La futura Ley de movilidad puede aislar la España vaciada y dejar sin transporte a más de 1.400 pueblos
La movilidad y las infraestructuras de transporte se encuentran ante una etapa de profundos cambios. Las nuevas tecnologías, la automatización, los retos medioambientales, los aspectos sociales y la concentración cada vez mayor de la población en grandes núcleos urbanos, en ocasiones siguiendo un modelo de ciudad más dispersa, especializada y de menor densidad que se sustenta en una alta movilidad, están produciendo una transformación disruptiva del sector
La movilidad no es un capricho. Es lo que permite que alguien viva en un pueblo y pueda ir a trabajar, estudiar, visitar al médico o, sencillamente, no quedarse atrapado en su propia casa. Es libertad, es acceso a servicios básicos y también es ocio. Sin transporte, hablar de igualdad de oportunidades es puro humo.
Además, la movilidad está en el centro de dos debates mayúsculos: el climático y el económico. Sin una buena planificación del transporte, es imposible avanzar ni en reducción de emisiones ni en cohesión territorial. Y ahí entra la famosa Ley de Movilidad Sostenible. Sobre el papel, la norma debía ser el marco moderno que España necesitaba. En la práctica, se ha convertido en un culebrón interminable.
Una ley encallada
El proyecto nació en 2022 con grandes promesas. Tres años después, sigue en trámite, coleccionando retrasos y titulares.
Cronología exprés del despropósito:
- 2024: prevista su aprobación, pero las elecciones lo congelaron.
- Febrero 2025: el Congreso la reactiva. A la fiesta se suman 700 enmiendas.
- Junio 2025: el Ministerio asegura que la ley estaría lista “antes del verano”.
- Agosto 2025: seguimos igual.
Lo último: el Gobierno decidió retirar la votación en junio al ver que no tenía apoyos suficientes. Resultado: una ley que ni avanza ni muere, pero que mientras tanto bloquea cualquier cambio real.
Los problemas de fondo
La ley no gusta, y por razones de peso:
- Escasa ambición climática: no fija objetivos claros de descarbonización.
- Texto demasiado genérico: se limita a un marco general que dependerá de reglamentos posteriores.
- Golpe a las zonas rurales: el rediseño de las rutas de autobús amenaza con aislar a miles de municipios.
El último punto es el más incendiario: el nuevo mapa concesional de autobuses recorta de 1.912 rutas actuales a solo 495, eliminando más de 9.300 paradas en 1.417 municipios.
En provincias como Teruel (-54 paradas), Cuenca (-40), Soria (-33) o Guadalajara (-28), la medida es vista directamente como un castigo a territorios ya de por sí despoblados.
El Congreso intenta suavizar el golpe con varias enmiendas:
Parche sobre parche
- Negociar el mapa con las comunidades autónomas.
- Compensar con unos 40 millones de euros a las autonomías que asuman servicios recortados.
- Mantener rutas si alguna comunidad rechaza los cambios.
Es decir, el Gobierno promete eficiencia y modernización, pero acaba ofreciendo un sistema de excepciones y apaños que deja claro lo que ya se intuía: no hay consenso ni proyecto claro.
Un sudoku sin resolver
La gran incógnita es si la futura ley logrará equilibrar eficiencia con derechos. Porque sí, concentrar recursos en rutas con mayor demanda suena lógico… en un Excel. En la práctica, significa que miles de personas en el medio rural se quedarán sin alternativa de transporte. Y sin transporte no hay movilidad. Y sin movilidad, no hay igualdad.
De momento, lo único claro es que la Ley de Movilidad Sostenible no se aprueba, no convence y no avanza. En Bruselas deben estar mirando el calendario con creciente impaciencia. Aquí, seguimos esperando un autobús que, de momento, no llega.
