El IIE reclama blindar por ley el mantenimiento de las infraestructuras y devolver su gestión a los técnicos
El Instituto de la Ingeniería de España pide a los partidos que concurren a las elecciones del 29 de noviembre que la recuperación de las infraestructuras esenciales sea una prioridad de emergencia nacional en los próximos Presupuestos. Su propuesta reúne diez compromisos para la legislatura y siete decisiones para los primeros cien días: una auditoría independiente de la alta velocidad, la aprobación de la planificación eléctrica, una ley de conservación y pactos de Estado por el agua, la industria y los bosques.
España está consumiendo el patrimonio de infraestructuras que construyó durante décadas sin dedicar recursos suficientes a mantenerlo y reponerlo. Ese es el diagnóstico que el Instituto de la Ingeniería de España traslada a todas las fuerzas políticas ante las elecciones generales del 29 de noviembre. La institución reclama un cambio de prioridades presupuestarias y de modelo de gestión: proteger la conservación frente a los recortes, planificar más allá de las legislaturas y seleccionar por mérito y experiencia a quienes dirigen los organismos técnicos.
La iniciativa se articula en una nota de prensa y una propuesta programática que abarca siete ámbitos: criterio técnico en las decisiones públicas, industria, energía y materias primas, infraestructuras esenciales, agua, montes y transformación tecnológica del empleo. El IIE, que agrupa a las asociaciones de nueve ramas de la ingeniería, se ofrece a los partidos y al futuro Gobierno como interlocutor para desarrollar las medidas.
El punto de partida es la pérdida de capacidad para conservar el capital acumulado. Según las cifras de la Fundación BBVA y el Ivie recogidas por el Instituto, la inversión en infraestructuras públicas ascendió a 16.114 millones de euros en 2025, un 60 % menos que en 2009. La documentación señala también que el valor del stock de infraestructuras productivas ha descendido un 2,3 % desde 2014 y que, en las hidráulicas, la inversión neta es negativa desde 2012: la inversión resulta insuficiente para compensar la depreciación de los activos.ç
El deterioro compromete la seguridad, la competitividad industrial y la prestación de servicios básicos
El Instituto considera que este deterioro compromete la seguridad, la competitividad industrial y la prestación de servicios básicos. Su petición principal es que los primeros Presupuestos de la próxima legislatura traten la regeneración de las infraestructuras esenciales como una prioridad de emergencia nacional y que esa decisión se traduzca en obligaciones estables de financiación.
La herramienta central sería una ley de conservación que estableciera una dotación anual mínima, proporcional al valor de cada red y protegida frente a los recortes presupuestarios. La propuesta incorpora un inventario público de presas, puentes, carreteras, ferrocarriles e infraestructuras aeroportuarias, con información sobre su conservación. En su desarrollo sectorial, el IIE reclama un índice de estado por activo actualizado cada año, de manera que las necesidades de intervención puedan conocerse y evaluarse de forma continuada.
Ese sistema de información se acompañaría de una autoridad independiente de evaluación de infraestructuras, inspirada en el modelo de la AIReF, que examinara los planes, las prioridades y el estado de conservación y rindiera cuentas ante el Congreso. El Instituto pide además que las decisiones sobre infraestructuras críticas estén precedidas por informes técnicos preceptivos y públicos. Si el Gobierno se apartara de sus conclusiones, debería motivarlo por escrito.
Profesionalización de la dirección
La profesionalización de la dirección constituye el otro eje de la iniciativa. El IIE propone concursos públicos de mérito para cubrir las presidencias y direcciones de las entidades responsables de infraestructuras, energía, agua, transporte y medio natural, con requisitos de titulación y experiencia y mandatos que no coincidan con la legislatura. También defiende una planificación a veinte años, respaldada por una evaluación técnica y económica y por acuerdos políticos capaces de sobrevivir a los cambios de Gobierno.
Para justificar esta reforma, el Instituto cita un recuento de El Periódico de la Ingeniería según el cual el 46 % de los 81 altos cargos analizados por su vinculación con la gestión técnica del Estado carece de formación técnica. A ello añade el problema del relevo en la Administración: de acuerdo con el estudio de envejecimiento de Función Pública que incorpora el anexo, el 49,5 % de la plantilla de la Administración General del Estado se jubilará antes de 2035. La propuesta reclama reponer los cuerpos técnicos y mejorar sus retribuciones y su carrera profesional para atraer y retener ingenieros.
«Un carril, una presa o una subestación no entienden de legislaturas: o se mantienen o fallan», afirma la presidenta del IIE, María Cruz Díaz, en la nota. La institución sitúa el mantenimiento y la capacidad técnica de las administraciones en el centro de su petición a quien forme el próximo Ejecutivo.
Ferrocarril
En el ferrocarril, la actuación más inmediata que solicita es una auditoría técnica independiente de la red de alta velocidad, tanto de la vía como de la señalización, cuyos resultados sean públicos. El encargo debería realizarse en los primeros cien días. Los accidentes de Adamuz y Urda forman parte del contexto que el Instituto invoca para reclamar esa revisión.
El anexo recoge, a partir de un informe del Instituto de Estudios Económicos, un gasto español en mantenimiento ferroviario de 45,5 millones de euros por cada 1.000 kilómetros de vía, frente a una media europea de 80,6 millones. También señala que el mantenimiento de la alta velocidad por viajero pasó de 11,7 euros en 2015 a 8,5 en 2024, en un contexto de crecimiento del tráfico. Con estos indicadores, el IIE pide revisar la suficiencia de los recursos dedicados a conservar la red.
Carreteras y presas
En las carreteras, el déficit de conservación se aproxima a en 13.500 millones de euros, frente a los 9.453 millones de 2022, y la estimación de la Asociación Española de la Carretera es que el 52 % de la red presenta deterioros graves. Para las presas de titularidad estatal, cifra las necesidades de inversión en 4.644 millones durante diez años, frente a un gasto de unos 100 millones anuales, y señala que existen 258 planes de emergencia pendientes de implantación.
El Instituto pide implantar durante la legislatura todos los planes de emergencia de presas pendientes y ejecutar las obras de defensa frente a avenidas por orden de riesgo. Reclama asimismo criterios obligatorios de resiliencia en los proyectos y las rehabilitaciones, revisados con datos climáticos actuales. La conservación incluiría así la adaptación de las infraestructuras a unas condiciones de lluvia, temperatura y exposición que pueden diferir de las utilizadas en su diseño original.
Red eléctrica
La red eléctrica ocupa un lugar destacado porque condiciona otros objetivos económicos y sociales. El IIE recoge una estimación de BBVA Research según la cual más de 80.000 viviendas previstas dependen de infraestructuras eléctricas todavía por construir y el 88 % de los nudos de distribución dispone de menos de un megavatio de capacidad. Añade el balance de Aelec que sitúa en el 12 % la potencia concedida respecto de unos 40 gigavatios solicitados a las distribuidoras en 2025.
El cuello de botella señalado es la capacidad de conexión y suministro en los lugares donde se proyectan los nuevos consumos. Por ello, el Instituto pide coordinar la planificación eléctrica con el urbanismo y el suelo industrial y aprobar en los primeros cien días la planificación de la red de transporte a 2030, a la que el documento atribuye inversiones superiores a 17.000 millones de euros. También reclama criterios técnicos, públicos y estables para asignar la capacidad de acceso y su retirada a quienes la retengan sin desarrollar un proyecto.
La propuesta respalda la descarbonización y exige que el despliegue de generación vaya acompañado de las condiciones necesarias para operar el sistema con seguridad. Entre ellas figuran el control de tensión exigible a toda la generación, el almacenamiento, el respaldo firme y las interconexiones. El anexo contrapone los 3,4 gigavatios de almacenamiento que recoge en su diagnóstico con los 22,5 previstos para 2030 y sitúa la interconexión de la península con Europa en el 2 %, frente al objetivo europeo del 15 % para ese año.
Tras la experiencia del apagón de abril de 2025, el IIE insiste en incorporar la estabilidad del sistema a las decisiones de planificación. Pide que el calendario de cada tecnología de generación, incluida la nuclear, se decida mediante un análisis técnico y público de seguridad de suministro. El planteamiento vincula así los objetivos de reducción de emisiones con las necesidades de red, operación y disponibilidad de potencia.
La misma coordinación se reclama para los centros de datos. Según las cifras del Ministerio para la Transición Ecológica citadas en el documento, estos proyectos tienen concedidos más de 12 gigavatios de acceso, mientras que la Estrategia de Inteligencia Artificial prevé una demanda de entre 3,5 y 4 gigavatios en 2030. El Instituto propone planificar conjuntamente sus necesidades energéticas e hídricas y exigirles una resiliencia acorde con su consideración de infraestructuras críticas. El acceso concedido y la previsión de demanda son magnitudes distintas, cuya evolución deberá contemplarse en esa planificación.
Minas, industria y agua
La transición energética incorpora también una dimensión minera e industrial. El IIE plantea plazos tasados de tramitación para los proyectos de materias primas críticas, desarrollo del procesamiento y refino en España y exigencias ambientales fundamentadas en criterios técnicos. A ello suma la producción de combustibles sostenibles de aviación y marítimos, con una cadena de valor que abarque las instalaciones industriales, la certificación, la distribución y el suministro.
En el agua, la prioridad es recuperar y conservar los recursos y las infraestructuras disponibles. El Instituto recoge datos del INE que cifran las pérdidas de las redes urbanas por fugas y averías en 624 hectómetros cúbicos anuales, equivalentes al 14,6 % del agua suministrada. Propone un plan nacional de renovación con objetivos de pérdidas por municipio, sectorización, telecontrol y contadores inteligentes.
La financiación de esa renovación requiere, según el IIE, tarifas que cubran el coste real del servicio, incluida la reposición de las conducciones, acompañadas de protección para los hogares vulnerables. El anexo ilustra el problema de los ritmos de sustitución: renovar un 0,5 % de la red cada año supone prolongar el ciclo completo de reposición hasta dos siglos.
La agenda hidráulica incluye aumentar la reutilización de aguas regeneradas, completar la modernización del regadío y dotar a los planes de sequía y de riesgo de inundación de obras, calendarios y presupuestos coordinados entre administraciones. La documentación incorpora una estimación de Seopan de 48.692 millones de euros para conservar las infraestructuras hidráulicas durante la próxima década.
El IIE pide combinar esas actuaciones con restauración hidrológico-forestal en cabeceras de cuenca y barrancos, gestión de la vegetación e hidrotecnias. Para desarrollarlas, contempla recuperar los convenios de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas. El objetivo es incorporar la gestión de las cuencas y del territorio a la protección frente a las avenidas.
Política forestal
La política forestal constituye otro de los grandes bloques presupuestarios. El Instituto reclama un Pacto Nacional por los Bosques dotado con una inversión adicional mínima de 2.134 millones de euros al año, de los cuales 1.908 millones se destinarían a prevención y gestión forestal, según la estimación del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes recogida en el anexo. Al final de la legislatura, el gasto en prevención debería igualar al de extinción.
La propuesta incluye selvicultura, fajas de defensa, pastoreo y aprovechamiento de biomasa, además de dispositivos profesionales operativos todo el año y medidas de autoprotección en la interfaz urbano-forestal. Para movilizar la gestión de la propiedad privada, plantea incentivos fiscales, pagos por servicios ambientales y el reconocimiento del selvicultor activo. También pide destinar al menos el 1 % de la comunicación institucional, con un mínimo de 28 millones de euros anuales, a educación y cultura del riesgo.
La reindustrialización se concreta en un Plan de Industria de Estado con un objetivo cuantificado: alcanzar al menos la media europea de peso manufacturero en diez años, con seguimiento público anual. El documento utiliza como referencia una aportación de la manufactura del 11,8 % al valor añadido español, frente al 15,6 % de la Unión Europea, a partir de los datos de la Fundación BBVA y el Ivie que cita.
El IIE propone una ventanilla única y plazos máximos para los proyectos industriales estratégicos, incluida la conexión eléctrica. En construcción industrializada, reclama normativa técnica y homologación propias y su utilización preferente en la vivienda de promoción pública. El anexo estima que estos sistemas representan entre el 1 % y el 3 % de la construcción y los presenta como una vía para acortar los plazos de producción de vivienda.
Marina mercante
Para la marina mercante, solicita que los recursos aportados por las navieras al sistema de comercio de emisiones retornen al sector para renovar y descarbonizar la flota, junto con un registro español más competitivo. En aeronáutica, defiende una participación sostenida en los grandes programas europeos y retornos industriales, tecnológicos y de conocimiento proporcionales a la contribución española, con presencia de pymes, universidades y centros tecnológicos. El programa incluye asimismo apoyo a los biomateriales, las biorrefinerías y el uso sostenible de biomasa agroforestal y biocombustibles avanzados.
El último reto vincula la disponibilidad de profesionales con la transformación tecnológica. La documentación señala que la matriculación en ingeniería ha caído un tercio desde el curso 2002-2003 y que las mujeres representan el 24,8 % del alumnado. El Instituto propone un plan nacional de vocaciones desde la escuela, con especial atención a las niñas, y revisar los planes de estudio cada tres años en colaboración con la industria.
A esa formación se añadiría la recualificación de trabajadores, empezando por los industriales, y el apoyo a las pymes para adoptar inteligencia artificial y automatización y fabricar componentes tecnológicos en España. El anexo recoge datos del INE que sitúan el uso de IA en el 33,6 % de las empresas de diez o más empleados y en el 21,4 % de las microempresas.
El IIE reclama, además, tratar la capacidad de cómputo como infraestructura estratégica, planificada junto con la energía y el agua y con acceso garantizado para pymes, universidades y administraciones. La propuesta conecta así la formación de ingenieros, la adaptación del empleo y la capacidad material necesaria para desarrollar y utilizar las nuevas tecnologías.
El programa traslada sus prioridades a un calendario inicial de actuación. Estas son las siete decisiones que solicita para los primeros cien días del próximo Gobierno:
| Ámbito | Decisión solicitada para los primeros cien días |
|---|---|
| Alta velocidad | Encargar una auditoría técnica independiente de la red. |
| Electricidad | Aprobar la planificación de la red de transporte a 2030. |
| Estado de los activos | Publicar el inventario de conservación de las infraestructuras del Estado. |
| Financiación del mantenimiento | Remitir a las Cortes el proyecto de ley de conservación de infraestructuras. |
| Montes y cuencas | Convocar a los grupos parlamentarios para el Pacto Nacional por los Bosques antes de la campaña de incendios de 2027 e impulsar la recuperación de los convenios de restauración hidrológico-forestal con las comunidades autónomas. |
| Agua | Convocar el pacto por el agua. |
| Industria | Convocar el pacto por la industria. |
El documento establece cuantías para actuaciones concretas, pero no presenta una estimación presupuestaria conjunta de todo el programa. Su desarrollo requerirá concretar las dotaciones, los calendarios y el reparto de responsabilidades entre administraciones. El Instituto se ofrece a participar en ese trabajo a través de sus asociaciones y pide a todas las formaciones que incorporen los compromisos a la próxima legislatura.
