El gran proyecto de combustibles verdes firmado en 2022 entre el Gobierno y Maersk sigue sin arrancar tres años después
Aunque hace más de tres años el Gobierno de España y la naviera danesa Maersk firmaron un protocolo de colaboración para explorar la producción de combustibles renovables a gran escala en suelo español, esa ambiciosa iniciativa, que preveía movilizar 10.000 millones de euros y crear hasta 85.000 empleos, no ha materializado aún sus centros de producción ni ha despegado con la fuerza prometida, según fuentes públicas y del propio sector energético.
El protocolo general de colaboración se rubricó el 3 de noviembre de 2022 entre el Ejecutivo y altos directivos de A.P. Moller-Maersk con el objetivo de posicionar a España como un hub estratégico para la producción de combustibles verdes, incluyendo e-metanol y otros vectores derivados del hidrógeno renovable para uso en el transporte marítimo y sectores industriales de difícil descarbonización. El acuerdo planteaba la construcción de dos plantas industriales en Galicia y Andalucía, con una inversión total estimada en torno a 10.000 millones de euros y la posibilidad de producir hasta dos millones de toneladas anuales de combustible verde para 2030, además de generar 85.000 empleos directos e indirectos durante las distintas fases del proyecto.
A pesar del entusiasmo inicial y del apoyo político mostrado en su momento, con declaraciones del presidente del Gobierno subrayando que “este proyecto se alinea con la estrategia de reindustrialización y transición energética de España”, la ejecución de las infraestructuras previstas sigue en una fase muy preliminar. A marzo de 2026 no se ha anunciado la construcción efectiva de las plantas previstas en Galicia ni en Andalucía ni se ha dado luz verde a inversiones concretas a la escala planteada inicialmente. En su lugar, ha avanzado un acuerdo más modesto entre Cepsa y C2X (empresa con participación de Maersk) para desarrollar una planta de metanol verde en el Puerto de Huelva con una inversión estimada en torno a 1.000 millones de euros y una capacidad de producción anual de unos 300.000 toneladas, con decisión final de inversión prevista en 2025 y posible entrada en operación en 2028.
Este proyecto en Huelva, aunque alineado con los objetivos de descarbonización y con potencial para situar a España como nodo relevante en la producción de combustibles renovables para el transporte marítimo, representa solo una fracción de la ambición original del protocolo de 2022. Más allá de esta iniciativa, no existen anuncios oficiales de adjudicación, construcción o financiación concreta de las dos plantas industriales originalmente previstas ni de mecanismos institucionales que aseguren el cumplimiento de los plazos planteados en el protocolo. La falta de avances significativos ha generado preocupación entre analistas del sector y algunos actores industriales, que señalan como factores limitantes la complejidad técnica de los proyectos, la necesidad de asegurar energía renovable a gran escala (para generar hidrógeno verde) y la falta de un marco regulatorio y de incentivos que reduzca el riesgo para inversores privados.
Un retraso en la descarbonización del transporte marítimo
El retraso cobra especial relevancia en un momento en el que la transición energética exige respuestas urgentes. La descarbonización del transporte marítimo es un objetivo global respaldado por la Organización Marítima Internacional y por las estrategias climáticas europeas, que apuntan hacia combustibles alternativos como el metanol verde y otros e-fuels para reducir drásticamente las emisiones de CO₂ del sector. En este contexto, iniciativas complementarias en España, como la autorización de ayudas europeas de hasta 400 millones de euros para producción de hidrógeno renovable, aportan cierto respaldo al desarrollo de la cadena de valor de combustibles ecológicos, pero no sustituyen la necesidad de compromisos de inversión de gran escala como los planteados inicialmente con Maersk.
Para actores como Cepsa y C2X, el acuerdo de Huelva constituye un paso tangible, aunque parcial, hacia la materialización de los objetivos de producción industrial de combustibles renovables. Su proyecto integrará hidrógeno verde producido en el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, infraestructura alentada por la propia estrategia energética nacional, y contribuirá a generar empleo y capacidades tecnológicas en el sur de España. Sin embargo, la escala de estos desarrollos está muy por debajo de los 10.000 millones y los 85.000 empleos prometidos hace más de tres años.
Desde el sector público, las autoridades han reiterado el compromiso con la transición energética y con la colaboración público-privada para impulsar proyectos de e-fuels y biocombustibles renovables. No obstante, la concreción de esa colaboración a nivel operativo y financiero es crucial para avanzar desde el estado de exploración y acuerdos generales hacia la ejecución efectiva de infraestructura industrial de gran escala, lo que todavía no se ha producido para el proyecto global previsto con Maersk.
El protocolo firmado en noviembre de 2022 marcó un paso importante en el reconocimiento del potencial de España como plataforma estratégica para combustibles renovables marinos. Pero a día de hoy sus resultados concretos son limitados, con avances parciales como el proyecto de Huelva y la evolución de iniciativas vinculadas a la producción de hidrógeno, mientras que los centros de producción de mayor escala siguen pendientes de una decisión definitiva de inversión y de un impulso regulatorio y financiero sólido. El desafío, para las autoridades y para los socios privados, será ahora transformar el diálogo y los anuncios en proyectos ejecutables que atraigan capital y cimenten la transición energética industrial a gran escala en España.
