Del riesgo silencioso a prioridad nacional: la resiliencia hídrica entra en la agenda

Durante demasiado tiempo, la seguridad de las infraestructuras hidráulicas en España se ha movido en un terreno discreto, casi invisible para la opinión pública. Sin embargo, el contexto climático ha cambiado las reglas del juego. Sequías más prolongadas, episodios de lluvias extremas más intensos y una creciente presión sobre sistemas envejecidos han convertido la resiliencia hídrica en una cuestión central. Ya no hablamos solo de gestionar agua, sino de garantizar seguridad.

En este escenario, la reciente aprobación del Anteproyecto de Ley de Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas supone un punto de inflexión. Por primera vez, el agua y sus infraestructuras asociadas se sitúan claramente en el ámbito de la seguridad estratégica nacional. No es un gesto menor: es el reconocimiento de que las presas, las redes de abastecimiento o las estaciones de tratamiento son tan críticas como cualquier otra infraestructura esencial.

Pero conviene subrayar algo que no siempre se dice: este avance normativo no surge de la nada. Es, en buena medida, la consecuencia de años de trabajo técnico, de advertencias fundamentadas y de una labor constante de concienciación impulsada en gran medida por la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Ha sido esa voz técnica, persistente, rigurosa y, en ocasiones, incómoda, la que ha contribuido a generar una conciencia colectiva más crítica sobre el estado real de nuestro sistema hidráulico.

La ingeniería llevaba tiempo señalando lo evidente: muchas presas superan los cincuenta años de antigüedad, fueron diseñadas bajo hipótesis hidrológicas que ya no se cumplen y operan en un contexto donde los fenómenos extremos son cada vez más frecuentes. A ello se suma una inversión insuficiente en mantenimiento y modernización, que ha ido acumulando vulnerabilidades de forma silenciosa.

Fruto de este diagnóstico y de una preocupación que ha trascendido del ámbito técnico a la sociedad y, desde ahí, a la agenda política, la nueva ley introduce un cambio de paradigma. Ya no basta con que las infraestructuras funcionen, deben ser resilientes. Es decir, capaces de anticiparse, resistir, adaptarse y recuperarse ante eventos extremos, ya sean climáticos o de otra naturaleza. Lo que hasta hace poco era un debate casi exclusivo de especialistas se ha convertido hoy en una exigencia ciudadana y, en consecuencia, en una obligación legal.

No debe olvidarse, además, que esta ley responde a la obligación de transponer la Directiva (UE) 2022/2557 sobre resiliencia de entidades críticas. Sin embargo, las directivas europeas fijan el qué, pero dejan a los Estados el cómo. Y es precisamente en ese “cómo” donde radica la relevancia del caso español. Hace unos años, esta transposición probablemente se habría limitado a un enfoque más clásico, centrado en la protección de infraestructuras. Hoy, en cambio, España adopta una visión más ambiciosa, alineada con los riesgos reales del siglo XXI: resiliencia, adaptación climática y gestión integral de amenazas.

Y ahí reside, precisamente, uno de los mayores logros: haber trasladado el lenguaje de la ingeniería al terreno de los ciudadanos y, por ende, al de la política. Conceptos como análisis de riesgos, adaptación o resiliencia ya no son términos especializados, sino principios rectores de la acción pública.

La ley acierta al incorporar una visión integral de la seguridad, incluyendo amenazas emergentes como la ciberseguridad en un contexto de creciente digitalización del ciclo del agua. Pero, sobre todo, acierta al obligar a actuar. Porque la resiliencia no se construye con diagnósticos, sino con inversión, planificación y ejecución.

Este es, probablemente, el verdadero desafío. España parte de una base sólida, pero con un sistema que acusa el paso del tiempo. Redes que pierden agua, infraestructuras obsoletas y presas que requieren adaptación a nuevas condiciones climáticas son realidades que no pueden seguir aplazándose. La ley convierte en obligación lo que durante años ha sido una necesidad reconocida, pero postergada.

En este punto, resulta legítimo afirmar que la ingeniería ha cumplido su papel: identificar riesgos, anticipar escenarios y trasladar soluciones. Ahora corresponde a las administraciones consolidar ese trabajo con recursos y decisiones a la altura del reto.

La resiliencia hídrica no es una opción técnica, es una política de seguridad. Cada inversión en modernización, cada mejora en la gestión, cada avance en protección frente a riesgos evita costes económicos y sociales mucho mayores en el futuro.

El cambio climático no espera, y las infraestructuras tampoco pueden hacerlo. La diferencia entre anticiparse o reaccionar marcará la capacidad de España para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Hoy, al menos, hay una buena noticia: la advertencia ha sido escuchada y, en esta ocasión, también bien interpretada. España no solo cumple con Europa; empieza a anticiparse a los riesgos con una ambición que hace unos años parecía improbable. Ahora, el verdadero examen será demostrar que esa ambición se traduce en hechos.