El asesinato del motor diésel en Europa.

El motor diésel, durante décadas columna vertebral del transporte europeo, atraviesa un proceso que muchos califican como su “asesinato político y regulatorio”. Lo que comenzó como una estrategia ambiental para reducir emisiones de CO₂ y partículas contaminantes, se ha convertido en una batalla que enfrenta a gobiernos, fabricantes y consumidores.

La Unión Europea había fijado inicialmente el fin de la venta de vehículos de combustión en 2035, lo que incluía gasolina, híbridos y diésel. Un sector bajo la óptica y presión política atrofiada comunitaria. Sin embargo, en las últimas semanas Bruselas ha dado marcha atrás, ya que aparentemente se permitirá seguir vendiendo coches de combustión más allá de esa fecha, aunque con restricciones severas y bajo condiciones de emisiones muy estrictas.

Este vaivén político refleja la tensión entre dos realidades: por un lado, la necesidad de cumplir los compromisos climáticos y por otro, la defensa de una industria que genera millones de empleos, donde en Europa da empleo a más de 13 millones de trabajadores y que aún depende en gran medida del motor diésel, especialmente en sectores como el transporte de mercancías y la automoción en países como Alemania, Italia y España.

Mientras países como Alemania e Italia han presionado para suavizar la prohibición, España, ha mantenido una postura firme en favor de la eliminación total del diésel, siendo defendida por el Gobierno de Sánchez, en sus comunicaciones con la Comisión Europea. La postura que sostiene el actual ejecutivo de España provocará una reducción significativa del empleo en el sector de la automoción, un ámbito que genera de forma directa e indirecta trabajo para cerca de 2 millones de personas en nuestro país. Esta estrategia conduce, además, al paulatino desmantelamiento de un sector que durante años ha representado más del 10% del PIB nacional, poniendo en riesgo su papel esencial en la economía española.

Este choque de intereses evidencia que el debate no es solo tecnológico, sino profundamente político y económico, que trae debajo del brazo, consecuencias muy negativas para la industria y el empleo en España, donde tenemos que recordar que tenemos una capacidad productiva de 3,6, millones de unidades, y producimos en la actualidad algo más 2,2 millones.

La incertidumbre regulatoria ha generado un clima de inseguridad en fabricantes y usuarios. Las pymes del sector automotriz temen que la transición acelerada hacia el vehículo eléctrico provoque cierres y pérdida de competitividad frente a fabricantes asiáticos, mientras que los consumidores se enfrentan a un mercado donde invertir en un coche diésel nuevo puede parecer arriesgado. Además, la propuesta de reducir en un 20% los recursos de la PAC y otras políticas vinculadas a la transición verde impactan indirectamente en el sector primario y en la logística, donde el diésel sigue siendo predominante.

Hablar del “asesinato del motor diésel” es, en realidad, hablar de un proceso de desplazamiento forzado por normativa, impuestos y restricciones. No se trata de una muerte natural por obsolescencia tecnológica, sino de una decisión política que busca acelerar la electrificación del parque automovilístico europeo.Sin embargo, voces críticas como la nuestra, advierten que esta estrategia puede ser contraproducente, ya que Europa corre el riesgo de perder competitividad frente a China y Estados Unidos, donde la transición energética se plantea con mayor flexibilidad.

El futuro del diésel en Europa no está completamente sellado, aunque su papel se reducirá drásticamente en un futuro cercano, a pesar de que las últimas decisiones de Bruselas muestran que la prohibición total ya no es incuestionable. El motor diésel, lejos de desaparecer de inmediato, seguirá presente en un marco regulatorio cada vez más exigente.

Los que conocemos este sector, lo sabíamos desde el principio, a pesar del relato continuo  que hemos sufrido con el catastrófico Plan del PNIEC de Teresa Rivera para nuestro país.

Más que un asesinato, lo que vive el diésel es un juicio político cuyo veredicto aún se está escribiendo.