Transportes prima el precio en los contratos de conservación y provoca el rechazo de las constructoras

El Ministerio moviliza 1.006 millones de euros para mantener 3.670 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado, pero el nuevo pliego reserva el 60% de la puntuación a criterios económicos y reduce al 40% el peso de la propuesta técnica. Las empresas advierten de que el modelo puede transformar los concursos en subastas a la baja y perjudicar la calidad, la seguridad y la viabilidad de los contratos.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto en marcha una de las mayores oleadas recientes de contratos para la conservación de la Red de Carreteras del Estado. La inversión autorizada asciende a 1.006 millones de euros, sin IVA, distribuidos en seis contratos y 29 lotes que abarcan actuaciones en veinte provincias de diez comunidades autónomas. Sin embargo, el volumen económico de las licitaciones ha quedado en un segundo plano ante el rechazo que está provocando entre las constructoras el nuevo modelo de adjudicación, que otorga un peso determinante a la oferta económica.

Los pliegos reducen del 49% al 40% la puntuación reservada a los aspectos técnicos y concentran el 60% restante en criterios relacionados con el precio. De esta última parte, nueve puntos corresponden a los presupuestos de personal y maquinaria y hasta 51 puntos dependen del resto del presupuesto de ejecución presentado por cada licitador. La Administración elimina además los denominados juicios de valor, utilizados tradicionalmente para evaluar elementos cualitativos de las propuestas, y los sustituye por fórmulas y parámetros objetivos.

Transportes defiende que la reforma pretende reducir la discrecionalidad de las mesas de contratación y cerrar espacios que puedan facilitar el amaño de concursos públicos. El nuevo sistema fue revisado por la Abogacía del Estado y forma parte de los cambios impulsados por el departamento tras las investigaciones sobre presuntas irregularidades en determinadas adjudicaciones de obra pública. El Ministerio considera que la utilización de criterios medibles y verificables ofrece mayores garantías de transparencia que la valoración subjetiva de las memorias técnicas.

Las empresas de conservación, sin embargo, sostienen que la solución elegida puede generar un problema diferente. A su juicio, cuando el precio determina la mayor parte de la puntuación, las compañías se ven empujadas a presentar bajas cada vez más agresivas para poder competir. El resultado, advierten, puede ser una sucesión de adjudicaciones con márgenes muy reducidos, especialmente difíciles de sostener en un contexto de encarecimiento de los materiales, la energía, la maquinaria y los costes laborales.

ACEX critica la presión sobre los precios

La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras, ACEX, que representa aproximadamente al 85% del sector, ha venido reclamando que la calidad del servicio, la seguridad vial y la sostenibilidad ocupen una posición central en los concursos. Las empresas temen que la presión sobre los precios termine afectando a la capacidad para mantener equipos suficientes, renovar maquinaria, mejorar las condiciones laborales o responder con rapidez ante accidentes, nevadas, desprendimientos y otras emergencias.

La conservación de carreteras no consiste únicamente en reparar baches o renovar señales. Los contratos incluyen la vigilancia permanente de las vías, la atención a accidentes, la vialidad invernal, el mantenimiento de instalaciones, la gestión de los centros de conservación y la intervención inmediata ante cualquier incidencia que pueda comprometer la circulación. También abarcan trabajos sobre firmes, drenajes, taludes, estructuras, sistemas de contención, iluminación y equipamientos de seguridad.

Esta nueva remesa permitirá actuar sobre 3.670 kilómetros de carreteras estatales, de los cuales 2.261 corresponden a autovías. Los contratos tendrán una duración inicial de tres años, con la posibilidad de una prórroga de dos años y una extensión adicional de hasta nueve meses. Las actuaciones se reparten entre Castilla y León, Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid, Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Aragón.

Plan de descarbonización

El nuevo pliego mantiene criterios técnicos vinculados a la eficiencia energética, la reducción de emisiones y la innovación. Entre los elementos puntuables figuran la instalación de sistemas de autoconsumo, el ahorro energético en iluminación, la incorporación del vehículo eléctrico, la sensorización de estructuras y taludes, la mejora de la protección de los operarios que trabajan junto al tráfico y la utilización de pavimentos asfálticos eficientes. Los adjudicatarios deberán presentar además un plan de descarbonización durante los primeros seis meses del contrato.

El sector cuestiona, no obstante, que estos compromisos puedan compensar la elevada ponderación económica. Las constructoras recuerdan que incorporar sensores, materiales de mayor rendimiento, maquinaria menos contaminante o sistemas avanzados de gestión exige inversión y personal especializado. Cuando la adjudicación depende principalmente de ofrecer el coste más bajo, argumentan, las empresas que plantean mayores medios técnicos pueden quedar en desventaja frente a las propuestas más baratas.

La controversia podría trasladarse ahora al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. La presentación de impugnaciones contra los pliegos suspendería o retrasaría algunos procedimientos y complicaría la sustitución de contratos próximos a vencer. También existen dudas sobre la subrogación de las plantillas y sobre la posibilidad de garantizar que todos los trabajadores actualmente adscritos a los servicios sean incorporados por las nuevas adjudicatarias.

El Ministerio sostiene que el modelo permite compatibilizar transparencia, competencia y calidad. Las empresas responden que combatir la corrupción no debería significar reducir la contratación de ingeniería y mantenimiento a una comparación de precios. En una red estatal que supera los 26.000 kilómetros y soporta más de la mitad del tráfico total y alrededor del 65 % del tráfico pesado, la discusión no es solo administrativa. El resultado de los concursos determinará los recursos disponibles para conservar las carreteras y, en última instancia, las condiciones de seguridad en las que circularán millones de usuarios durante los próximos años.