Iberdrola recurre la retribución de las redes y acusa a la CNMC de enfocar mal los expedientes del apagón

La eléctrica ha impugnado las circulares que fijan la metodología de retribución de las redes para el periodo 2026-2031 y sostiene que el regulador introduce riesgo en una actividad regulada sin reconocerlo adecuadamente en la remuneración. Su consejero delegado en España, Mario Ruiz-Tagle, también ha cuestionado que la investigación del apagón avance sobre posibles incumplimientos sin que, a su juicio, estén cerradas las causas técnicas del cero eléctrico.

Iberdrola ha elevado el pulso regulatorio sobre las redes eléctricas en plena discusión sobre las inversiones necesarias para electrificar la economía española. El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, ha confirmado que la compañía ha recurrido las circulares de retribución aprobadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, al considerar que no cumplen la legalidad vigente y que no reconocen de forma adecuada el riesgo que se traslada a las distribuidoras. “Los plazos para hacerlo ya vencieron, y lo hicimos”, señaló durante su intervención en el curso de economía organizado por APIE en Santander.

El conflicto se centra en las circulares aprobadas por la CNMC en diciembre para el nuevo periodo regulatorio 2026-2031. El regulador fijó una tasa de retribución financiera del 6,58% para las actividades de transporte, operación del sistema y distribución eléctrica, cien puntos básicos por encima del periodo anterior, y aprobó una nueva metodología de retribución de la distribución orientada, según la CNMC, a mejorar la eficiencia de las redes, reducir pérdidas, incentivar la calidad del suministro y facilitar la electrificación sin disparar los peajes que pagan los consumidores.

Para Iberdrola, sin embargo, la nueva metodología altera el equilibrio técnico y económico de una actividad que la Ley del Sector Eléctrico configura como regulada y de bajo riesgo. La compañía sostiene que el modelo introduce incertidumbre sobre la recuperación de determinadas inversiones, especialmente cuando la retribución pasa a depender en parte de variables asociadas al incremento de potencia o de demanda, factores que no siempre están bajo control directo del distribuidor. Esa es precisamente una de las objeciones que ya aparecían en el dictamen del Consejo de Estado, que advirtió de que la metodología debía eliminar los elementos que supusieran trasladar a las distribuidoras riesgo de nueva demanda y justificar mejor que los parámetros aprobados permitían cubrir los costes de una empresa eficiente y obtener una rentabilidad adecuada.

El debate no es solo financiero, sino también técnico. Las redes de distribución han dejado de ser una infraestructura pasiva dedicada a llevar electricidad desde la red de transporte hasta el consumidor final. La entrada masiva de autoconsumo, almacenamiento, puntos de recarga, bombas de calor, electrificación industrial y generación distribuida obliga a anticipar inversiones, digitalizar la operación y reforzar la capacidad de conexión. En ese contexto, la discusión sobre la retribución determina si las compañías tienen incentivos suficientes para acometer refuerzos, automatización, sensorización, gestión avanzada de la tensión y nuevas funcionalidades de red inteligente.

Equilibrio entre inversión y sostenibilidad económica

La CNMC defiende que su diseño busca un equilibrio entre inversión y sostenibilidad económica del sistema. En su nota de aprobación, el organismo subrayó que había desarrollado un procedimiento con consultas públicas, trámites de audiencia, reuniones con agentes del sector y dictámenes del Consejo de Estado, y que las circulares habían sido debatidas 69 veces en el Consejo del regulador. También señaló que se retribuirían las inversiones hasta el 0,13% del PIB con valores auditados y que el mecanismo de sostenibilidad quedaba circunscrito a determinadas inversiones ligadas a la demanda recogidas en el futuro real decreto de planes de inversión de redes.

La crítica de Iberdrola llega además en un momento especialmente sensible para el sistema eléctrico español por la investigación del apagón del 28 de abril de 2025. La CNMC concluyó en abril que el incidente tuvo un origen multifactorial, asociado a una serie temporal de sucesos que desequilibraron progresivamente el sistema y culminaron en un cero eléctrico por sobretensión. El regulador abrió expedientes sancionadores por indicios de incumplimientos de la normativa sectorial, aunque precisó que esos procedimientos no implican por sí mismos atribuir a las empresas afectadas el origen o la causa del apagón.

Ruiz-Tagle cuestionó precisamente esa secuencia investigadora. Según el directivo, algunos expedientes no estarían estrictamente vinculados al apagón y otros no tendrían relación directa con el incidente, como los referidos a centrales nucleares que se encontraban paradas. También pidió acceso a los datos utilizados por el regulador para contrastarlos con los de la compañía y lanzó una crítica de fondo al enfoque de la investigación: “Es curioso que estemos resolviendo lo que pasó después del apagón sin saber las causas todavía del apagón. ¿No estaremos ocupando un remedio equivocado?”, planteó.

La posición de Iberdrola reabre así dos frentes que convergen sobre una misma cuestión: la gobernanza técnica del sistema eléctrico en plena transición energética. Por un lado, las empresas reclaman un marco retributivo que permita acelerar inversiones en redes sin introducir riesgos que consideran impropios de una actividad regulada. Por otro, la investigación del apagón ha puesto bajo escrutinio la operación del sistema, el control de tensión, la coordinación entre transporte, generación y distribución, y la capacidad del regulador para depurar responsabilidades sin confundir incumplimientos administrativos con causalidad técnica directa.

Planes de inversión de las redes de transporte y distribución

El Gobierno, mientras tanto, ha aprobado tramitar de urgencia el real decreto que regulará los planes de inversión de las redes de transporte y distribución, una pieza normativa llamada a complementar las circulares de la CNMC y a ordenar los volúmenes de inversión necesarios en los próximos años. Según las informaciones difundidas tras el Consejo de Ministros, el marco en preparación contempla aumentos de inversión hasta 2030 de 3.600 millones de euros para transporte y 7.700 millones para distribución, por encima de los actuales límites vinculados al PIB.

El recurso de Iberdrola ante las circulares no paraliza por sí solo la aplicación del nuevo marco, pero añade incertidumbre judicial a una regulación clave para el despliegue de nueva demanda eléctrica. En un sistema que necesita absorber más renovables, garantizar estabilidad de tensión, conectar industria electrointensiva y reforzar su resiliencia tras el apagón, la disputa entre el regulador y una de las principales distribuidoras del país anticipa una batalla de fondo sobre cuánto debe invertirse en redes, quién asume el riesgo de esas inversiones y qué señales económicas son necesarias para que la electrificación avance al ritmo previsto.