El recorte del Tajo-Segura sacrifica al Segura en nombre de unos caudales ecológicos aplicados sin visión de sistema

La aplicación de los nuevos caudales ecológicos del Tajo reducirá de forma estructural el agua disponible para la cuenca del Segura, una de las más deficitarias de España, mientras Entrepeñas y Buendía se mantienen muy por encima de los umbrales críticos. Regantes y administraciones del sureste denuncian que la planificación protege el tramo cedente sin evaluar con el mismo detalle el impacto ambiental, económico e hidráulico sobre la cuenca receptora.

El recorte del trasvase Tajo-Segura vuelve a abrir el debate sobre la política hidráulica española y sobre el modo en que se están aplicando los caudales ecológicos del Tajo. La nueva planificación supondrá una pérdida de hasta 90 hectómetros cúbicos anuales para la cuenca del Segura, con efectos directos sobre el regadío, el abastecimiento y el propio equilibrio hidráulico del sureste.

La decisión llega en un contexto en el que la cabecera del Tajo no se encuentra en situación de emergencia. A comienzos de junio, los embalses de Entrepeñas y Buendía almacenaban 1.479 hectómetros cúbicos efectivos, lo que situaba el sistema en nivel 1 de explotación, el escenario de mayor disponibilidad previsto por las reglas del trasvase. En esas condiciones, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura autorizó un envío de 120 hectómetros cúbicos para los meses de junio y julio, a razón de 60 hectómetros cúbicos mensuales.

La controversia no se centra, por tanto, en una falta inmediata de agua en los embalses de cabecera, sino en el cambio de prioridades introducido por la planificación hidrológica. El Plan del Tajo eleva los caudales mínimos en puntos como Aranjuez, Toledo y Talavera, lo que reduce el volumen disponible para transferir al sureste incluso en momentos de reservas elevadas.

El trasvase Tajo-Segura es una de las mayores obras hidráulicas del país y una pieza esencial del sistema de abastecimiento y regadío del sureste desde finales de los años setenta. El agua regulada en Entrepeñas y Buendía llega al embalse de Bolarque, donde se inicia el acueducto. Desde allí se eleva mediante la central reversible de Bolarque, que salva un desnivel de unos 245 metros hasta La Bujeda, para continuar después hacia Alarcón, El Picazo y el túnel de Talave, una galería de casi 32 kilómetros que permite cruzar la divisoria entre las cuencas del Júcar y del Segura.

Caudales de la cuenca del Segura

La principal crítica de los regantes y de las administraciones de Murcia, Alicante y Almería es que el Gobierno ha evaluado el efecto de los caudales ecológicos sobre el Tajo, pero no ha realizado un análisis equivalente del impacto sobre la cuenca del Segura. El agua trasvasada no solo sostiene miles de hectáreas de regadío. También forma parte del régimen hidráulico efectivo del río Segura desde hace décadas, especialmente en el tramo comprendido entre Talave, Camarillas y el Azud de Ojós, donde se integra en la red del postrasvase.

La reducción de 90 hectómetros cúbicos anuales puede tener consecuencias sobre la disponibilidad de agua para riego, sobre la presión de los acuíferos, sobre el coste del recurso y sobre la garantía de suministro en una cuenca que ya combina recursos propios, trasvasados, subterráneos, regenerados y desalados. La sustitución parcial por agua desalada es una de las alternativas defendidas por el Gobierno, pero los usuarios del trasvase advierten de que no es equivalente en coste energético, precio final, calidad agronómica ni capacidad de distribución.

El conflicto refleja una tensión de fondo en la planificación hidrológica. La protección ambiental del Tajo se ha convertido en prioridad normativa, pero el sureste denuncia que esa decisión desplaza el coste territorial y económico a una cuenca estructuralmente deficitaria. La crítica no cuestiona la necesidad de fijar caudales ecológicos, sino que estos se apliquen sin una visión integrada del conjunto del sistema y sin medir de forma específica qué ocurre en la cuenca receptora cuando se retira una parte sustancial del agua que ha recibido durante más de cuatro décadas.

La gestión del Tajo-Segura queda así atrapada entre dos lógicas. La primera es la de la planificación ambiental del Tajo, que exige aumentar los caudales mínimos en determinados tramos. La segunda es la de la seguridad hídrica del Segura, donde el trasvase ha sido durante décadas una infraestructura básica para el regadío, el abastecimiento y la estabilidad económica del sureste. El problema es que la nueva regulación parece resolver la primera cuestión debilitando la segunda.

Embalses de cabecera

Con los embalses de cabecera en niveles altos, la reducción estructural de los envíos resulta especialmente difícil de justificar para los usuarios del acueducto. No se trata de una restricción puntual por sequía, sino de una pérdida permanente de recursos asociada a una decisión de planificación. En la práctica, el Tajo gana caudal ecológico mientras el Segura pierde garantía hídrica, sin que exista todavía una evaluación ambiental completa y equivalente sobre los efectos del recorte en la cuenca receptora.

El debate vuelve a mostrar la fragilidad de una política hidráulica que sigue abordando el agua por territorios y no como un sistema interconectado. El Tajo necesita caudales suficientes para mejorar su estado ecológico, pero el Segura también necesita recursos estables para sostener su equilibrio ambiental, agrícola y urbano. Reducir el trasvase con agua abundante en Entrepeñas y Buendía puede cumplir formalmente la nueva planificación, pero deja sin resolver la pregunta técnica esencial: qué coste real tendrá para el sureste sacrificar el Segura en nombre de la recuperación del Tajo.