El PNV propone abrir a terceros las obras de Red Eléctrica con retrasos de más de tres años

El Grupo Vasco ha presentado una enmienda en el Congreso para que las infraestructuras planificadas de la red de transporte que no avancen en plazo puedan salir a concurrencia pública. La iniciativa apunta a uno de los grandes cuellos de botella de la electrificación en España, con subestaciones y posiciones de red que acumulan demoras medias de entre 5,7 y 7,1 años.

El PNV ha llevado al Congreso una enmienda para intentar desbloquear la ejecución de infraestructuras eléctricas planificadas que acumulan retrasos prolongados en la red de transporte. La propuesta, registrada en el marco del proyecto de ley que regula el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión, plantea modificar la Ley del Sector Eléctrico para que determinadas actuaciones de Red Eléctrica de España puedan someterse a concurrencia pública cuando no se hayan tramitado o ejecutado dentro de los plazos previstos. La medida afecta de forma especial a las instalaciones destinadas a conectar nueva demanda eléctrica o a reforzar las redes de distribución, precisamente los elementos que condicionan la electrificación industrial, la conexión de nuevos consumos, el desarrollo urbano, los centros de datos, la movilidad eléctrica y los nuevos proyectos asociados al hidrógeno verde.

La enmienda propone que, cuando hayan transcurrido tres años desde la fecha prevista en la planificación para la puesta en marcha de instalaciones de la red de transporte destinadas a la conexión de consumidores o al apoyo a la red de distribución sin que se haya obtenido la autorización administrativa, se suspenda su tramitación ordinaria y esas actuaciones queden sujetas a concurrencia. En la práctica, eso permitiría que la Secretaría de Estado de Energía convocara licitaciones abiertas a otros agentes para financiar, construir o desarrollar infraestructuras que hasta ahora dependen del transportista único del sistema. Para el resto de instalaciones de la red de transporte, el umbral planteado por el PNV sería de cinco años de demora.

La iniciativa toca un punto especialmente sensible del modelo eléctrico español. Red Eléctrica actúa como transportista único y operador del sistema eléctrico, una doble función que le atribuye el papel central en el desarrollo, operación y mantenimiento de la red de transporte en alta tensión. Ese modelo ha sido defendido históricamente por su neutralidad y por la consideración de la red como un monopolio natural regulado, pero la acumulación de retrasos en infraestructuras críticas ha reabierto el debate sobre si el sistema actual ofrece suficientes incentivos y mecanismos de corrección cuando la planificación aprobada no se materializa en plazo.

Directiva europea

El PNV apoya su planteamiento en la Directiva europea 2019/944, que ya prevé que, si el gestor de la red de transporte no ejecuta una inversión incluida en el plan de desarrollo y que debía realizarse en los tres años siguientes, la autoridad reguladora pueda adoptar medidas para garantizar su ejecución. Entre esas medidas figuran requerir al gestor que ejecute la inversión, organizar una licitación abierta a cualquier inversor u obligar al gestor a aceptar una ampliación de capital que permita la participación de inversores independientes. La enmienda sostiene que esa previsión europea no ha sido trasladada de forma expresa y plenamente operativa al ordenamiento español.

El trasfondo técnico de la propuesta es la creciente preocupación por el desfase entre la planificación eléctrica y la ejecución real de las infraestructuras. Un estudio elaborado por PwC para Aelec sobre el grado de cumplimiento de la planificación eléctrica cifra el problema con claridad. El borrador de la Planificación Eléctrica 2025-2030 contempla atender 27,7 gigavatios de nueva demanda desde la red de transporte mediante 659 posiciones en 254 subestaciones, con una inversión específica de 1.342 millones de euros en posiciones y líneas con afección directa a distribución y demanda. Sin embargo, una parte sustancial de esas actuaciones procede de planes anteriores y no de nuevas necesidades detectadas ahora.

Según ese análisis, 354 de las 659 posiciones estudiadas, el 54 por ciento, presentan retrasos en su ejecución, con una demora media de 5,7 años. Además, 63 posiciones acumulan más de una década de retraso. En el caso de las subestaciones, el cuello de botella es todavía más acusado, ya que 161 de las 254 analizadas, el 63 por ciento, presentan retrasos, con una demora media de 7,07 años y 49 subestaciones por encima de los diez años de parálisis. El informe subraya que el problema no se concentra en una comunidad autónoma concreta, sino que se extiende de forma bastante homogénea por el territorio nacional.

Problema de capacidad física de la red

La consecuencia es que la red de transporte, que debería ser la columna vertebral de la transición energética, corre el riesgo de convertirse en un factor limitante. La instalación de nueva generación renovable, el despliegue de almacenamiento, la electrificación de consumos industriales, la conexión de nuevos desarrollos logísticos y urbanos o la alimentación de infraestructuras ferroviarias y portuarias dependen de que existan posiciones, subestaciones, transformadores, líneas y elementos de compensación disponibles en plazo. Cuando esas actuaciones se heredan de una planificación a otra sin ejecutarse, el problema deja de ser solo administrativo y pasa a ser un problema de capacidad física de red.

La enmienda del PNV introduce por ello una lógica de presión regulatoria sobre el transportista. No cuestiona formalmente el modelo de Red Eléctrica como operador y transportista único, pero sí plantea que la exclusividad no pueda traducirse en bloqueo indefinido de actuaciones esenciales para la demanda y la distribución. Su aprobación supondría abrir una vía excepcional para que determinadas inversiones planificadas, una vez superados los umbrales de retraso, pudieran ser ejecutadas mediante procedimientos competitivos con participación de terceros.

La propuesta llega en un momento en el que la red eléctrica se ha convertido en una de las principales restricciones técnicas de la política energética española. El debate ya no se limita a cuánta potencia renovable puede instalarse, sino a si el sistema dispone de redes suficientes para evacuar generación, absorber nueva demanda y garantizar calidad de suministro en un escenario de electrificación acelerada. En ese contexto, la enmienda del PNV convierte los retrasos de la planificación eléctrica en un problema legislativo y abre una discusión de fondo sobre quién debe ejecutar las infraestructuras críticas cuando el calendario aprobado por la Administración se incumple durante años.