El Gobierno activa 719 millones para que España compita por una gigafactoría europea de inteligencia artificial
El Consejo de Ministros autoriza la entrada de la SETT en el consorcio público-privado que aspira a levantar una infraestructura multisede en Móra la Nova y San Fernando de Henares. El proyecto no está todavía adjudicado por Bruselas y dependerá de la convocatoria europea prevista para este verano.
El Gobierno ha dado un primer paso para situar a España en la carrera europea por las grandes infraestructuras de computación para inteligencia artificial. El Consejo de Ministros ha autorizado una inversión de 719 millones de euros del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, canalizada a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, SETT, en el consorcio público-privado que desarrollará la candidatura española a una de las futuras gigafactorías europeas de IA.
No se trata todavía de una gigafactoría adjudicada, ni de una obra ya contratada, ni de una inversión europea concedida a España. Lo aprobado por el Ejecutivo es la aportación pública que permitirá a la SETT entrar en el accionariado de la sociedad que prepara la candidatura. Esa sociedad concurrirá a la convocatoria que la Comisión Europea prevé lanzar este verano dentro de la iniciativa InvestAI y del despliegue de las denominadas AI Gigafactories, concebidas como instalaciones de computación masiva para entrenar, ajustar y operar modelos avanzados de inteligencia artificial.
La sociedad que preparará la candidatura española tendrá una estructura público-privada, aunque con mayoría de capital privado. El Estado participará a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, SETT, con un 47,99 por ciento, mientras que la Generalitat de Catalunya entrará mediante Incasòl con un 1 por ciento. El resto del capital quedará en manos de Telefónica, ACS y Banco Santander, con un 15,67 por ciento cada una, y de Multiverse Computing, que contará con un 4 por ciento. El esquema confirma el peso público del proyecto, pero también la necesidad de articularlo como una candidatura empresarial competitiva ante Bruselas, con socios industriales, financieros y tecnológicos capaces de sostener una infraestructura de computación de escala europea.
Tarragona y San Fernando de Henares
La candidatura española tendrá carácter multisede y plantea ubicar la infraestructura en Móra la Nova, en Tarragona, y San Fernando de Henares, en Madrid. El Ministerio sostiene que la operación busca dotar a España y a Europa de capacidad propia de cómputo avanzado, reducir la dependencia tecnológica de Estados Unidos y China y asegurar que el desarrollo de la inteligencia artificial se produzca bajo reglas europeas. Desde un punto de vista estrictamente técnico, el proyecto debe entenderse menos como una fábrica convencional y más como una gran infraestructura digital e industrial, comparable a un centro de datos especializado en cargas de trabajo extremas de IA.
Las gigafactorías europeas de inteligencia artificial están pensadas para albergar cientos de miles de GPU, los procesadores gráficos imprescindibles para entrenar grandes modelos de lenguaje, modelos de visión artificial y sistemas de IA de nueva generación. Frente a los centros de datos convencionales, orientados a servicios cloud, almacenamiento o computación general, estas instalaciones exigen una arquitectura muy específica en potencia eléctrica, refrigeración, conectividad, almacenamiento de alta capacidad, baja latencia y seguridad operativa. Su despliegue obligará a resolver cuestiones de ingeniería energética, disponibilidad de suelo, evacuación térmica, suministro de agua o sistemas de refrigeración avanzados, además de la integración con redes de telecomunicaciones de muy alta capacidad.
El calendario europeo sigue abierto. La Comisión Europea ha situado la convocatoria formal en el verano de 2026 y prevé que la construcción de las primeras gigafactorías seleccionadas pueda comenzar en 2027. Eso significa que, por ahora, España no ha ganado aún la sede. Lo que ha hecho el Gobierno es comprometer una aportación nacional para reforzar la candidatura y cumplir con las exigencias de un procedimiento europeo que combinará financiación pública, capital privado y evaluación competitiva. Bruselas prevé movilizar 20.000 millones de euros para financiar hasta cinco gigafactorías de IA en la Unión Europea dentro de una estrategia más amplia que aspira a movilizar 200.000 millones en inteligencia artificial.
La cuestión crítica será ahora convertir el anuncio político y financiero en una candidatura técnicamente solvente. La escala de una gigafactoría de IA exige garantías sobre potencia eléctrica disponible, estabilidad del suministro, eficiencia energética, refrigeración, conectividad internacional, seguridad física y ciberseguridad, además de un modelo económico capaz de asegurar el uso efectivo de la infraestructura por empresas, centros de investigación, universidades y administraciones públicas. El valor estratégico de la instalación dependerá no solo de su capacidad bruta de cómputo, sino de que pueda ofrecer acceso real al ecosistema industrial y científico europeo.
El Gobierno presenta la operación como una apuesta por la soberanía tecnológica y por el liderazgo europeo en IA fiable y sostenible. La realidad, por ahora, es más matizada. España ha puesto sobre la mesa 719 millones para entrar con fuerza en la competición europea, pero la adjudicación dependerá de Bruselas, de la fortaleza técnica del consorcio y de la capacidad de demostrar que la infraestructura será viable.
