Agricultores y ganaderos europeos vuelven a movilizarse contra la PAC y el acuerdo con Mercosur
Las movilizaciones reflejan el rechazo del sector a los recortes en la PAC y a la apertura comercial con Mercosur, mientras el acuerdo queda en suspenso a la espera de un dictamen del Tribunal de Justicia de la UE.
Las protestas de agricultores y ganaderos europeos han cobrado nueva intensidad en los últimos días, con tractoradas, cortes de carreteras y manifestaciones en España y otros países del continente en rechazo a las recientes reformas de la Política Agrícola Común (PAC) y al tratado comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur).
En España, el 28 de enero miles de profesionales del sector salieron de nuevo a las calles y carreteras para denunciar lo que consideran una amenaza a la viabilidad económica de sus explotaciones. Las organizaciones agrarias han señalado que, frente a los ajustes planteados en la PAC y la competencia que podría generar el acuerdo con Mercosur, los agricultores y ganaderos están viendo reducidos sus márgenes y expuestos a importaciones con costes más bajos y estándares diferentes a los europeos.
Las movilizaciones han tenido especial presencia en comunidades como Navarra —donde productores bloquearon vías con tractores mostrando pancartas y reivindicaciones en defensa del medio rural, la salud pública y la agricultura profesional— y en diversas capitales de provincia, con convoyes de maquinaria agrícola y llamadas a continuar las protestas en las próximas semanas.
El malestar no se limita a España. En varios países europeos se han organizado protestas similares, incluso en ciudades como Estrasburgo, donde agricultores de distintos Estados miembros llevaron sus demandas frente a las instituciones comunitarias. Estas acciones reflejan una preocupación compartida en el sector agrario europeo por los efectos acumulativos de las políticas comunitarias y la apertura comercial, que perciben como insuficientemente equilibrada frente a los intereses de la producción nacional.
Acuerdo UE-Mercosur en suspenso judicial
La situación política y jurídica del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur se ha convertido en un factor clave de la protesta agraria. Tras más de 25 años de negociaciones, el texto del tratado fue formalmente firmado a mediados de enero; sin embargo, su ratificación y entrada en vigor están ahora en suspenso.
El Parlamento Europeo decidió el 21 de enero remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe si el pacto respeta los tratados de la UE y la autonomía regulatoria del bloque. La votación en la Eurocámara fue muy ajustada, con 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones, y supone que el proceso de aprobación queda bloqueado hasta que el TJUE emita su dictamen jurídico. Esto podría prolongarse varios meses o incluso años antes de que los jueces europeos se pronuncien sobre la compatibilidad normativa del acuerdo.
Entre los puntos que se someterán a evaluación se encuentra el denominado mecanismo de reequilibrio, diseñado para permitir compensaciones si futuras leyes de una de las partes se consideran contrarias a lo pactado, y que algunos eurodiputados y sectores agrarios temen que pueda limitar la soberanía regulatoria de la UE en ámbitos como salud, ambiente o producción agrícola.
Aunque la Comisión Europea ha sugerido que partes del acuerdo podrían aplicarse de forma provisional antes del dictamen judicial, la decisión del Parlamento Europeo de solicitar esta revisión jurídica ha enfriado considerablemente las expectativas de una entrada rápida en vigor del tratado y ha reforzado el discurso de quienes sostienen que no se puede avanzar en acuerdos comerciales sin garantías claras para los agricultores comunitarios.
Reacción política y sectorial
Mientras los productores intensifican sus protestas, las instituciones europeas y gobiernos nacionales mantienen posiciones variadas: algunos gobiernos abogan por la necesidad del acuerdo para abrir mercados y reforzar el papel geopolítico de la UE, mientras que otros destacan la urgencia de proteger a los sectores agrícolas frente a importaciones que, aseguran, podrían presionar precios y estándares productivos.
En este contexto, el sector agrario ha reafirmado que sus movilizaciones continuarán si no se abren vías de negociación y se introducen mecanismos reales de salvaguardia y reciprocidad frente a los efectos potenciales del acuerdo comercial y de los ajustes en la PAC.
