El populismo quiere convertir el agua en ideología en Valdepeñas

La política local tiene a veces la virtud, y casi siempre el vicio, de convertir grandes debates en trifulcas ideológicas. En Valdepeñas se ha vuelto a poner sobre la mesa un debate que, convertido en trifulca, recorre España desde hace años, el de la municipalización de los servicios públicos con el que el populismo de izquierdas busca aquí, en tierra de vino, emular el milagro de Caná para convertir el agua en ideología. Lo que se discute en la “Muy Heroica, Muy Leal e Invicta” ciudad manchega a orillas del Jabalón no es solo un modelo de gestión, sino una manera de entender el poder público.

Conviene empezar por los hechos. Un informe técnico-económico, solicitado a raíz de una petición de Unidas por Valdepeñas, concluye que la gestión directa del agua con la creación de una empresa municipal sería más cara. No se trata de una opinión del alcalde ni de un cálculo improvisado en un despacho. Es una auditoría externa, realizada por una empresa especializada. El gobierno municipal la asume en nombre del interés económico de la ciudad. Pero los podemitas la rechazan y la califican de “chapucera”, alegando que se apoya en datos aportados por la propia concesionaria, que de hecho es la única que puede aportar dichos datos ya que es la encargada desde hace años de la gestión del agua, sobre la que no había hasta ahora, cuando ha llegado el momento de renovar la concesión, ninguna queja. Como decía Ortega y Gasset, “las ideas no se tienen, se padecen”. Y a veces se padecen hasta el punto de negar los números cuando no encajan con el dogma.

La municipalización se ha convertido en bandera de una izquierda populista que, tras la crisis financiera de 2008, buscaba símbolos visibles de “recuperación de lo público”. El agua, por su carga emocional y su valor esencial, es un terreno perfecto para esa épica. Pero conviene preguntarse si los ayuntamientos están para crear empresas o para gobernar. Un consistorio no es una sociedad mercantil ni un operador industrial. Su misión es ordenar, regular, vigilar y garantizar servicios, no competir en eficiencia con empresas especializadas. Confundir ambas cosas conduce a lo que Max Weber llamaba “la ilusión de la competencia administrativa”, la de creer que el aparato político puede gestionar con la misma agilidad y pericia que quien vive de ello.

Valdepeñas ofrece una escena casi de manual. La gestión privada funciona bien y es más barata, según el informe. El equipo de gobierno, del Partido Socialista, apoyado por PP y Vox, opta por mantenerla. Unidas por Valdepeñas insiste en la gestión directa, aunque los datos económicos no apoyen esta idea. La discusión se desplaza entonces del terreno económico al moral. No importa que cueste más si es “más pública”. Pero el dinero para financiar la municipalización no brota de un pozo, sino del bolsillo del contribuyente. Si la gestión directa costará 600.000 euros más, alguien tendrá que pagarlos. Y ese alguien no es un ente abstracto, son los vecinos, vía impuestos o en sus facturas.

De lo que ocurre con las municipalizaciones hay precedentes muy ilustrativos por toda España. En Terrassa, la municipalización del agua dio lugar a Taigua, una empresa pública que nació envuelta en promesas de ahorro, transparencia y control democrático. La realidad fue el incremento de costes, los problemas de organización y finalmente una empresa en quiebra con una deuda que el Ayuntamiento no puede asumir. Otro ejemplo reciente es el de Puerto Real, donde la municipalización del agua respondió también a un impulso ideológico. Allí el resultado fue un servicio tensionado, la falta de mantenimiento y finalmente el colapso del servicio, con cortes de suministro durante varios días, colas para comprar agua embotellada, vecinos desplazándose a otras localidades para llenar garrafas y duchas improvisadas en instalaciones municipales, una imagen que no parece propia de un país avanzado, pero a la que tristemente nos estamos acostumbrando a padecer en España con muchas de nuestras infraestructuras.

Los defensores de la municipalización suelen esgrimir tres grandes argumentos. El control público, una mayor transparencia y tarifas más justas. Son nobles propósitos, pero casi nunca se cumplen. El control público se ejerce mejor mediante contratos bien diseñados y una fiscalización rigurosa que cuando un ayuntamiento se controla a sí mismo o a una empresa propia presidida por una concejal. La transparencia depende de la voluntad política y no del modelo y es perfectamente exigible en la colaboración público-privada. Y las tarifas las sigue decidiendo el Ayuntamiento, aunque la gestión sea privada. La gestión directa no es garantía de virtud ni la privada es sinónimo de abuso. Todo depende del contrato, de la supervisión y de la profesionalidad, que a una empresa privada se la exige el mercado y a un ayuntamiento nadie.

La experiencia enseña lo contrario. Los ayuntamientos suelen carecer de la flexibilidad laboral, de la capacidad inversora y del conocimiento técnico que requieren servicios tan complejos como la gestión del ciclo integral del agua. Crear una empresa municipal no es simplemente cambiar un nombre. Implica asumir riesgos, responsabilidades laborales, amortizaciones, compras de materiales, mantenimiento de infraestructuras y gestión. Y todo ello bajo reglas administrativas más rígidas que las del sector privado. El resultado habitual es un aumento de costes y una reducción de la capacidad de reacción.

Hay, además, un argumento de fondo que rara vez se verbaliza. La municipalización refuerza el poder del político sobre la economía local. Donde antes había un contrato, pasa a haber una empresa pública, donde había un operador independiente, aparece una estructura dependiente del ayuntamiento. Eso amplía la esfera de influencia del gobierno municipal y convierte un servicio técnico en un instrumento potencial de política, además de un lugar para colocar cargos públicos con suculentos sueldos. Tocqueville advertía ya en el siglo XIX que “el mayor peligro de las democracias es la confusión entre administración y política”. Cuando el agua se convierte en bandera acaba atascando las cañerías.

No se trata de idealizar la gestión privada ni de demonizar la pública. Se trata de aceptar que cada cosa tiene su lugar. El ayuntamiento debe garantizar que el servicio se preste bien, a un precio razonable y con controles estrictos. Si una empresa concesionaria cumple, cambiar el modelo por razones ideológicas es una forma sofisticada de irresponsabilidad. La izquierda populista y, en los últimos años parte del socialismo, aunque no es el caso de Valdepeñas, han abrazado la municipalización como símbolo de pureza política. Pero la pureza no llena depósitos ni repara tuberías.

Valdepeñas, con su informe sobre la mesa, ofrece una oportunidad poco habitual hoy en día en España, la de decidir con datos y no con consignas. Puede optarse por ignorarlos y convertir el agua en trinchera. O puede asumirse que, hoy por hoy, la gestión indirecta es más eficiente y barata y, por lo tanto, más conveniente para los ciudadanos. “Gobernar es elegir”, decía Pierre Mendès France. Y elegir, en este caso, es optar entre el símbolo y el servicio, entre la épica y la factura, entre la ideología y la gestión. Si algo debiera aprenderse de Terrassa, de Puerto Real y de tantos otros municipios en los últimos años es que la municipalización no es un milagro. Es solo una palabra larga para nombrar un error caro.