El PP incluye en la Ley de Movilidad una enmienda para posponer el cierre de las nucleares de Almaraz, Ascó I y Cofrentes
La mayoría del Senado ha aprobado una enmienda presentada por el PP que añade una disposición adicional a la Ley de Movilidad Sostenible, con el fin de suprimir las fechas de cierre definitivo de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). La norma regresa ahora al Congreso de los Diputados, donde su aprobación pondrá al Gobierno ante un nuevo pulso político y energético.
El 3 de noviembre de 2025, en el trámite de la Ley de Movilidad Sostenible en el Senado, el Partido Popular logró introducir una enmienda clave que contempla la eliminación del calendario de cierre de las centrales nucleares de Almaraz I y II, Ascó I y Cofrentes. Esta modificación, que era ajena al objeto principal de la ley —dedicada a movilidad, transporte y sostenibilidad—, ha generado fuertes reacciones políticas.
De acuerdo con el texto aprobado en el Senado, la enmienda añade una disposición adicional por la cual se decreta la “supresión de la fecha de cese definitivo de explotación” de las citadas centrales nucleares. Los plazos originalmente previstos para Almaraz eran de cierre del reactor I en 2027 y del reactor II en 2028.
El PP justifica esta maniobra en base a un informe que, según su argumentación, concluye que “la energía nuclear abarata el precio de la electricidad, evita emisiones y contribuye a garantizar el suministro”.
Por su parte, el Gobierno, a través del portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que no está planteado retirar toda la ley por esta enmienda, pero recalca que el Ejecutivo mantiene su apuesta por las renovables más que por la prolongación automática de nucleares.
Mientras tanto, el partido Sumar ha advertido al PSOE de que el compromiso de cerrar las centrales nucleares forma parte del pacto de Gobierno y que no aceptará “desvíos” que contradigan ese acuerdo.
La votación final se llevará a cabo en el Congreso, donde los votos de Junts podrían resultar decisivos para ratificar o rechazar la enmienda. El ejecutivo baraja vetar la enmienda en la Mesa del Congreso basándose en su posible impacto presupuestario, ya que el artículo 134.6 de la Constitución permite vetos cuando hay aumento del gasto o disminución de ingresos.
En el trasfondo de esta enmienda está la petición formal que han presentado las empresas propietarias —Iberdrola, Endesa y Naturgy— para ampliar la vida útil de Almaraz hasta junio de 2030. La introducción de esta enmienda sitúa la política energética española en un nuevo escenario de confrontación parlamentaria. Si el Congreso la acepta, se abriría la puerta a una reconfiguración del calendario de cierre nuclear pactado, lo que podría tener implicaciones positivas en materia de seguridad energética, medioambiental y de costes para el sistema eléctrico.
