El Gobierno sigue enrocado en el desmantelamiento de Almaraz pese al previsible aumento de precios y de emisiones de CO₂
La polémica sobre el desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz vuelve a cobrar protagonismo política esta semana, en medio de un pulso creciente entre el Gobierno y las empresas eléctricas propietarias de la planta (Iberdrola, Endesa y Naturgy), con repercusiones que podrían afectar no solo al suministro eléctrico, sino también al precio de la energía, las emisiones de CO₂ y el panorama fiscal y político regional.
Según el calendario oficial, el cierre definitivo de Almaraz está fijado para el 1 de noviembre de 2027 para la unidad I, y la unidad II tiene prevista su parada un año después. Como órgano regulador, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ya ha informado favorablemente en julio de 2025 sobre parte de la documentación que debe remitir la planta con dos años de antelación al cese, lo que implica que a finales de este mes las eléctricas deberán entregar su plan de parada formal al Ministerio para la Transición Ecológica.
En efecto, Iberdrola ya tiene lista esa documentación de parada, y la presentará antes de que acabe octubre, mientras el Gobierno mantiene el calendario de cierre sin mostrar disposición a ceder y sin negociar con las compañías. Las compañías eléctricas, por su parte, insisten en que la operación de Almaraz en los términos fiscales y regulatorios actuales es económicamente inviable. Por ello exigen una rebaja de cargas tributarias para que se revise el cierre pactado en 2019.
En Extremadura, la presidenta regional, María Guardiola, ha propuesto una reducción del 50 % en la ecotasa regional que pagan las empresas propietarias antes de 2029, para aliviar la presión fiscal sobre Almaraz. Sin embargo, desde el Ejecutivo central rechazaron una iniciativa de Vox y PP para reducir la tasa estatal de residuos nucleares (Enresa), argumentando que ello perjudicaría a los ingresos estatales. En cuanto al desmantelamiento técnico, según el séptimo Plan General de Residuos (PGRRR) en vigor, el desmantelamiento de la planta deberá iniciarse “en un plazo no superior a tres años” tras el cese definitivo. Además, ENRESA, la entidad pública encargada de los residuos nucleares, ya ha lanzado licitaciones para los servicios de ingeniería vinculados al desmantelamiento.
Oposición al cierre
Las reacciones políticas no se han hecho esperar. En Extremadura, la plataforma ciudadana “Sí a Almaraz, Sí al futuro” lideró recientemente la constitución de la “Alianza por Almaraz”, convocando a más de 80 colectivos para exigir la continuidad de la planta más allá de 2027 y subrayar el impacto económico y social del cierre en la región. El PSOE extremeño ha sugerido que si las compañías lo solicitan, el Gobierno podría tramitar una prórroga, pero formalmente el Ejecutivo insiste en que el calendario fijado debe respetarse. El PP y Vox, por su parte, se oponen al cierre de Almaraz y demandan prórrogas o modificaciones fiscales para asegurar su operación.
En el plano nacional, el Gobierno ha rechazado rebajar los impuestos nucleares estatales, aduciendo que ello atentaría contra la recaudación pública. Las consecuencias esperadas del cierre de Almaraz ya han generado estimaciones inquietantes: la central cubre actualmente alrededor del 7 % de la demanda eléctrica nacional y evita la emisión anual de cerca de 6 millones de toneladas de CO₂. Su apagón implicaría que esa generación sin emisiones deba ser reemplazada por tecnologías fósiles, especialmente ciclos combinados de gas en momentos de alta demanda, lo que encarecería la electricidad y aumentaría las emisiones.
Además, el cierre provocará una subida del recibo de la luz y un retroceso en los objetivos de descarbonización. También se ha advertido que la operación de las centrales térmicas de respaldo ya está cerca de saturarse. Se estima que el cierre de Almaraz podría traducirse en un encarecimiento significativo del precio mayorista de la electricidad. Según cálculos del sector, mantener operativas las centrales nucleares habría permitido reducir el precio medio del mercado eléctrico en alrededor de 13 €/MWh en condiciones normales, pudiendo llegar hasta 30 €/MWh en escenarios adversos. Si se toma como referencia una factura doméstica promedio con unos 300 kWh mensuales, ese diferencial implicaría una subida de entre 3,9 € y 9 € mensuales, solo por el efecto del cierre nuclear. Además, los estudios de Fedea advierten que la generación sustituida por ciclos combinados de gas incrementará las emisiones del sector eléctrico, lo que podría añadir entre 2,6 y 10 millones de toneladas de CO₂ al año, dependiendo del horizonte de horas utilizadas en los ciclos y del mix complementario que se active.
