La jueza de Adamuz ordena a Adif que devuelva el material retirado de las vías y amenaza con responsabilidades penales

La magistrada que instruye en el Juzgado de Montoro la causa penal por el accidente ferroviario de Adamuz ha dictado una providencia en la que ordena a Adif que se abstenga de cualquier intervención o ensayo sobre elementos de la vía sin autorización judicial previa y le advierte de que el incumplimiento podría acarrear “consecuencias penales”, después de que la Guardia Civil informara de que “personal de Adif” extrajo y trasladó a una base propia fragmentos de carril y soldaduras sin comunicarlo ni solicitarlo al juzgado.

Según el informe remitido por la Guardia Civil a la instructora, la retirada se habría producido entre la noche y la madrugada del 22 al 23 de enero, antes de que existiera autorización formal para intervenir en la zona, que llegó el 28 de enero. Los agentes sostienen que se extrajeron un total de 26 fragmentos vinculados a la vía, con 19 puntos de soldadura, que fueron trasladados a la base de mantenimiento de Adif en Hornachuelos, donde además se habrían practicado pruebas sin conocimiento del juzgado.

De los interrogatorios posteriores practicados por la Guardia Civil a empleados de Adif se desprende que se realizaron ensayos de dureza y pruebas no destructivas, actuaciones que, aun sin destruir el material, pueden alterar su estado superficial o introducir marcas, condicionando la trazabilidad y el valor probatorio de futuras pericias metalográficas. Tras conocer estos hechos, la Guardia Civil procedió al precinto del material en la base y a supervisar su custodia, mientras la jueza ordenaba la restitución y prohibía nuevas extracciones o ensayos sin permiso judicial, subrayando el riesgo de responsabilidades penales si se desobedece.

La relevancia técnica de estos restos va mucho más allá de la mera cadena de custodia. En un descarrilamiento, la determinación de si hubo una fractura previa del carril, un defecto de soldadura aluminotérmica o un problema en el conjunto carril–fijaciones–traviesas–balasto depende de análisis forenses que exigen muestras representativas, documentadas y preservadas desde el primer momento.

La Guardia Civil ya ha manejado como hipótesis principal una rotura del carril o un fallo asociado a la soldadura, y también contempla otras líneas, desde el “estado general” del conjunto de vía hasta la posibilidad de un incidente originado por material rodante o una conducción imprudente, de ahí que cada cupón de carril, cada cordón de soldadura y cada pieza asociada tenga potencial para confirmar o descartar mecanismos de fallo por fatiga, fragilización, defectos de ejecución, corrosión o concentraciones de tensiones.

Vocal apartado de la CIAF

En paralelo a la investigación penal, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha decidido apartar al vocal Ignacio Sánchez Marhuenda de la investigación técnica sobre el accidente de Adamuz con el objetivo declarado de blindar la independencia y la credibilidad del expediente. La decisión se produce tras conocerse que el vocal había mantenido vínculos profesionales recientes con empresas del sector de infraestructuras ferroviarias, circunstancia que, aun sin implicar necesariamente conflicto directo en este siniestro, podía generar dudas sobre la apariencia de imparcialidad en un caso de enorme trascendencia técnica y social. Con este movimiento, la CIAF trata de evitar cualquier cuestionamiento futuro de sus conclusiones, en un contexto especialmente sensible tras las críticas que en investigaciones anteriores recibieron los órganos españoles por parte de asociaciones de víctimas e incluso de instancias europeas.

La medida se enmarca además en una estrategia más amplia para reforzar la autonomía del análisis técnico. La comisión ha buscado la validación de sus procedimientos ante la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea y ha previsto recurrir a laboratorios especializados, tanto públicos como privados, para el estudio metalográfico y estructural de los fragmentos de carril y soldaduras implicados en el descarrilamiento. En una investigación donde el examen de la fractura, la calidad de las uniones aluminotérmicas y el estado del conjunto carril–fijaciones–traviesas puede resultar determinante para esclarecer las causas, la independencia formal y material del órgano investigador constituye un elemento clave para garantizar la solidez técnica y jurídica del informe final.