Carreteras españolas: del esplendor a la urgencia por evitar el colapso

El déficit de conservación alcanza los 13.491 millones de euros y más de la mitad de la red presenta daños graves

Hace apenas dos décadas, España era reconocida como un referente internacional en infraestructuras. Su red ferroviaria de alta velocidad solo quedaba por detrás de la japonesa, y su malla de autovías y autopistas se extendía hasta duplicar la de muchos países europeos. La construcción parecía no tener límites: aeropuertos en ciudades como Huesca, Burgos o Albacete, urbanizaciones con estación de AVE en mitad de la nada, autopistas de peaje conviviendo con autovías gratuitas en trayectos de apenas 75 kilómetros, como ocurría entre Madrid y Toledo.

Era la época de la exuberancia, sostenida por una recaudación fiscal desbordante alimentada por el boom inmobiliario. El país construía más que Alemania, Francia e Italia juntos, convencido de que la bonanza sería eterna. Pero la crisis financiera de 2008 rompió ese espejismo: el PIB se desplomó, el desempleo se disparó hasta rozar el 25%, la deuda pública saltó del 35% a más del 100% del PIB y el déficit fiscal obligó a aplicar una política de austeridad sin precedentes.

En aquel contexto, la inversión pública se hundió: entre 2007 y 2014 cayó un 72% en infraestructuras, según datos de FAES. Y lo que nació como un ajuste temporal se convirtió en un patrón estructural: hoy, casi dos décadas después, el gasto público en obra civil sigue un 40% por debajo de los niveles de 2009, y España se encamina a ser el país con menor ratio de inversión pública de la UE en 2025-2026, según Eurostat.

La gran brecha inversora: raíces del problema

El desplome inversor tras la crisis tuvo efectos inmediatos: se paralizaron proyectos, se redujeron licitaciones y se abandonaron planes de mantenimiento. Pero la herencia se arrastra hasta hoy por tres factores adicionales:

• Ley de Desindexación (2015), que impide actualizar contratos según el IPC. Durante la deflación pasó inadvertida, pero con la inflación disparada tras la pandemia ha provocado que 1.939 licitaciones quedaran desiertas solo en 2023, según la CNC.
• Falta de colaboración público-privada efectiva, desincentivada por inseguridad jurídica y abusos en la figura de medios propios (adjudicación directa a empresas públicas).
• Marco presupuestario rígido y deuda pública elevada (102% del PIB), que limita la capacidad de aumentar la inversión sin comprometer la estabilidad fiscal.

El resultado es que, mientras la población crece y la movilidad se intensifica, la red viaria se deteriora sin que las administraciones dispongan de recursos suficientes para revertirlo.

Una red viaria extensa, pero obsoleta

Según el Informe de Infraestructuras 2023 de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, España cuenta con 101.700 kilómetros de carreteras, de los cuales 26.400 km corresponden a la Red del Estado y 75.300 km a las redes autonómicas y forales. Se trata de una de las mallas más densas de Europa, construida para garantizar cohesión territorial y competitividad económica.

Sin embargo, el informe advierte que España ha perdido posiciones en calidad y conservación, situándose por debajo de países como Francia o Alemania en indicadores clave. Además, la red muestra una obsolescencia funcional y tecnológica creciente, lo que dificulta el cumplimiento de los objetivos europeos de sostenibilidad, digitalización y seguridad.

El Informe de la Asociación Caminos señala que la falta de un plan integral de mantenimiento y la ausencia de sistemas inteligentes de gestión viaria son factores críticos.

“No basta con mantener lo construido; es necesario modernizarlo para afrontar la movilidad del futuro”, concluye el documento.

Radiografía del deterioro: la alerta de la AEC

La Asociación Española de la Carretera (AEC) ha puesto cifras a este problema en su auditoría de 2025, realizada por primera vez con tecnología basada en inteligencia artificial. El 52% de la red presenta deterioros graves, y 34.000 kilómetros (32%) requieren una reconstrucción urgente en menos de un año. Si se amplía el horizonte a cuatro años, más de la mitad de las carreteras españolas necesitarán intervenciones profundas.

La comparación histórica evidencia la gravedad: en 2022 había 13.000 km en estado muy grave; en 2025 son 34.000, casi el triple. La red se degrada a un ritmo del 8% anual, acelerado por el tráfico pesado y la falta de inversión.

El coste para devolver la red a condiciones óptimas asciende a 13.491 millones de euros, un 42,7% más que en 2022. Esta cifra se reparte en 4.721 millones para la Red del Estado y 8.770 millones para las redes autonómicas y forales. El incremento se explica en parte por la inflación (20%), pero sobre todo por el empeoramiento estructural (23%).

Coste del abandono: impacto económico y social

El deterioro no solo afecta a la seguridad vial, sino también a la economía:

• Más consumo energético: circular por carreteras en mal estado eleva el consumo de combustible un 12%, lo que supondrá 270 millones de euros adicionales este verano, según la AEC.
• Menor velocidad media: la reducción obligada del ritmo de circulación provoca un 10% más de tiempo de viaje, lo que se traduce en un aumento del coste logístico de hasta un 10%.
• Retraso en innovación y sostenibilidad: sin una red adaptada, será imposible implantar corredores inteligentes, movilidad autónoma o electrificación masiva.

Además, el deterioro compromete la Estrategia Nacional de Movilidad y Defensa, en un contexto en el que la resiliencia infraestructural es un activo estratégico.

Mapa autonómico: desigualdades en conservación

El análisis territorial del estudio revela brechas significativas: Aragón encabeza el ranking negativo, con un 68% de su red en estado grave, seguida de Castilla-La Mancha y Galicia, con un 59% cada una. Otras regiones críticas son La Rioja (41% muy grave), Castilla y León (39%) y Galicia (38%). En contraste, la Comunidad Valenciana, Madrid, País Vasco y Cataluña presentan los niveles más bajos de deterioro, aunque no alcanzan estándares óptimos.

¿Cómo revertir el colapso?

La AEC plantea un fondo estable y sostenible para la conservación, nutrido por presupuestos públicos, fondos europeos, sistemas de tarificación por uso y colaboración público-privada. Además, propone suprimir la exención del impuesto especial de hidrocarburos para otros modos de transporte, lo que permitiría generar 4.091 millones anuales, suficientes para cerrar el déficit en poco más de tres años.

Conclusión: el precio de no actuar

España afronta el mayor deterioro de su red viaria desde los años ochenta. Sin una estrategia integral que combine financiación estable, gestión tecnológica y digitalización, el país corre el riesgo de comprometer la seguridad vial, la competitividad económica y los objetivos climáticos. El reloj corre, y cada día de inacción incrementa el coste y reduce la capacidad de respuesta.

Datos Clave

• 101.700 km de carreteras en España.
• 52% de la red con daños graves.
• Déficit de conservación: 13.491 millones de euros (+42,7% vs 2022).
• Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia, en situación crítica.