Manifiesto de la Asociación de Ingenieros de Caminos por la seguridad y conservación de las presas

La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil quiere expresar públicamente su profunda preocupación por el estado actual del parque de presas en España y por la falta de medidas que garanticen su seguridad, conservación y aprovechamiento sostenible.

Una infraestructura crítica en riesgo

España cuenta con 2.453 presas en explotación, de las cuales 1.300 son grandes presas. De ellas, 375 son de titularidad estatal, lo que nos sitúa como el quinto país del mundo en capacidad de regulación hídrica.

Estas infraestructuras permiten:

• Abastecer a la población.
• Sostener la agricultura de regadío.
• Generar energía renovable.
• Mitigar sequías e inundaciones.
• Actuar como barrera natural frente a incendios forestales, suministrando agua a hidroaviones y funcionando como cortafuegos.

Sin embargo, su vulnerabilidad es elevada:

• Un 40% de las presas están clasificadas como de Categoría A, es decir, su rotura afectaría gravemente a núcleos urbanos, con riesgo directo para decenas de miles de personas.
• En el litoral mediterráneo, más de un millón de personas viven en zonas de riesgo grave en caso de avenidas.
• El caso de la presa de Forata (Valencia) es ilustrativo: más de 110.000 habitantes estarían expuestos en caso de fallo.

La edad media de las presas españolas es de 50 años. Más de 600 superan el medio siglo y un centenar tienen más de un siglo de antigüedad. Este envejecimiento exige actuaciones constantes de mantenimiento, modernización y control que hoy no se están realizando con la intensidad necesaria.

Déficit de inversión y consecuencias directas

En la última década, la inversión pública en infraestructuras hidráulicas se ha reducido un 57%, lo que ha provocado que solo se haya ejecutado el 29% de lo previsto en los Planes Hidrológicos y de Gestión de Riesgos de Inundaciones.

Las consecuencias son claras:

• Miles de ciudadanos viven en áreas de riesgo sin planes de emergencia implantados.
• Numerosas presas presentan deficiencias graves de seguridad.

Según informes de la propia Administración sobre las 375 grandes presas de titularidad estatal:

• El 75% requieren estudios complementarios de seguridad.
• El 65% necesitan renovar sus sistemas de auscultación.
• El 30% precisan refuerzos estructurales.
• El 50% requieren rehabilitación de desagües de fondo.

Una normativa ambigua y deficiente

La Norma Técnica de Seguridad (NTS) derivada del RD 264/2021, elaborada tras 15 años de trabajos sin un diagnóstico previo del parque existente, presenta graves deficiencias:

• En el 95% de las presas a las que teóricamente aplica, la NTS solo constituye un “marco de referencia” y no tiene carácter vinculante, quedando la seguridad al criterio del titular. En la práctica, no aplica al 95% de las presas existentes, únicamente a las de nueva construcción.
• Introduce la figura de la Entidad Colaboradora para la gestión de la seguridad, lo que, aplicado bajo la actual Ley de Contratación, pone en riesgo la calidad e independencia del control.
• Utiliza criterios ambiguos e interpretables en aspectos críticos como la seguridad hidrológica, la clasificación o los planes de emergencia.
• Omite aspectos esenciales como el impacto del cambio climático, siendo el riesgo hidrológico la principal causa de rotura de presas.

Lejos de mejorar la situación, esta normativa supone un retroceso en la seguridad de nuestras presas.

Organización ineficaz de la gestión de la seguridad

La normativa asigna la gestión de la seguridad a distintos organismos estatales y autonómicos, mientras que simultáneamente el Estado es titular de un gran número de presas. Esta dualidad genera:

• Falta de independencia del órgano gestor, que se traduce en un control ineficaz sobre sus propias infraestructuras.
• Carencias graves en recursos humanos cualificados, por la pérdida de profesionales técnicos en puestos clave.
• Dirección de equipos por responsables sin formación adecuada: menos del 50% de los presidentes de Confederaciones cuentan con formación técnica acorde, y de los cinco altos cargos de la Dirección General del Agua, solo dos son Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

Episodios como la DANA del Levante en 2024 evidenciaron estas deficiencias: una gestión ineficaz de la emergencia, derivada de la falta de conocimientos hidrológicos e hidráulicos en el CECOPI, multiplicó los daños y víctimas.

En este contexto de falta de independencia, precariedad de recursos y déficit formativo, se explica el grave deterioro de las presas de titularidad estatal.

Amenaza de demolición y pérdida patrimonial

A esta situación se suma la política de demolición indiscriminada de presas cuando caducan concesiones hidroeléctricas, sin análisis multidisciplinar ni apertura de nuevos concursos.

Esto supone un doble error:

• Se elimina una infraestructura aún útil para la regulación hídrica, la prevención de inundaciones y la generación renovable.
• Se destruye un patrimonio cultural e histórico de la ingeniería española, con ejemplos emblemáticos como La Retorna, obra de Carlos Fernández Casado.

Una llamada a la responsabilidad

Desde la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil entendemos que la gestión del patrimonio y la seguridad de las presas es un servicio público esencial, que debe prestarse de forma continua, regular y uniforme.

Hoy, este servicio público no se está prestando a los ciudadanos. El deterioro y la demolición precipitada de presas ponen en riesgo la seguridad ciudadana, la resiliencia frente al cambio climático y los objetivos de transición energética. No podemos permitirnos que la falta de inversión o la gestión administrativa poco rigurosa comprometan un patrimonio estratégico que pertenece a todos.

Soluciones urgentes y necesarias

La Asociación reclama la puesta en marcha inmediata de un plan integral de conservación y seguridad de presas, que incluya:

1. Incremento sustancial de la inversión en mantenimiento, modernización e implantación de planes de emergencia.
2. Refuerzo institucional mediante la creación de un organismo técnico independiente y con financiación propia: un Consejo de Seguridad de Presas con autoridad administrativa suprema, que garantice:
   1. Independencia respecto a cualquier titular, público o privado.
   1. Solvencia económica suficiente para cumplir sus atribuciones.
   1. Solvencia técnica y jurídica de sus profesionales.
   1. Competencia para dictar resoluciones de obligado cumplimiento.
3. Reinstauración del Servicio de Vigilancia de Presas, dotado de medios técnicos y humanos cualificados, para garantizar un control permanente y eficaz de estas infraestructuras críticas.
4. Redacción de una nueva normativa de seguridad, que sustituya la actual, con criterios claros, realistas y vinculantes, incorporando el impacto del cambio climático.
5. Moratoria en la demolición de presas, hasta contar con evaluaciones técnicas, ambientales, energéticas y patrimoniales rigurosas.
6. Rehabilitación y modernización de infraestructuras existentes, adaptándolas a nuevas exigencias ambientales y energéticas.
7. Recuperación del liderazgo técnico en la Administración Hidráulica, reservando puestos clave a ingenieros con formación especializada.

Conclusión

Las presas españolas son un activo estratégico e irrenunciable para la seguridad, la energía, el medio ambiente y la cultura del país. La situación actual supone un riesgo creciente para la población, agravado por la mayor frecuencia de episodios de precipitaciones extremas.

Su seguridad, conservación y modernización son una obligación inaplazable.

Desde la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil reiteramos: la gestión de la seguridad de las presas debe prestarse como un auténtico servicio público, continuo, regular y uniforme.

Hacemos un llamamiento urgente a las administraciones y a la sociedad para que se actúe con responsabilidad y visión de futuro: invertir en nuestras presas es invertir en la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.