Taigua, una lección sobre la municipalización del agua

Hay algo de justicia poética en que sea el agua la que haga naufragar una patraña. Es el elemento más transparente, pero también el primero que se cuela por todas las grietas y el que delata las fugas. En Terrassa, la tercera ciudad de Cataluña, las grietas, las fugas y el definitivo colapso no ha sido solo hidráulico: ha sido político, económico y, sobre todo, ideológico.

Hace cinco años, el Ayuntamiento decidió que el agua debía “volver al pueblo”. El jingle sonaba bien, público, democrático, progresista y limpio. Un discurso litúrgico y purificador. El consistorio expulsó a Mina Pública d’Aigües de Terrassa, una empresa que llevaba abasteciendo la ciudad desde 1842, para crear la empresa municipal Taigua, con promesas de tarifas más bajas, mejor calidad y una red modernizada. Pero lo que siguió fue una parábola perfecta sobre las buenas palabras convertidas en una realidad espeluznante.

Todos los informes rigurosos exponen cifras devastadoras: las tarifas del agua subieron en algunos casos hasta un 42% en cinco años, mientras que la inversión en infraestructuras caía más de un 30% respecto al periodo de gestión privada. El gasto de personal se ha disparado un 56%, con una plantilla un 30% mayor. Y todo ello sin ninguna mejora en el servicio, más bien lo contrario. En román paladino, más caro, menos eficiente y con una estructura más pesada. La política del “agua del pueblo” convertida en un agua más cara y más turbia.

En Terrassa ya resulta evidente que la municipalización no ha traído ni transparencia ni ahorro, sino más costes y peores resultados. El rendimiento hidráulico, la medida que calcula cuánta agua se pierde en fugas y averías, ha caído. Son millones de litros evaporados en ineficiencia.

Ya lo advertía Chesterton: “El mundo está lleno de ideas cristianas convertidas en herejías”. También lo está de buenas ideas públicas convertidas en burocracia. La gestión directa del agua en Terrassa nació envuelta en esa mística ciudadana tan cacareada en los últimos años de agua como patrimonio común y libre de las garras del lucro empresarial. Una narrativa redentora, pero ajena a la realidad, que tozuda como siempre, recuerda que la eficiencia no depende más que de la competencia de quien gestiona.

Los partidarios de la municipalización acusan a las empresas de buscar beneficios. Y eso no puede ser más cierto. Pero también lo es que los pliegos de condiciones, los controles y las auditorías limitan esos márgenes y aseguran el cumplimiento del servicio. El beneficio empresarial, además, financia innovación, mantenimiento y riesgo operativo. En Taigua, la ausencia de beneficio no ha significado ahorro. Ha sido sustituido por sobrecostes salariales y déficits estructurales. Y el Ayuntamiento, convertido en juez y parte, ha demostrado una vez más qué mal vigila el que se vigila a sí mismo.

El caso de Terrassa no es un accidente ni una anécdota en nuestro país. Forma parte de esa corriente podemita que, desde 2015, se empeñó en recuperar para lo público lo que nunca había dejado de ser público. El ciclo integral del agua, la recogida de basuras, los autobuses urbanos… todo debía volver a la “gestión directa”, como si el problema estuviera en el adjetivo y no en la calidad de la gestión. La fiebre municipalizadora consistía en el presunto rescate de unas competencias que nunca se habían perdido. Las concesiones operaban bajo la tutela de los ayuntamientos, con plena fiscalización. Lo que se expulsó no fue a las empresas, sino a la colaboración público-privada, esa fórmula que, bien aplicada, combina lo mejor de ambos mundos: la eficiencia del mercado y la responsabilidad pública.

En Terrassa, como en tantos otros municipios gobernados por ese impulso ideológico, el resultado ha sido idéntico: más plantilla, menos inversión, más gasto y menos agua útil. Lo mismo que ocurrió en el Hospital de la Ribera, en Alzira, cuando se sustituyó la gestión de Ribera Salud por un modelo público. Entonces también se contrató más personal, se multiplicaron las listas de espera y desapareció la excelencia que Harvard había reconocido.

La poesía política se estrella siempre contra la prosa de la contabilidad. Taigua necesitó subir tarifas desorbitadamente para cuadrar unas cuentas que, paradójicamente, se crearon para ahorrar. Los beneficios fiscales y la supresión del impuesto de sociedades no han compensado los nuevos costes. Lo que antes eran beneficios empresariales se han convertido en “costes indirectos”. Y mientras, las fugas aumentan, el mantenimiento se retrasa y la red envejece.

A quienes soñaron con un modelo más justo, la realidad les ha devuelto una lección de gestión básica: la justicia no se mide en intenciones, sino en resultados. El ciudadano, ese convidado de piedra, solo ve el recibo del agua y un servicio que no mejora. De hecho, empeora. La municipalización no ha democratizado nada: ha encarecido un servicio y ha reducido su calidad. Pero eso sí, ha creado más cargos, más estructura y más discurso.

Zygmunt Bauman hablaba de “modernidad líquida” para describir un mundo que cambia sin estructuras firmes. En Terrassa, la liquidez es literal: se escapa por las tuberías. Pero el fenómeno es el mismo. La política líquida promete flexibilidad, cercanía y transparencia, y acaba diluyéndose en improvisación y costes.

El problema no es el agua pública, que siempre lo ha sido, sino que quienes gestionen no sean profesionales, sobre todo en un asunto tan complejo. Los ayuntamientos pueden ser buenos reguladores, pero son pésimos operadores. Cuando una administración decide gestionar directamente lo que antes controlaba, cambia su naturaleza: deja de ser árbitro para convertirse en jugador. Mientras que si no cumple, la empresa privada pierde el contrato, si la pública falla, sube tarifas y vende unos activos que son de todos como ocurre ahora con Taigua.

La expresión “servicio de todos” suena bien, pero suele esconder una verdad incómoda: si es de todos, no es de nadie. Cuando la propiedad es difusa, la responsabilidad también lo es. Mina d’Aigües, el antiguo operador, invertía una media de 20 millones de euros cada cinco años, con un 80% destinado a la red. Taigua ha reducido esa cifra a 14 millones, de los cuales apenas un 60% se dedica al mantenimiento.

El resultado: más averías, más pérdidas y menos capacidad de inversión. Pero a cambio, una épica narrativa sobre la “soberanía del agua”. Los datos son testarudos: las pérdidas de agua equivalen a lo que consumirían los ciudadanos de Terrassa durante veinte días, según los estándares de la OMS.

El filósofo Raymond Aron escribió que “el infierno está lleno de buenas intenciones administradas por burócratas”. En Terrassa, ese infierno tiene forma de factura del agua. El debate no debería ser ideológico, sino técnico: ¿Quién gestiona mejor y a menor coste? El modelo de colaboración público-privada —tan vilipendiado en los últimos años— ha demostrado que puede ofrecer servicios de calidad bajo la supervisión municipal. No se trata de entregar el agua a las empresas, sino de poner la gestión en manos de profesionales, con control público efectivo y penalizaciones claras.

El caso Taigua debería ser un punto de inflexión. No para volver al pasado, sino para aprender que la eficiencia también es una forma de justicia social. Cada euro que se gasta en burocracia es un euro que no se invierte en mantenimiento, innovación o ayudas sociales. Terrassa no necesitaba un eslogan; necesitaba gestión. No necesitaba “recuperar el agua”, sino conservar su calidad. Y no necesitaba demostrar que lo público puede ser eficiente, sino reconocer que la eficiencia no entiende de ideologías.

Ahora Taigua, para hacer frente a un endeudamiento insoportable, está a punto de vender su infraestructura de captación y tratamiento de agua, concretamente a ATL, por 6,15 millones de euros. Y con ello el coste de compra de agua pasará de 1,86 millones de euros anuales en 2025 a 8,19 millones en 2026, lo que supone un aumento del 341 %. Sí, se ahorrarán 3 millones entre energía y personal, pero no hace falta ser economista para ver que no compensa. Así ha acabado lo de la municipalización que iba a salvar al agua de las empresas privadas. Mienten sobre los motivos, diciendo que es la Generalitat quien exige la reversión, como antes mentían sobre sus intenciones al municipalizar. Pero a la concejala Patricia Reche, por ejemplo, todo esto le ha permitido convertirse en presidenta del Consejo de Administración de una empresa de agua, siendo nada menos que graduada en educación social y animación sociocultural.

La planta de tratamiento formaba parte de las instalaciones que el Ayuntamiento de Terrassa recibió gratuitamente del anterior gestor del servicio. Y aunque los vecinos de Terrassa han estado pagando una tarifa que se suponía debía permitir a Taigua realizar inversiones en dicha planta, no hay constancia de que estos fondos se hayan destinado a esta infraestructura. La descapitalización de la compañía es constante. Cada vez vale menos.

De hecho, los propios documentos de Taigua revelan que, durante 2025, la empresa realizó un 33,6 % menos de la inversión prevista en el sistema de captación y tratamiento. Esta decisión de reducir el mantenimiento y la mejora de un bien público justo cuando se está negociando su transferencia sugiere un descuido en el mantenimiento de unos activos que, hasta el último día, pertenecen a todos los ciudadanos de Terrassa.

El agua tiene una virtud: siempre busca su nivel. Tarde o temprano, la verdad también. La experiencia de Taigua ha devuelto a Terrassa una lección que vale más que cualquier informe técnico: los servicios esenciales no pueden ser campo de experimentos ideológicos. El Ayuntamiento podrá seguir hablando de soberanía, pero los ciudadanos seguirán pagando más por un servicio peor. Y mientras tanto, el agua —como la credibilidad política— se seguirá escapando por las grietas.