseñara una estrategia seria, estaría pensando ya en el futuro, en cómo reforzar la red para integrar más renovables, en desplegar almacenamiento, en optimizar flujos y en modernizar infraestructuras. No estaría pidiendo a la CNMC que suba los peajes después de un apagón para que los ciudadanos paguen dos veces para no quedarse a oscuras.

Porque lo que es evidente es que una buena estrategia energética no puede ser el producto de una negociación política, debería ser fruto del trabajo de técnicos expertos e ingenieros cualificados de los que sin duda no carecemos, pero a los que nadie pide su opinión, porque no votan en el Congreso. Y al final, pagaremos todos, con un sistema más caro, menos fiable y más nocivo para el clima, justo lo contrario de lo que nos quieren vender.