La CNMC impone una multa histórica a Repsol y veta temporalmente a varias de sus filiales de los contratos públicos

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha anunciado una sanción de 20,5 millones de euros a varias filiales del Grupo Repsol en el área de venta de carburantes y ha decidido además prohibirles presentarse a licitaciones públicas para el suministro de gasóleo A durante seis meses, en una decisión que marca un hito en la aplicación de la normativa de competencia en España.

Según la resolución hecha pública este martes por el organismo regulador presidido por Cani Fernández, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio incurrieron entre abril y diciembre de 2022 en una política comercial de “estrechamiento de márgenes abusivo” que, en la práctica, habría perjudicado a estaciones de servicio independientes —especialmente las de bajo coste— que compiten con su red. La CNMC considera que estas prácticas, combinadas con la posición dominante del grupo en el mercado mayorista de carburantes, afectaron de forma grave a la competencia y al normal funcionamiento del mercado.

La conducta sancionada consistió, según el regulador, en incrementar de manera generalizada el precio mayorista del gasóleo A a las estaciones de servicio independientes mientras simultáneamente aplicaban descuentos adicionales en su propia red de estaciones, lo que facilitó la recuperación de ventas y cuota de mercado de Repsol durante un periodo de fuertes subidas de precios motivadas por la crisis energética en el contexto de la guerra en Ucrania. Estas prácticas coincidieron con un periodo en 2022 en el que el precio del gasóleo A llegó a ser más alto que el de la gasolina en España por primera vez, un fenómeno que presionó especialmente a los transportistas y otros profesionales que dependen de ese combustible.

La prohibición de contratar con la administración pública, que se aplicará durante seis meses, afecta exclusivamente a las filiales sancionadas (Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio) en el ámbito de licitaciones públicas relacionadas con el suministro de combustibles para automoción (gasóleo A). Esta medida no se extiende oficialmente a toda la matriz Repsol, S.A. ni a otras sociedades del grupo que no han sido objeto de la sanción, aunque las matrices sí responden solidariamente por la infracción cometida por sus filiales en lo relativo al pago de la multa.

El expediente que ha terminado con esta sanción se remonta a inspecciones realizadas a finales de 2022 tras denuncias de asociaciones del sector de estaciones de servicio independientes, que motivaron la apertura formal del procedimiento sancionador por parte de la CNMC en diciembre de 2023 por posible abuso de posición dominante en el mercado de distribución mayorista de hidrocarburos.

Repsol recurrirá la sanción

La repercusión de la decisión ha sido inmediata. Repsol ha rechazado de forma tajante la sanción y la prohibición de contratar, calificándola de “parcial y descontextualizada” y anunciando que recurrirá la resolución ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En un comunicado, la compañía subraya que la CNMC no habría acreditado ni una posición de dominio ni un efecto de exclusión real en el mercado y que sus actuaciones en 2022 se desarrollaron “con transparencia y en beneficio de los consumidores” en un contexto marcado por la inflación y las disrupciones energéticas de aquel año. Repsol también ha señalado que los descuentos aplicados eran conocidos y estaban supervisados por la propia administración.

La medida de Competencia no es firme y puede ser impugnada ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses desde su notificación, lo que abre la puerta a un proceso judicial que podría reinterpretar o incluso revertir la sanción. La decisión también reaviva el debate sobre las prácticas de las grandes operadoras energéticas en mercados oligopolísticos como el de los carburantes en España, donde cuestiones como la transparencia, la competencia efectiva y los márgenes de beneficio han sido objeto de escrutinio tanto por parte de autoridades como de asociaciones de consumidores y profesionales.