Legislar para acelerar el cambio climático
El Gobierno no da marcha atrás en el calendario de cierre nuclear que aboca a la central de Almaraz a cesar su actividad entre noviembre de 2027 y octubre de 2028. Y al mismo tiempo exhibe como gran respuesta estructural el Programa Nacional de Almacenamiento Hidráulico de Energía. Un PNAHE que sigue todavía en la fase de planificación y estudios previos, sin concursos concesionales convocados, sin proyectos constructivos maduros y sin posibilidad realista de aportar nueva potencia firme relevante antes de finales de la próxima década.
Lo preocupante no es solo la lentitud del PNAHE, sino la incoherencia del plan, si es que hay algo digno de ese nombre. El Gobierno sigue actuando como si el sistema eléctrico español ya estuviera en condiciones de prescindir de una generación nuclear estable, síncrona y libre de CO₂ sin pagar una penalización en gas, emisiones y seguridad de suministro.
Sin embargo, la propia información oficial apunta en la dirección contraria. La planificación de la red de transporte con horizonte 2025-2030 no está aún aprobada definitivamente y la vigente sigue siendo la 2021-2026, aunque haya recibido ajustes parciales. Es decir, el sistema ni siquiera tiene cerrada todavía la arquitectura de refuerzos estructurales que debería acompañar la siguiente ola de electrificación, nueva demanda industrial, baterías, bombeos e integración masiva de renovables.
El Ministerio para la Transición Ecológica presentó el PNAHE como el instrumento para poner en valor los embalses de la Administración General del Estado y desarrollar sobre ellos 31 proyectos de bombeo puro y 8 de bombeo mixto. Sobre el papel suena muy bien. Pero en la práctica, el programa sigue en la etapa de elaboración, evaluación ambiental estratégica y priorización. La propia documentación ministerial confirma esa cartera preliminar y sitúa los tres primeros concursos de concesión no antes del último trimestre de 2027. Eso significa que, incluso en el mejor de los escenarios, ese que nunca sucede, las primeras obras se irían a mediados de los años treinta. No estamos hablando, por tanto, de una palanca disponible para sustituir Almaraz, sino de una promesa de largo plazo utilizada como coartada de corto plazo.
Y conviene recordar de qué magnitudes estamos hablando. Almaraz produjo 15.370 GWh brutos en 2025 y evitó 5,5 millones de toneladas de CO₂. En el primer semestre de 2025 ya había generado 7.427,8 GWh y seguía cubriendo en torno al 7% de la demanda eléctrica anual, con suministro equivalente para unos cuatro millones de hogares. No es una instalación marginal ni una reliquia romántica del sistema eléctrico. Es una de las piezas que todavía sostienen su estabilidad física en un mix que crece deprisa por el lado renovable pero no igual de deprisa por el lado de la firmeza, la inercia o el almacenamiento y las redes.
Red Eléctrica informó de que en 2025 las renovables representaron el 55,5% del mix, o el 56,6% si se incorpora la estimación del autoconsumo, y de que los sistemas de almacenamiento contribuyeron a integrar algo más de 9,2 TWh. Son buenos datos, pero también contienen una advertencia: el almacenamiento existe, sí, aunque sigue siendo todavía modesto en relación con el tamaño del desafío. A cierre de 2025, la potencia total de almacenamiento apenas representaba el 2,3% de la potencia instalada total del país. Ese es el retrato real de partida. Quien sostenga que ya podemos retirar sin coste sistémico más de 15 TWh anuales de generación nuclear estable debería explicar con qué respaldo físico piensa reemplazarlos en días nublados, en puntas invernales o en episodios de baja producción renovable.
La contradicción se agrava cuando se examinan las decisiones más recientes del propio Gobierno. Lejos de abrir una pausa prudente, el Ejecutivo ha seguido dando pasos administrativos para hacer operativo el cierre. El 7º Plan General de Residuos Radiactivos, aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2023, mantuvo el escenario de cierre ordenado de las nucleares entre 2027 y 2035, incluyendo Almaraz I y II en 2027 y 2028. En paralelo, ENRESA ha formalizado contratos de ingeniería para preparar el desmantelamiento de Almaraz y ha licitado nuevas actuaciones vinculadas a la gestión del combustible gastado y a las infraestructuras auxiliares necesarias para la fase posterior al cese. Esto ya no es una hipótesis política abstracta. Es una maquinaria administrativa en marcha.
Todo ello sucede, además, mientras el debate europeo se mueve en sentido inverso. El informe de la misión de eurodiputados que visitó Extremadura en febrero recomendó explícitamente revertir el cierre de Almaraz para garantizar la estabilidad de la red, pidió una evaluación de impacto transparente y reclamó un diálogo eficaz sobre decisiones con fuertes consecuencias socioeconómicas regionales. No es habitual que una delegación parlamentaria europea formule una advertencia tan directa sobre una infraestructura concreta. Y, sin embargo, esa advertencia responde a una lógica técnica. Si se clausura una central que aporta potencia firme baja en carbono antes de que existan sus sustitutos materiales, el hueco no lo rellena la retórica, sino el gas.
Ese es el verdadero núcleo del problema. El cierre nuclear no se está planteando en un sistema que ya haya desplegado suficientemente almacenamiento hidráulico, baterías a gran escala, respuesta de la demanda, redes reforzadas, interconexiones holgadas y mecanismos de capacidad plenamente maduros. Al contrario. España sigue con la planificación 2021-2026 todavía vigente, con la 2025-2030 en fase de propuesta, con el PNAHE en fase de estudios y con un mecanismo de capacidad que el propio Ministerio ha venido enmarcando en términos de eventual aprobación futura. Pretender, en ese contexto, que se puede retirar Almaraz sin aumentar la dependencia del ciclo combinado es pedir a la física que obedezca a un calendario político.
Hay aquí, además, un problema de honestidad intelectual. El Gobierno debería hacer exactamente lo contrario de lo que está haciendo. Debería vincular cualquier cierre nuclear efectivo a hitos materiales verificables y no a fechas heredadas de un protocolo político firmado en otro contexto tecnológico y geopolítico. Hitos, no eslóganes. Tantos megavatios de almacenamiento firme en operación real. Tantos refuerzos de red adjudicados y ejecutados. Tantas infraestructuras críticas terminadas. Tanta capacidad de respaldo no fósil disponible. Mientras eso no exista, cerrar Almaraz no será un triunfo de la transición, sino una forma cara y algo dogmática de desordenarla. Porque la transición energética no consiste en sustituir megavatios nucleares por notas de prensa solares, sino en reemplazar una función física por otra función física equivalente o mejor. Y hoy España no dispone todavía de ese recambio plenamente desplegado. Lo saben los operadores, lo sugieren los documentos oficiales, lo apuntan los propios retrasos del PNAHE y lo han terminado advirtiendo incluso los eurodiputados que visitaron Extremadura. Seguir adelante pese a todo no sería valentía climática, sino todo lo contrario, más gas, más emisiones, más dependencia del petróleo y sus derivados. No es luchar contra el cambio climático, sino legislar para acelerarlo
