Bruselas retrata las carencias energéticas españolas con mucha renovable, poca red, escaso almacenamiento y una electrificación estancada
El informe económico de la Comisión Europea sobre España reconoce el peso creciente de las energías renovables en la generación eléctrica, pero señala retrasos estructurales en redes, permisos, almacenamiento, interconexiones, eficiencia energética y electrificación de la industria y el transporte. El diagnóstico cuestiona la gestión del Gobierno al mostrar que la política energética ha avanzado más en potencia instalada que en infraestructura real para integrarla con seguridad en el sistema.
La Comisión Europea ha vuelto a situar la transición energética española ante su contradicción principal. España produce ya más de la mitad de su electricidad con renovables, ha conseguido precios mayoristas relativamente competitivos respecto a la media europea y dispone de un fuerte atractivo inversor para nuevos proyectos solares, eólicos y de almacenamiento. Pero el informe país de 2026 publicado por Bruselas dibuja un sistema mal acompasado, con una expansión renovable que ha ido más rápido que las redes, con una capacidad de almacenamiento todavía muy insuficiente, con cuellos de botella administrativos, con una electrificación débil y con una dependencia del gas que sigue siendo necesaria incluso para sostener la estabilidad técnica de la red.
El documento es especialmente incómodo para el Gobierno porque no cuestiona el objetivo de descarbonización, sino la ejecución práctica de la política energética. Bruselas reconoce que España alcanzó en 2025 una cuota renovable del 54,9% en el mix eléctrico, por encima de la media europea, y que la potencia renovable instalada llegó a 98.614 megavatios. La solar creció con fuerza, hasta 48.130 megavatios, tras sumar 7.800 megavatios en un año, mientras que la eólica aumentó hasta 33.100 megavatios, con 1.050 megavatios adicionales. Sin embargo, la Comisión advierte de que este despliegue se está encontrando con una limitación cada vez más evidente ya que no existen red, almacenamiento, flexibilidad, interconexión y procedimientos administrativos capaces de convertir esa potencia en generación útil, gestionable y segura.
El punto más crítico del informe es el relativo a la red eléctrica. La Comisión afirma que la mejora de la resiliencia y la flexibilidad de la infraestructura eléctrica española es “clave” y señala que los retos exigen modernizar redes, reforzar las interconexiones con los países vecinos, mejorar el control de tensión, acelerar el almacenamiento y reducir los cuellos de botella. El diagnóstico europeo llega, además, después del apagón del 28 de abril de 2025, que afectó a España, Portugal y parte de Francia y que ha obligado a revisar los procedimientos de operación del sistema. Bruselas recuerda que España debe evaluar con cuidado las recomendaciones del panel de expertos de ENTSO-E y adoptar nuevas medidas para que el operador del sistema pueda abandonar el actual modo de operación reforzada, que implica un mayor uso de centrales de gas para mantener la estabilidad de tensión.
Falta de ingeniería de sistema
Esa observación tiene una enorme carga técnica y política. El Gobierno ha presentado durante años el crecimiento renovable como una garantía casi automática de seguridad, abaratamiento y autonomía energética. Pero Bruselas viene a decir que el sistema español ha necesitado recurrir de forma reforzada al gas para una función esencial de estabilidad eléctrica. La transición energética española, según se desprende del informe, no falla por falta de potencia renovable, sino por falta de ingeniería de sistema. Faltan redes capaces de absorber nueva generación, mecanismos de flexibilidad, almacenamiento a escala suficiente, servicios de ajuste bien diseñados, control dinámico de tensión y una planificación que no confunda objetivos de potencia instalada con seguridad operativa.
El retraso en almacenamiento es uno de los ejemplos más claros. España se ha fijado en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima el objetivo de alcanzar 22,5 gigavatios de almacenamiento en 2030. Pero la Comisión señala que la capacidad instalada en febrero de 2026 era de solo 8,15 gigavatios. Más aún, el anexo energético del informe advierte de que los proyectos actualmente en operación y en cartera, incluidas las actuaciones del Plan de Recuperación, solo permitirían llegar a 14,2 gigavatios, muy por debajo de la meta oficial. En otras palabras, incluso contando con los proyectos conocidos, España no estaría en trayectoria suficiente para cumplir su propio objetivo. El desfase no es menor, porque sin almacenamiento masivo la penetración renovable se traduce en más vertidos, más congestiones, más dependencia de tecnologías síncronas y más dificultad para desplazar combustibles fósiles en usos finales.
Excesiva burocracia
El informe también golpea otra debilidad clásica de la política energética española: la tramitación administrativa. Bruselas calcula que la autorización de construcción de proyectos renovables tarda actualmente entre 18 y 24 meses y reclama una mayor simplificación y estandarización de los permisos para corregir las diferencias entre regiones. La Comisión constata además que existe una enorme distancia entre las solicitudes de acceso a la red y los proyectos que finalmente entran en operación. En la cola figuran alrededor de 60 gigavatios eólicos, 150 gigavatios fotovoltaicos y 100 gigavatios de baterías. Esa acumulación muestra interés inversor, pero también revela un sistema incapaz de discriminar con rapidez los proyectos maduros, depurar solicitudes especulativas y transformar capacidad reservada en infraestructuras reales.
Para un sector como el energético, intensivo en capital y con plazos largos de maduración, esa incertidumbre administrativa es letal. Bruselas lo formula con lenguaje técnico, pero el mensaje es severo: los cuellos de botella de permisos y de acceso a red están ralentizando la transición limpia. La responsabilidad no puede diluirse únicamente entre comunidades autónomas, ayuntamientos, reguladores y operadores, porque la planificación energética nacional corresponde al Gobierno y porque la fragmentación administrativa lleva años siendo conocida. El Ejecutivo ha aprobado reformas y reales decretos, pero el informe muestra que las medidas llegan tarde, con resultados todavía modestos y sin resolver el problema central de coordinación.
Escasa electrificación
La Comisión también llama la atención sobre la electrificación, otro terreno donde el discurso oficial queda muy por delante de la realidad. En 2024, la electricidad representaba solo el 24,8% del consumo final de energía en España, una cuota apenas superior a la media de la UE y prácticamente estancada durante la última década. En la industria suponía el 30,7% y en el transporte apenas el 1,2%. El dato es demoledor para una economía que aspira a aprovechar sus renovables para ganar competitividad industrial. España genera mucha electricidad limpia, pero no está consiguiendo trasladar esa ventaja con suficiente rapidez a los procesos industriales, al calor, al transporte pesado, a la movilidad y a los usos energéticos finales.
El propio informe explica una de las razones de este bloqueo. La electricidad sigue siendo mucho más cara que el gas para determinados consumidores, en parte por la estructura de impuestos, cargos y peajes. Bruselas señala que, durante el primer semestre de 2025, el coste de la electricidad para calefacción fue tres veces superior al del gas. Así, salvo que una bomba de calor sea al menos tres veces más eficiente que una caldera de gas, el incentivo económico para sustituir equipos se debilita. Es una crítica indirecta pero clara al diseño tarifario español: se proclama la electrificación, pero se mantiene una estructura de costes que penaliza precisamente el vector energético que debería protagonizar la descarbonización.
La eficiencia energética aparece como otro asunto pendiente. La Comisión recuerda que España necesitaría 52.000 millones de euros de inversión adicional para alcanzar su objetivo nacional de eficiencia energética del 43% en 2030 respecto a 1990. También subraya que el parque residencial sigue siendo un problema de primer orden, con 23 millones de hogares y una necesidad de apoyo adicional para rehabilitaciones energéticas, especialmente en viviendas privadas y hogares vulnerables. El borrador del plan nacional de renovación de edificios estima en 233.000 millones las necesidades de inversión entre 2026 y 2050 para lograr un parque edificado altamente eficiente y descarbonizado. Frente a esas magnitudes, la ejecución de ayudas públicas y fondos europeos se enfrenta a la lentitud administrativa, la falta de capilaridad y la dificultad de movilizar inversión privada.
