El Gobierno aprueba un Real Decreto para reforzar el sistema eléctrico y se enmienda a sí mismo con la repotenciación de aerogeneradores
El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde a un Real Decreto que impulsa la supervisión del sistema eléctrico, acelera el almacenamiento y la repotenciación eólica y facilita la electrificación de la demanda; la norma reintroduce por vía reglamentaria medidas que habían quedado afectadas tras la no convalidación del Real Decreto-ley 7/2025 y desata las críticas de la Xunta por la regulación de la repotenciación.
El Ejecutivo ha aprobado hoy un Real Decreto para reforzar la resiliencia del sistema eléctrico y acelerar la transición energética que recoge y adapta un paquete de actuaciones que ya figuraban en el Real Decreto-ley 7/2025 (decreto “antiapagones”) que decayó al no ser aprobado en el Congreso con los votos en contra de Junts, pero que el Gobierno considera urgentes para evitar nuevos riesgos de suministro.
La norma, tramitada por vía de urgencia desde el verano, entra por tanto por la vía reglamentaria y permite poner en marcha medidas administrativas sin necesidad de pasar de nuevo por la convalidación parlamentaria.
Entre las disposiciones más relevantes que incluye el texto figuran, primero, el refuerzo de la supervisión y control operativo: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) verá ampliadas sus labores de seguimiento, con obligaciones de reporte periódicas por parte de los agentes, y se prevén planes extraordinarios de inspección para verificar la capacidad de reposición del suministro y la calidad de tensión.
Segundo, el Real Decreto facilita e impulsa el almacenamiento y la hibridación de instalaciones renovables: se agilizan trámites administrativos y se establecen reglas técnicas y contractuales para la conexión y operación de baterías y sistemas híbridos, con miras a alcanzar los objetivos de almacenamiento fijados en el PNIEC. Tercero, la norma incorpora medidas para acelerar la repotenciación de parques eólicos, es decir, la sustitución de aerogeneradores antiguos por máquinas de mayor potencia y eficiencia, y establece criterios de compatibilidad técnica, plazos de tramitación preferente y directrices para integrar la repotenciación en la planificación de la red.
Cuarto, hay medidas de aceleración administrativa: se reduce la duración de plazos para respuestas de las distribuidoras, se prevé la posibilidad de caducidad de los derechos de acceso y conexión a los cinco años para desbloquear proyectos paralizados, y se habilitan fórmulas contractuales para pagos por capacidad a centrales de respaldo.
Finalmente, el texto contempla incentivos para la electrificación de la demanda y el autoconsumo colectivo —aunque algunas medidas relacionadas con la extensión del radio de autoconsumo fueron objeto de tratamiento separado en previas tramitaciones— y prevé una hoja de ruta para I+D+i y plataformas de ensayo en tecnologías de almacenamiento. Estas líneas de actuación responden a la diagnosis abierta tras el apagón de abril y al objetivo de reducir la necesidad de recurrir a generación fósil en picos de demanda.
El Gobierno esquiva al Parlamento
El Gobierno justifica la vía reglamentaria por la urgencia técnica y operativa. Tras la no convalidación parlamentaria del RDL 7/2025 el Ejecutivo decidió “trocear” y reintroducir por real decreto parte del contenido considerado imprescindible para la seguridad del suministro, de manera que las medidas de supervisión, almacenamiento y ciertos incentivos administrativos puedan entrar en vigor sin demora legislativa. No obstante, la opción regulatoria tiene límites. Algunas materias de calado normativo o de impacto competencial requieren rango de ley, por lo que quedarán supeditadas a futuras iniciativas parlamentarias o a desarrollos legislativos específicos.
Reacción de la Xunta de Galicia
La reacción autonómica no se ha hecho esperar. La Xunta de Galicia ha manifestado su sopresa por la incorporación de medidas de repotenciación que, en esencia, remiten a lo ya regulado por la normativa autonómica gallega. La conselleira de Economía e Industria ha denunciado que el Ejecutivo central presentó con anterioridad un recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos de la ley gallega de repotenciación, y ha censurado que el Gobierno incluya ahora instrumentos estatales que confluyen con la regulación autonómica.
La polémica gira en torno a la competencia sobre regulación básica del sector eléctrico y sobre si la repotenciación puede configurarse, obligatoriamente, por la comunidad autónoma sin invadir la normativa básica estatal. La Xunta sostiene que sus medidas incentivan la modernización y la retirada de aerogeneradores obsoletos, mientras el Gobierno alega que ciertas previsiones autonómicas invaden competencias estatales. Esta fricción política podría traducirse en nuevos recursos ante el Tribunal Constitucional si persiste la colisión normativa.
En términos prácticos, estas medidas buscan tres efectos concretos. Por un lado, aumentar la capacidad de almacenamiento para absorber picos y valles de generación renovable. También, incrementar la flexibilidad del sistema mediante agregadores, baterías y contratos de servicios de red. Y, por último, acelerar la puesta en servicio de proyectos renovables y de respaldo reduciendo cuellos administrativos. El sector —asociaciones eólicas y operadores— ha valorado positivamente muchas de las disposiciones orientadas a repotenciación y almacenamiento, aunque subraya la necesidad de concreción en las órdenes técnicas, el despliegue de financiación y la seguridad jurídica para evitar litigios que paralicen proyectos.
Por último, aunque el Real Decreto permite activar medidas que habían decaído con la no convalidación del decreto-ley, su eficacia dependerá de la rapidez en la publicación del texto reglamentario, de la adecuación de los procedimientos de tramitación y de la coordinación entre el Estado, las comunidades autónomas y los operadores. La vía reglamentaria permite actuar con mayor celeridad, pero no sustituye la necesidad de marcos estables de largo plazo. Para cuestiones como garantías de acceso o modificación de competencias será imprescindible un desarrollo legal más amplio y consensuado en el Parlamento.
