Las deficiencias del sistema eléctrico español, los retos del vehículo eléctrico y el cierre nuclear
El sistema eléctrico español se encuentra en un momento de profunda transformación. En las últimas décadas ha experimentado un gran crecimiento en la instalación de generación eólica y fotovoltaica, pero también ha evidenciado limitaciones estructurales en las interconexiones internacionales y en la modernización de infraestructuras, que se han hecho patentes en momentos de crisis, como el gran apagón. Este episodio ha demostrado que, pese a que desde el Miteco y desde Red Eléctrica se presume de la robustez general del sistema, son muchas las debilidades relacionadas con la gestión de la demanda, la flexibilidad de la red, su capacidad de absorber energías asíncronas, la dependencia de determinadas infraestructuras críticas y la resiliencia frente a fenómenos externos.
A estos problemas se suma el desafío de la implantación del vehículo eléctrico (VE). España, como miembro de la Unión Europea, está comprometida con la descarbonización de su economía y la reducción drástica de emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 y 2050. El transporte es responsable de casi un tercio de las emisiones totales, por lo que la electrificación del parque móvil es un eje esencial. Sin embargo, el despliegue masivo de coches eléctricos implicará un aumento significativo en la demanda de electricidad, la necesidad de una red de recarga extensa y fiable, y un sistema eléctrico capaz de absorber nuevas cargas sin comprometer su estabilidad.
Además, el cierre de las centrales nucleares españolas, previsto en el calendario fijado por el Gobierno, abre un frente adicional de vulnerabilidad en el sistema eléctrico. Actualmente, la energía nuclear aporta en torno al 20% de la generación anual y constituye una fuente estable y no dependiente de factores meteorológicos. Su desmantelamiento plantea, por tanto, un doble problema. Por un lado, la pérdida de una capacidad firme y gestionable que contribuye a la seguridad de suministro. Y por otro, la necesidad de sustituir esa producción con renovables y almacenamiento en un plazo relativamente corto, lo que exigiría inversiones masivas y una planificación rigurosa. La transición debe evitar que la salida de las nucleares coincida con picos de demanda que la red no pueda cubrir, especialmente en invierno o en episodios de baja generación eólica y solar.
El desmantelamiento, al que cada vez se oponen más españoles según las últimas encuestas, presenta además retos técnicos, económicos y sociales. Desactivar reactores nucleares es una operación compleja, costosa y prolongada en el tiempo, que implica una gestión segura de residuos radiactivos durante décadas y el impacto económico en comarcas dependientes de estas plantas. El coste de estas operaciones es asumido en gran parte por el sistema eléctrico a través de fondos gestionados por ENRESA, lo que añade presión sobre la factura energética. Además, existe el riesgo de que un cierre acelerado y mal planificado deje al sistema con menor capacidad de respaldo justo cuando más falta hace para integrar millones de vehículos eléctricos y garantizar la estabilidad de la red.
Dependencia de infraestructuras críticas y vulnerabilidad ante fallos puntuales
El apagón del pasado mes de abril, cuyas causas el Gobierno sigue sin explicar, pero que como todos los expertos señalan se debió a la ausencia de recursos de control de tensión del operador eléctrico que no ha adaptado el sistema a la nueva realidad de la generación renovable, dejó sin suministro eléctrico a millones de personas. Aunque se trató de un episodio limitado en el tiempo, puso de manifiesto hasta qué punto el sistema presenta graves deficiencias.
La red española presenta un elevado grado de centralización en determinados nodos estratégicos, lo que genera riesgos de propagación de fallos en cascada. Aunque el sistema cumple con los estándares europeos de seguridad, la dependencia de unas pocas líneas y subestaciones para mantener el equilibrio global es un punto débil frente a las oscilaciones que produce la eólica y la fotovoltaica, los incidentes técnicos, los posibles ataques cibernéticos o incluso frente a fenómenos meteorológicos extremos.
Limitaciones en la capacidad de interconexión internacional
España sigue siendo una isla energética en Europa. Su nivel de interconexión con el resto del continente apenas roza el 6% de su capacidad de generación, muy por debajo del objetivo europeo del 15%. Esta baja interconexión limita la capacidad de exportar excedentes de renovables cuando la producción es alta y de importar electricidad en situaciones de tensión.
El apagón evidenció la necesidad de contar con un sistema más integrado a nivel europeo, donde los flujos de energía puedan amortiguar desequilibrios nacionales. La insuficiencia de interconexiones, especialmente con Francia, se traduce en menor flexibilidad, precios más volátiles y mayor vulnerabilidad ante crisis de suministro.
Desajustes entre generación renovable y capacidad de almacenamiento
España es líder en energías renovables, con una penetración creciente de la eólica y la solar fotovoltaica. Sin embargo, estos recursos son intermitentes y dependen de condiciones climáticas variables. En la actualidad, la capacidad de almacenamiento es reducida y se concentra en unas pocas centrales hidroeléctricas de bombeo.
Con el apagón, se hizo evidente la dificultad para gestionar picos de demanda o caídas abruptas de generación renovable. Sin una infraestructura suficiente de baterías a gran escala, sistemas de gestión de la demanda y una planificación territorial equilibrada, el sistema puede sufrir desequilibrios que comprometan su estabilidad.
Envejecimiento de la red
Tanto la red de transporte de alta tensión, gestionada por Red Eléctrica, como parte de la red de distribución, gestionada por las compañías eléctricas, presentan un grado de envejecimiento considerable. Esto se traduce en averías frecuentes, pérdidas técnicas elevadas y dificultades para integrar la generación distribuida procedente del autoconsumo solar.
El apagón también han puesto en evidencia que los sistemas de distribución urbana y rural no están igualmente preparados para asumir cargas crecientes o fenómenos meteorológicos extremos. La resiliencia de las redes de baja y media tensión es fundamental para garantizar un suministro seguro en el futuro escenario de electrificación masiva.
Insuficiente digitalización y monitorización de la red
El grado de digitalización del sistema eléctrico español es desigual. Mientras que en el transporte se han implementado sistemas avanzados de telecontrol y monitorización, la distribución y el consumo final aún presentan lagunas.
Durante un apagón, una respuesta rápida depende de contar con información en tiempo real sobre el estado de cada nodo de la red. Sin sensores, sistemas de gestión inteligente y herramientas de predicción, la localización de incidencias y la restauración del suministro se ralentizan. Además, sin digitalización plena es difícil implementar políticas de demanda flexible, esenciales para el vehículo eléctrico.
El reto de la implantación del vehículo eléctrico
Según estimaciones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en 2030 España debería contar con entre 3 y 5 millones de vehículos eléctricos en circulación. Aunque no parece que estas estimaciones se vayan a cumplir es evidente la falta de planificación y de previsión ya que si todos cargaran simultáneamente en horarios punta, el sistema enfrentaría picos de demanda adicionales del orden de varios gigavatios, comparables a la capacidad de varias centrales nucleares, que excedería además la capacidad de la red actual.
Además, la red de puntos de recarga en España es aún insuficiente. Aunque ha crecido en los últimos años, sigue lejos de los objetivos europeos. Las deficiencias actuales son tanto cuantitativas como cualitativas:
- Escasez de cargadores rápidos y ultrarrápidos en carreteras.
- Distribución desigual, con mayor concentración en áreas urbanas y déficit en zonas rurales.
- Problemas de interoperabilidad y homogeneización de sistemas de pago.
Para que el vehículo eléctrico sea una opción real y competitiva, la red de recarga debe ser amplia, fiable, accesible y estar integrada con la planificación del sistema eléctrico.
El impacto del coche eléctrico no afecta sólo a la red de transporte, también a la distribución de baja tensión. En barrios residenciales o polígonos donde un número creciente de usuarios cargue simultáneamente sus coches, pueden producirse sobrecargas locales, caídas de tensión o disparos de protecciones. Por lo tanto es imprescindible reforzar tanto la red de transporte como la de distribución para asumir la nueva demanda, con transformadores más potentes, líneas modernizadas y sistemas de gestión inteligente que equilibren las cargas en tiempo real. Además, será esencial integrar tecnologías de smart grids, capaces de coordinar la generación distribuida, el autoconsumo y la recarga de vehículos.
Más allá de ser una carga adicional, el vehículo eléctrico puede convertirse en una pieza clave para el sistema eléctrico. Gracias a la tecnología Vehicle-to-Grid (V2G), las baterías de los coches podrían almacenar energía en horas valle y devolverla en picos de demanda. Esto aumentaría la flexibilidad del sistema y permitiría integrar mejor las renovables. Para ello, será necesario establecer marcos regulatorios adecuados, garantizar la seguridad de las baterías y desarrollar plataformas digitales que coordinen millones de transacciones energéticas en tiempo real.
Medidas para garantizar la transición
Los apagones han mostrado la importancia de contar con un sistema capaz de absorber fallos sin provocar cortes masivos. La resiliencia debe ser un eje prioritario en la planificación energética. Se requieren inversiones en:
- Redes de transporte y distribución
- Redundancia en infraestructuras críticas.
- Interconexiones internacionales más potentes.
- Protocolos de respuesta rápida y planes de contingencia.
Ampliar la capacidad de almacenamiento
El despliegue de baterías estacionarias y centrales de bombeo hidráulico permitirá gestionar la intermitencia renovable y absorber la nueva demanda de movilidad eléctrica. El almacenamiento distribuido en hogares, empresas y flotas de vehículos será igualmente esencial.
Un marco regulatorio que incentive estas inversiones, junto con la innovación tecnológica y la reducción de costes es imprescindible para superar una de las principales limitaciones del sistema actual.
Digitalización y redes inteligentes
La digitalización integral del sistema eléctrico es condición indispensable. Contadores inteligentes, sensores en red, plataformas de big data y sistemas de inteligencia artificial permitirán anticipar fallos, gestionar la demanda y optimizar la recarga de vehículos eléctricos.
La expansión de puntos de recarga debe realizarse de forma planificada y coordinada con las distribuidoras eléctricas. No basta con instalar cargadores: es preciso garantizar que la red puede asumirlos sin riesgo de colapso. La interoperabilidad, la transparencia en tarifas y la disponibilidad en tiempo real de los puntos de recarga son factores clave para generar confianza en los usuarios y facilitar la transición.
Autoconsumo
El vehículo eléctrico y el autoconsumo fotovoltaico pueden ir de la mano. Un hogar con paneles solares y coche eléctrico puede reducir su factura energética y aportar estabilidad a la red. La participación activa de los ciudadanos es una de las palancas más potentes para democratizar la transición energética. Incentivar comunidades energéticas locales, esquemas de compensación y mecanismos de autoconsumo compartido será esencial para aprovechar este potencial.
El reciente apagón nos demuestra que existen graves vulnerabilidades estructurales que pueden comprometer la seguridad del suministro. Al mismo tiempo, la implantación masiva del vehículo eléctrico representa un desafío y una oportunidad histórica: un desafío porque incrementará la presión sobre la red, pero también una oportunidad para avanzar hacia un modelo energético más sostenible, flexible y participativo.
El éxito de esta transición dependerá de la capacidad de España para reforzar su red eléctrica, ampliar el almacenamiento, digitalizar las infraestructuras, planificar de forma inteligente la infraestructura de recarga y aprovechar el potencial del vehículo eléctrico como recurso energético. Solo así será posible garantizar un sistema eléctrico robusto, resiliente y preparado para el futuro, que combine la sostenibilidad ambiental con la seguridad del suministro y la competitividad económica.
