La presa de Eiras, en Pontevedra, sufre un deterioro grave que amenaza el abastecimiento de agua a más de 400.000 personas

El embalse de Eiras, situado entre los municipios pontevedreses de Fornelos de Montes y Ponte Caldelas, se ha convertido en el epicentro de una crisis institucional con graves implicaciones técnicas: dos de las cuatro válvulas que regulan el caudal hacia la planta potabilizadora de O Casal presentan un “deterioro estructural”, según ha alertado la Xunta de Galicia, lo que podría comprometer el suministro de agua a más de 400.000 personas, incluidos habitantes de Vigo y su área metropolitana.

El choque entre la Administración autonómica y el Ayuntamiento de Vigo ha escalado en las últimas jornadas, con acusaciones mutuas sobre responsabilidades históricas y falta de mantenimiento. La Xunta advierte del riesgo por válvulas averiadas mientras el Ayuntamiento de Vigo denuncia negligencia política y apremia soluciones inmediatas.

La presa de Eiras fue construida en los años setenta para paliar los problemas de abastecimiento hídrico en la ciudad de Vigo y sus alrededores. Su construcción, iniciada en 1973 mediante un sistema de financiación que incluyó un empréstito municipal, culminó en 1977 con la inauguración oficial, tal como recogen registros históricos. Se trata de una presa de bóveda fina, con doble curvatura, cuya tipología aprovecha al máximo la geometría para contener altos volúmenes de agua con un muro relativamente delgado, tal y como describen memorias técnicas.

Técnicamente, el origen del conflicto actual radica en la antigüedad de los componentes críticos: las válvulas dañadas fueron instaladas en 1977 y, según la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, nunca han sido reemplazadas. Su avanzado desgaste estructural ha generado fugas y ha sido identificado por técnicos de Augas de Galicia, lo que ha motivado la exigencia de actuaciones urgentes por parte de la Xunta para garantizar la seguridad y fiabilidad del sistema de regulación hídrica.

Por su parte, el Ayuntamiento de Vigo, liderado por Abel Caballero, acepta que las válvulas deben ser cambiadas pero responsabiliza a la Xunta por falta de iniciativa en los últimos años. Según el consistorio, desde que la gestión de la presa pasó en 2023 a manos autonómicas tras resoluciones judiciales, la Xunta ha mostrado una actitud pasiva. Además, el Ayuntamiento considera insuficiente la respuesta propuesta: exigía el reemplazo inmediato de ambas válvulas, mientras que la Xunta sugirió un “bypass” de emergencia con un coste estimado de 2 millones de euros para asegurar el suministro mientras duren las obras.

La tensión entre ambas instituciones ha llevado a una reunión técnica de urgencia, convocada por la Xunta para coordinar las actuaciones necesarias. La Xunta argumenta que, aunque es titular del embalse, el mantenimiento preventivo y el accionamiento de las válvulas es responsabilidad del Ayuntamiento, tal como se estableció hace años. En su comunicado, el Gobierno gallego subraya que la sustitución inmediata de las válvulas averiadas es necesaria para salvaguardar el abastecimiento y evitar un posible corte de agua.

Desde el Ayuntamiento, sin embargo, defienden que la Xunta ha estado “tres años de brazos cruzados” y denuncian una actitud “irresponsable” que pone en riesgo a la ciudadanía. Además, apuntan que la empresa concesionaria, Aqualia, no habría informado con antelación suficiente sobre el estado real de las piezas averiadas, lo que habría retrasado la convocatoria de soluciones urgentes.

El BNG de Vigo interviene también en la polémica, criticando duramente la gestión de ambas administraciones y acusándolas de convertir el problema técnico en un “juego irresponsable” de enfrentamientos políticos. Su portavoz, Xabier Pérez Igrexas, ha pedido una auditoría integral del embalse por parte de Augas de Galicia y el Ayuntamiento para obtener un diagnóstico completo de su estado y proponer soluciones duraderas.

Desde el punto de vista técnico, el riesgo no es solo institucional: el daño en las válvulas podría reducir la capacidad de regulación del embalse, comprometiendo la entrega de caudal estable hacia la planta de potabilización, especialmente en escenarios de alta demanda o baja pluviometría. Aunque la Xunta insiste en que el embalse está al 53 % de su capacidad, lo que permitiría garantizar el suministro hasta enero incluso sin precipitaciones, su mensaje de tranquilidad no ha calmado los ánimos, dado que la reparación de las válvulas supone una intervención estructural delicada en componentes clave.

La conselleira Vázquez ha subrayado que no se trata de una reparación superficial: “no basta con cambiar dos válvulas de 50.000 euros cada una”, ha afirmado, advirtiendo que se requiere una solución técnica compleja y coordinada, no un parche rápido.

En definitiva, la presa de Eiras, pieza clave en el sistema de abastecimiento del área metropolitana de Vigo y otros municipios, se encuentra en una encrucijada entre deficiencia técnica y rivalidad política. La solución exigida por la Xunta –un bypass provisional– y el reclamo del Ayuntamiento por una actuación inmediata muestran que la infraestructura no puede esperar, y que el consenso institucional es urgente para garantizar el suministro de agua y evitar lo que muchos califican como un riesgo real para cientos de miles de personas.