El Gobierno abre a consulta un real decreto para liberar capacidad de la red eléctrica y reforzar su seguridad

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha puesto en audiencia pública un proyecto de real decreto que actualiza y amplía los requisitos técnicos de conexión a las redes de transporte y distribución eléctrica, con el objetivo de desbloquear capacidad de acceso, reforzar la estabilidad del sistema y facilitar la electrificación de la economía frente a la saturación actual del sistema. El periodo de alegaciones estará abierto hasta el 16 de marzo de 2026.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha iniciado la audiencia pública de un proyecto de real decreto que busca responder a la creciente saturación de las redes eléctricas españolas y adaptar el marco técnico a las nuevas demandas de consumo y producción de energía. La iniciativa, que estará disponible para consultas y alegaciones hasta el 16 de marzo de 2026, establece requisitos mínimos de diseño, equipamiento, funcionamiento y seguridad que deberán cumplir las instalaciones que se conecten a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica en España.

Según el texto normativo, que puede consultarse en la sede electrónica del Ministerio, la actualización regulatoria es necesaria para asegurar que las instalaciones —tanto de generación, como de demanda o almacenamiento energético— aporten robustez y flexibilidad al sistema y no dificulten la conexión de futuros proyectos. El documento expande la normativa de 2020 que implementaba los códigos europeos de red, incorporando ahora nuevas obligaciones para tipos de conexión que hasta ahora eran residuales o inexistentes, como los centros de datos, electrolizadores para hidrógeno, baterías de gran tamaño y cargas industriales intensivas, entre otros.

El texto establece que todas las nuevas instalaciones, incluidas grandes demandas industriales, sistemas de almacenamiento, electrolizadores para hidrógeno renovable y centros de datos, deberán ser capaces de soportar huecos de tensión (fault ride through) sin desconectarse de manera intempestiva, garantizando así la continuidad del suministro y evitando efectos en cascada ante perturbaciones en la red.

Principales medidas

El borrador incorpora además exigencias relativas al control dinámico de potencia activa y reactiva, obligando a que determinadas instalaciones dispongan de sistemas de regulación que contribuyan a la estabilidad de frecuencia y tensión del sistema eléctrico. En concreto, se fija la obligación de que los equipos puedan modular su respuesta ante variaciones de frecuencia y aportar capacidad de regulación primaria o secundaria cuando así lo requiera el operador del sistema, en línea con los códigos europeos de red.

Otro de los apartados técnicos relevantes es el relativo a la calidad de la energía y límites de distorsión armónica, donde se establecen umbrales máximos de emisión de perturbaciones electromagnéticas, flicker y desequilibrios de tensión. El objetivo declarado en el texto es evitar que nuevas conexiones degraden la calidad del suministro existente o limiten la capacidad de conexión futura en los nudos actualmente tensionados.

El proyecto también regula de forma específica los sistemas de almacenamiento y las instalaciones en alta tensión en corriente continua (HVDC), que hasta ahora no contaban con un desarrollo reglamentario tan detallado en la normativa española. Se exige que estos sistemas incorporen protecciones avanzadas, esquemas de desconexión selectiva y capacidad de respuesta coordinada con el operador del sistema, reforzando la resiliencia ante contingencias graves.

Finalmente, el texto introduce obligaciones de telemedida, supervisión y comunicación en tiempo real, de modo que las instalaciones conectadas deberán facilitar datos operativos continuos al operador de la red. Esta exigencia técnica busca mejorar la visibilidad del sistema eléctrico y permitir una gestión más eficiente de la capacidad disponible, uno de los objetivos centrales del real decreto según la memoria justificativa que acompaña al borrador.

El fondo del proyecto radica en que la red eléctrica española se encuentra en situación de saturación. Las estimaciones más recientes muestran que alrededor de solo el 25 % de los nudos de transporte todavía tienen capacidad disponible para conectar nueva demanda, mientras que la mayoría de lugares ya han sido reservados, muchas veces sin que los proyectos se materialicen. Esto ha provocado bloqueos que frenan inversiones y planificaciones industriales, energéticas y urbanísticas, según han señalado fuentes del sector.

Según el Gobierno, as medidas que quiere implantar con este Real Decreto no solo aumentarán la capacidad de acceso disponible, sin necesidad de costosos refuerzos de infraestructura física, sino que además reforzarán la seguridad operativa del sistema eléctrico en un contexto de rápida transición energética, electrificación de la industria y crecimiento de las energías renovables. En su comunicación oficial, Transición Ecológica afirma que la actualización de requisitos técnicos permitirá una integración más activa y segura de las nuevas demandas asociadas a la descarbonización del transporte, la digitalización y el almacenamiento energético.

Necesidad de inversiones en expansión y mantenimiento de la red física

No obstante, expertos del sector energético advierten de que la eficacia de estos cambios dependerá de su implementación práctica y de la capacidad de coordinación entre los distintos agentes de la red. Algunos analistas consultados recuerdan que, aunque la normativa puede liberar capacidad “bloqueada”, la infraestructura física sigue enfrentando desafíos de ampliación y modernización en puntos críticos donde la red tradicional está más tensionada. Para estos expertos, el decreto es un paso en la dirección correcta, pero no sustituye a la necesidad de inversiones en expansión y mantenimiento de la red física, especialmente para soportar la electrificación masiva prevista en los próximos años.

Además, organizaciones empresariales del sector eléctrico subrayan que la transparencia en la gestión de acceso y planificación de la red será clave para evitar especulaciones y reservas de capacidad que no se traduzcan en proyectos reales, un problema que ya ha sido señalado por el operador del sistema en informes recientes.

En términos regulatorios, el real decreto también se anticipa a la actualización de los códigos de red europeos, incorporando estándares más amplios que los vigentes desde 2016 y adaptándolos al contexto español con una tasa creciente de generación renovable, electrificación de la demanda, y nuevas tecnologías de almacenamiento y conversión energética.

Con una transición energética que avanza con rapidez, el impacto de este real decreto será objeto de seguimiento tanto desde el punto de vista técnico como económico, ya que podría influir en la agilidad con que se conectan nuevos proyectos industriales y energéticos, y en la competitividad del sistema eléctrico español frente a mercados europeos vecinos.