Forestalia, radiografía del gran caso de corrupción en la transición energética

La investigación abierta en Teruel sobre Forestalia ha dejado de ser un pleito local sobre macroparques eólicos para convertirse en uno de los procedimientos más delicados de los últimos años en el cruce entre transición energética, derecho ambiental y presunta corrupción administrativa. El caso gira en torno a la sospecha de que directivos de la compañía y altos cargos o antiguos responsables públicos habrían amañado o facilitado autorizaciones ambientales para grandes proyectos renovables, especialmente en Teruel, mediante presuntas contraprestaciones económicas, sociedades interpuestas y una tramitación paralela o privilegiada de expedientes. La causa penal abierta por delitos de prevaricación administrativa y medioambiental, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal, con varios detenidos y un enorme volumen documental ha obligado al juzgado a extender la instrucción.

Forestalia era, antes de todo esto, uno de los grandes nombres de las renovables españolas. La compañía, con sede en Zaragoza y fundada en 2011 por Fernando Samper, se presentaba como un promotor independiente de energías renovables con actividad en eólica, fotovoltaica y biomasa. Su crecimiento estuvo ligado al gran despliegue de proyectos en Aragón y a las subastas estatales de renovables de la pasada década. El sumario ha golpeado, por tanto, a una empresa que no era marginal ni periférica, sino uno de los emblemas del negocio verde en España.

Los orígenes del caso se sitúan varios años atrás y no nacen en un despacho policial, sino en la contestación social y jurídica a determinados proyectos. La primera denuncia que ha aflorado como arranque de la secuencia actual fue presentada por Teruel Existe en diciembre de 2022 ante la Fiscalía de Teruel, con un escrito en el que detallaba presuntas irregularidades administrativas para que parques eólicos, plantas fotovoltaicas y líneas de evacuación vinculadas a Forestalia obtuvieran el visto bueno ambiental pese a afectar, según los denunciantes, a zonas protegidas o presentar graves objeciones técnicas. A esa presión se sumaron municipios, particulares, plataformas ciudadanas y ecologistas, especialmente en torno al Clúster del Maestrazgo, que terminó convirtiéndose en la pieza central del caso.

Clúster del Maestrazgo

Ese Clúster del Maestrazgo es clave para entender la dimensión del asunto. Distintas informaciones coinciden en describirlo como el mayor proyecto eólico de España, con 20 parques, 125 aerogeneradores y una potencia del orden de 763 MW, en una zona de altísima sensibilidad ambiental y paisajística. La polémica no fue solo jurídica, sino también política y territorial, porque el proyecto se convirtió en símbolo del choque entre la aceleración de la transición energética y las garantías ambientales, urbanísticas y procedimentales. La investigación de la Guardia Civil y las acusaciones sostienen que precisamente en este expediente se concentraron maniobras de presión, cambios de criterio técnico y favores administrativos para allanar el camino de las autorizaciones.

El gran salto del caso llegó el 3 de marzo de 2026, cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel ordenó 12 entradas y registros en Zaragoza, Madrid y otras localidades madrileñas dentro de una investigación penal ya formalmente abierta contra Forestalia. La nota oficial del Poder Judicial situó desde ese momento el procedimiento en un marco muy preciso: posibles delitos de prevaricación administrativa, prevaricación medioambiental, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal. A partir de esa operación se consolidó la idea de que la causa no se limitaba a un expediente irregular, sino a una presunta estructura estable para favorecer proyectos renovables concretos.

Los principales investigados y detenidos que han ido apareciendo en la causa son, en primer lugar, Fernando Samper, fundador y máximo responsable de Forestalia; Eugenio Domínguez, exsubdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica; Montserrat Heredero, esposa de este; los hermanos Eduardo y Roberto Pérez Águeda, a quienes diversos atestados y coberturas atribuyen un papel de intermediarios o presuntos testaferros; y el notario Javier de Lucas y Cadenas. El sumario y la cobertura periodística los sitúan en el centro del supuesto circuito societario y patrimonial que, según la Guardia Civil, habría servido para canalizar pagos o ventajas relacionadas con la tramitación ambiental de proyectos.

Es alto cargo de Teresa Ribera

La pieza más delicada de la investigación apunta a Eugenio Domínguez. Según los testimonios recogidos por la Guardia Civil, distintos funcionarios del Ministerio describieron cómo este ex alto cargo, nombrado por Teresa Ribera, se habría autoasignado expedientes de Forestalia, habría creado una suerte de vía paralela o “caja negra” para controlar su tramitación y habría modificado o enderezado informes técnicos inicialmente problemáticos para la empresa.

La Guardia Civil le atribuye una presunta contraprestación de 5,2 millones de euros, extremo que forma parte de la investigación. The Objective, El medio que destapó el caso, asegura que empleados del ministerio sostenían que todas las licencias de Forestalia “pasaban por él” y salían adelante “sin apenas trabas administrativas”.

La otra gran pata de las pesquisas está en Aragón. Diversas informaciones sitúan bajo sospecha la actuación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, el Inaga, y en particular de Jesús Lobera, que dirigió el instituto entre 2016 y 2023, con los gobiernos socialistas de Francisco Javier Lambán. Aunque Lobera no figura entre los seis detenidos iniciales, varios atestados y testimonios lo presentan como una figura central en las presiones y cambios de procedimiento dentro de la rama aragonesa del caso. La tesis de los investigadores es que el entramado no se habría limitado al Ministerio, sino que habría tenido también una derivación autonómica decisiva para acelerar o reconducir expedientes ambientales de Forestalia.

Uno de los elementos que más se repite es la existencia de un entramado mercantil diseñado para ocultar pagos, participaciones o beneficios. Según han publicado distintos medios, la red vinculada al caso creó 19 sociedades en un año para ocultar fondos, y se han descrito firmas instrumentales, protocolos notariales y transmisiones de participaciones como parte del mecanismo presuntamente usado para beneficiar al matrimonio Domínguez-Heredero y evitar un rastro directo.

El caso se ha ido cruzando, además, con otros sumarios y con el ruido político nacional. The Objective viene insistiendo desde hace meses en conexiones societarias o de entorno entre Forestalia, Servinabar, Antxon Alonso, la familia Sumelzo y piezas del llamado caso Koldo o de la investigación sobre la SEPI. Algunas de esas relaciones aparecen descritas como coincidencias de apoderados, representantes, sociedades vehículo o pagos entre compañías; otras, como hipótesis de trabajo de la Guardia Civil aún no depuradas judicialmente.

Investigación compleja

En el plano procesal, la instrucción sigue abierta y compleja. El juzgado de Teruel suspendió la vista de medidas cautelares que debía celebrarse para decidir sobre la eventual paralización del Clúster del Maestrazgo, al entender que era necesario concretar mejor quién debía ser citado y evitar nulidades. Después, la causa ha entrado en una fase de ralentización por el volumen de documentación y por varios recursos de investigados. Los plazos se han suspendido hasta el 31 de marzo, y dos de los investigados, Eduardo y Roberto Pérez Águeda, han pedido la nulidad de actuaciones alegando problemas con el plazo máximo de instrucción. También se ha publicado que existe la posibilidad de que el procedimiento acabe elevándose a la Audiencia Nacional por su proyección territorial, aunque eso no está decidido.

Paralelamente, el Gobierno de Aragón ha logrado personarse en la causa como acusación particular, lo que le permitirá acceder a las actuaciones y defender, según ha dicho, los intereses de la comunidad. El Ministerio para la Transición Ecológica, por su parte, ha anunciado una investigación interna o auditoría, ha asegurado estar remitiendo toda la documentación al juez y sostiene que los expedientes investigados se encuentran recurridos y suspendidos en vía administrativa. Esa respuesta institucional refleja ya una consecuencia práctica del caso ya que el procedimiento judicial está condicionando la viabilidad administrativa y reputacional de algunos de los proyectos afectados.

Una cuestión especialmente sensible es quién responde por el Clúster del Maestrazgo y cuál es hoy el grado de implicación real de Copenhagen Infrastructure Partners, el fondo danés CIP. Distintas publicaciones recuerdan que CIP y Forestalia firmaron en noviembre de 2020 un acuerdo de asociación para desarrollar, entre otros, ese macroproyecto.

En los últimos días, el juez ha pedido a Fernando Samper que aclare de forma voluntaria quién es el propietario real del clúster y que aporte el contrato de venta, mientras Teruel Existe exige que se conozca el contenido íntegro del pacto para depurar responsabilidades. Esa derivada puede ser decisiva porque, si la causa acabara acreditando irregularidades en la obtención de permisos, se abriría un frente añadido sobre la posición jurídica de terceros inversores o socios industriales que hayan entrado después en los activos.

Gran causa sobre la trasición energética

De fondo, el caso Forestalia está convirtiéndose en una gran causa sobre la gobernanza de la transición energética en España. No se discute solo si hubo o no sobornos. También se está discutiendo si el sistema de autorizaciones de grandes proyectos renovables permitió una concentración excesiva de poder en determinados despachos, si los controles ambientales fueron sorteados mediante fragmentación de expedientes o manipulación de informes, y si la urgencia política por acelerar la descarbonización rebajó salvaguardas jurídicas elementales. Esa es la razón por la que el asunto interesa mucho más allá de Aragón: afecta al derecho administrativo, al derecho penal económico, al derecho ambiental y a la propia credibilidad del modelo de implantación renovable.

La situación actual, es una causa penal viva en el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, seis investigados iniciales de primer nivel, una sospecha central de amaño de autorizaciones ambientales a favor de Forestalia, una rama ministerial y otra aragonesa, un macroproyecto emblemático, el Maestrazgo, pendiente de decisiones cautelares y de aclaración societaria y una instrucción que todavía puede crecer, anularse parcialmente o incluso desplazarse de órgano judicial. Lo decisivo será ahora si la documentación incautada y las declaraciones de técnicos y testigos convierten el potente relato policial y periodístico de estas semanas en prueba judicial sólida. Hasta entonces, el caso Forestalia seguirá siendo, a la vez, una gran historia empresarial, una crisis política y un sumario abierto.

Cronología esencial

2011. Fundación de Forestalia por Fernando Samper, que se consolida durante la segunda mitad de la década de 2010 al calor de las subastas de renovables y el despliegue de grandes proyectos en Aragón.

Noviembre de 2020. La compañía da un salto estratégico al asociarse con Copenhagen Infrastructure Partners para desarrollar, entre otros, el macroproyecto eólico del Maestrazgo.

Entre 2021 y 2022. Crecen las impugnaciones sociales, administrativas y judiciales a estos proyectos.

Diciembre de 2022. Teruel Existe presenta una denuncia ante la Fiscalía que señala posibles irregularidades en la tramitación ambiental, lo que marca el inicio del recorrido penal del caso.

3 de marzo de 2026. El juzgado de Teruel ordena registros en varias ciudades e inicia formalmente una investigación por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo y organización criminal. En los días siguientes salen a la luz los principales investigados, entre ellos el propio Samper y el exalto cargo ministerial Eugenio Domínguez, así como la posible existencia de un entramado societario para canalizar contraprestaciones.

Marzo de 2026. La causa se amplía con nuevas revelaciones sobre la tramitación de expedientes, la implicación de órganos autonómicos y el papel de intermediarios empresariales. El procedimiento entra en una fase más técnica, con suspensión de vistas, recursos de las defensas y análisis de la documentación incautada. En paralelo, el Gobierno de Aragón se persona en la causa y el juez solicita aclaraciones sobre la titularidad del Clúster del Maestrazgo.

A día de hoy. La investigación continúa abierta, sin imputaciones firmes ni juicio, pero con un elevado impacto político, empresarial y jurídico, y con potencial para convertirse en uno de los grandes casos sobre la gobernanza de la transición energética en España.