El Gobierno recurre a Caminos para un comité ferroviario sin poder ejecutivo a doce días de las elecciones

El Gobierno recurre a Caminos para un comité ferroviario sin poder ejecutivo a doce días de las elecciones
El Colegio propondrá al menos seis de los expertos que deberán preparar un plan urgente y un Libro Blanco del ferrocarril. Su participación puede aportar criterio técnico y continuidad a las reformas, pero el calendario electoral, la presidencia ministerial y la ausencia de compromisos de ejecución exponen a la institución al riesgo de que su prestigio sirva para respaldar una respuesta política cuyos resultados llegarán después del 29-N.

El Gobierno ha creado el Comité de Asesoramiento Técnico del Sistema Ferroviario cuando faltan doce días para las elecciones generales. La orden, publicada hoy, concede al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos un protagonismo determinante en la selección de sus integrantes. La iniciativa llega tras los accidentes de Adamuz y Urda y la dimisión de Óscar Puente, cuyas competencias ha asumido Carlos Cuerpo. Su puesta en marcha permite al Ejecutivo presentar una respuesta apoyada en profesionales externos en plena campaña, aunque las decisiones necesarias para aplicar sus recomendaciones seguirán correspondiendo a la Administración.

El alcance del encargo es concreto: elaborar un plan de acción en siete días desde la constitución del comité y un Libro Blanco en tres meses. El primero debe abordar las necesidades inmediatas del sistema; el segundo, ofrecer un diagnóstico y orientar futuras actuaciones. El grupo podrá solicitar información al Ministerio, Adif y Adif Alta Velocidad. Sin embargo, sus documentos carecerán de efectos vinculantes: aprobar una recomendación dentro del comité no supondrá aprobar la medida correspondiente.

Esa diferencia determina su eficacia potencial. Los expertos podrán identificar deficiencias, ordenar prioridades y fundamentar actuaciones, pero carecerán de autoridad propia para adjudicar obras, modificar contratos, ampliar plantillas o comprometer inversiones. La creación del grupo tampoco incorpora un programa presupuestario para ejecutar sus conclusiones. Su utilidad dependerá de que los responsables políticos y los organismos ferroviarios conviertan el diagnóstico en decisiones verificables.

Al menos seis vocales a propuesta del Colegio

El Colegio tendrá una influencia considerable sobre ese diagnóstico. El comité contará con entre siete y diez vocales, incluido el presidente de la institución, Ricardo Martín de Bustamante. Todos serán nombrados por el titular de Transportes y al menos seis deberán proceder de propuestas de la Junta de Gobierno colegial. La norma reconoce independencia y autonomía a los expertos y exige que se abstengan cuando exista conflicto de interés.

La dirección institucional permanecerá en el Ministerio. Su titular presidirá las reuniones y dispondrá de voto de calidad en caso de empate; la secretaría corresponderá a un funcionario de Transportes. Los acuerdos se adoptarán por mayoría, por lo que la presidencia ministerial tampoco permite imponer unilateralmente las conclusiones a los expertos. El diseño combina una presencia profesional fuerte con una dependencia organizativa directa del departamento cuya gestión debe contribuir a revisar.

La participación de Caminos tiene una justificación técnica anterior a esta iniciativa gubernamental. El Colegio ya había organizado un comité propio de seguimiento del accidente de Urda y el 11 de noviembre publicó un documento con diez propuestas preliminares. Entre ellas figuraban auditorías del sistema, revisión de las prioridades de inversión, mejoras en la coordinación, capacitación del personal y una programación estable de renovaciones y mantenimiento. También reclamaba reforzar la fiabilidad de los equipos que sustentan la seguridad ferroviaria.

Un llamativo plazo de siete días

El plazo de siete días encaja con llamativa precisión en el calendario de campaña: si el comité se constituye de inmediato, el Gobierno podrá presentar sus primeras conclusiones antes del 29-N y exhibirse como un Ejecutivo que «escucha a los ingenieros», cuyas advertencias sobre seguridad y mantenimiento ya estaban sobre la mesa. La urgencia permite así obtener un beneficio político antes de las urnas, mientras la financiación y ejecución de las reformas quedan para después. El trabajo previo del Colegio facilita disponer rápidamente de propuestas, pero también aumenta el riesgo de que el Gobierno convierta esas aportaciones profesionales en un logro electoral sin haber acreditado todavía una respuesta efectiva a sus reclamaciones.

La principal incertidumbre política procede del calendario. Las elecciones se celebrarán el 29 de noviembre y las nuevas Cámaras se constituirán el 23 de diciembre. Si el comité comienza a trabajar inmediatamente, el plan urgente podría presentarse antes de la votación. El Libro Blanco quedaría para después de los comicios, previsiblemente en torno a febrero de 2027, dependiendo de la fecha de su sesión constitutiva. No puede darse por hecho que entonces haya concluido la investidura del próximo Gobierno.

La convocatoria electoral no obliga a suspender las actuaciones de seguridad. El Ejecutivo tampoco está en funciones por el mero hecho de haberse disuelto las Cortes: la Ley del Gobierno sitúa su cese tras las elecciones. A partir de entonces continuará en funciones hasta la toma de posesión del siguiente, con las limitaciones legales correspondientes y las excepciones previstas para situaciones urgentes o de interés general.

Por tanto, poner en marcha un trabajo técnico ahora puede resultar útil si preserva información, identifica riesgos y prepara decisiones para la siguiente etapa política. Las elecciones tampoco figuran entre las causas de extinción del comité, cuya presidencia está vinculada al cargo ministerial. Sin embargo, sus recomendaciones no comprometerán al futuro Ejecutivo, que podrá asumirlas, revisarlas o modificar el instrumento mediante el procedimiento correspondiente. La continuidad administrativa del grupo ofrece posibilidades de trabajo; su continuidad política exige una voluntad que la orden no puede garantizar.

Un riesgo para el colegio

Ahí aparece el riesgo para el Colegio. El Gobierno obtiene desde el anuncio la posibilidad de exhibir una respuesta respaldada por especialistas, mientras que la aplicación de las reformas, su financiación y la evaluación de sus resultados se desplazan a un periodo posterior. La institución profesional aporta reputación de forma inmediata y asume una exposición pública que no viene acompañada de autoridad para asegurar el cumplimiento de lo recomendado.

Ese riesgo resulta especialmente relevante por el contenido de sus propias advertencias. El 4 de noviembre, el portavoz del comité colegial, Iñaki Barrón, defendió concebir el ferrocarril como «un proyecto de Estado, no como un proyecto de partido ni de legislatura». La institución también situó las necesidades de mantenimiento y recuperación de la alta velocidad en torno a los 10.000 millones de euros durante una década. Esa estimación profesional todavía requiere decisiones presupuestarias y una programación de actuaciones para transformarse en una política pública.

La transparencia será decisiva para distinguir la aportación técnica de su aprovechamiento electoral. La orden exige confidencialidad sobre el contenido de las reuniones, pero no establece expresamente la publicación íntegra de los informes, las discrepancias o una respuesta motivada del Ministerio a cada propuesta. Ese diseño deja sin asegurar un mecanismo público que permita comprobar qué recomendaron los expertos y qué decidió finalmente el Gobierno.

Mantener las exigencias anteriores

Para el Colegio, la defensa de su independencia pasa por mantener sus exigencias anteriores y conseguir que las conclusiones puedan contrastarse con las actuaciones posteriores. Un informe con prioridades, responsables, costes estimados y plazos permitiría exigir explicaciones tanto al Ejecutivo actual como al que se forme después de las elecciones. También facilitaría que una recomendación desatendida siguiera formando parte del debate público.

La efectividad del comité dependerá de esa capacidad para dejar compromisos y decisiones rastreables más allá de la campaña. Si su intervención se limita a acompañar el anuncio y entregar documentos cuya aplicación quede indeterminada, Caminos habrá asumido un coste reputacional sin asegurar mejoras. Si consigue trasladar sus advertencias a medidas comprobables y mantenerlas ante el próximo Gobierno, su participación habrá servido para dar continuidad técnica a una reforma que necesita superar el calendario electoral.

Redacción

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