El CSN avala que la central de Almaraz siga operando hasta 2030 y deja la decisión final en manos del Gobierno
El organismo regulador considera que los dos reactores pueden continuar funcionando con un nivel adecuado de seguridad hasta el 8 de junio de 2030, aunque impone condiciones sobre la documentación de explotación y el mantenimiento del personal vinculado a funciones de seguridad. La Junta de Extremadura y el PSOE regional reclaman culminar la prórroga, mientras Unidas por Extremadura y las organizaciones ecologistas piden mantener el calendario de cierre.
El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear ha informado favorablemente la solicitud para prolongar hasta el 8 de junio de 2030 la autorización de explotación de las dos unidades de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres. El dictamen concluye que la planta puede seguir operando durante el periodo solicitado manteniendo un nivel adecuado de seguridad, aunque establece varias condiciones que deberán cumplir sus titulares.
La resolución supone el principal aval técnico necesario para modificar las fechas de cierre actualmente vigentes, pero no autoriza por sí sola la continuidad de la central. El informe será remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al que corresponde adoptar la decisión definitiva y, en su caso, aprobar mediante orden ministerial la modificación de la autorización de explotación.
Las autorizaciones actuales permiten que Almaraz I funcione hasta el 1 de noviembre de 2027 y Almaraz II hasta el 31 de octubre de 2028. Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, entidad titular de la licencia y participada por Iberdrola, Endesa y Naturgy, solicitó el 30 de octubre de 2025 que ambas unidades pudieran operar hasta una fecha común: el 8 de junio de 2030. El Ministerio trasladó posteriormente el expediente al CSN para que evaluara exclusivamente los aspectos relacionados con la seguridad nuclear, la protección radiológica y la protección física.
El informe favorable se apoya en 29 documentos técnicos elaborados por 16 áreas especializadas del organismo regulador, además de en los resultados obtenidos mediante la supervisión e inspección permanente de la instalación. La evaluación ha analizado el cumplimiento de las condiciones de la autorización vigente, el funcionamiento de los sistemas relacionados con la seguridad y la capacidad de la central para mantener sus márgenes de protección durante los años adicionales solicitados.
Estado real de los equipos e infraestructuras
Entre las cuestiones examinadas figura la gestión del envejecimiento de las estructuras, sistemas y componentes importantes para la seguridad. En una central que comenzó su explotación comercial en 1981 en el caso de la unidad I y en 1983 en la unidad II, la continuidad no depende únicamente de la edad cronológica de los reactores, sino del estado real de sus equipos, de los programas de vigilancia y mantenimiento y de la sustitución o actualización de aquellos componentes que puedan degradarse con el tiempo.
El CSN también ha revisado la gestión de la vida útil de los equipos, la calificación ambiental de los sistemas esenciales y el cumplimiento de los programas de mejora derivados de la última Revisión Periódica de Seguridad. Esta revisión fue la base técnica de la autorización concedida en 2020 y permitió comprobar el comportamiento de la central, la evolución de sus sistemas y su adaptación a las exigencias regulatorias aplicables.
Las condiciones incorporadas al dictamen pretenden delimitar con precisión el alcance temporal de la renovación, exigir la actualización de las versiones vigentes de los Documentos Oficiales de Explotación y garantizar que la central mantenga entre 2028 y 2030 una dotación suficiente de personal con responsabilidades vinculadas a la seguridad. El regulador busca evitar que la proximidad del futuro cierre provoque una reducción anticipada de efectivos, conocimientos técnicos o capacidades operativas esenciales.
La evaluación también ha tenido en cuenta la gestión del combustible nuclear gastado y la disponibilidad de capacidad de almacenamiento. La central construye un nuevo Almacén Temporal Individualizado, denominado ATI-100, destinado a ampliar la capacidad para conservar en seco el combustible extraído de las piscinas de los reactores. Esta instalación resulta necesaria tanto para una eventual prolongación de la explotación como para preparar el posterior desmantelamiento.
El Ministerio estudiará el informe
El Ministerio para la Transición Ecológica ha indicado que estudiará el informe y el conjunto de la documentación incorporada al expediente antes de adoptar una decisión. La vicepresidenta tercera y ministra, Sara Aagesen, había condicionado previamente la posible continuidad de Almaraz a tres elementos: un pronunciamiento favorable del CSN, la contribución de la planta a la estabilidad del sistema y que la prórroga no implique costes adicionales para los consumidores o los contribuyentes.
Las empresas propietarias presentaron la solicitud sin condicionarla formalmente a una rebaja fiscal. Iberdrola y Endesa habían reclamado durante los meses anteriores una reducción de la carga tributaria soportada por las centrales, mientras Naturgy se mostró inicialmente partidaria de respetar las fechas de cierre. La petición finalmente consensuada por las tres compañías se limitó a extender la explotación hasta junio de 2030.
La central ha valorado el dictamen como la confirmación de que la instalación reúne las condiciones para continuar operando de forma segura. CNAT asegura que Almaraz aporta más del 7 % de la electricidad consumida en España, sostiene alrededor de 4.000 empleos en su zona de influencia y recibe unos 1.200 trabajadores adicionales durante cada recarga. La empresa afirma además que destina anualmente unos 50 millones de euros a la mejora, actualización y modernización de los equipos.
Reacciones políticas
El pronunciamiento ha generado también reacciones políticas. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reclamado al Gobierno que anuncie de inmediato la prórroga al considerar que, tras el informe del regulador, ya no existen razones técnicas para mantener el cierre previsto. La dirigente autonómica ha vinculado la continuidad de la central con el empleo de la comarca y la soberanía energética española.
El PSOE de Extremadura ha calificado el informe como un “paso decisivo” para culminar la ampliación. Su secretario general, Álvaro Sánchez Cotrina, considera acreditado el requisito relativo a la seguridad y confía en que el expediente pueda resolverse favorablemente una vez comprobadas las otras dos condiciones planteadas por el Gobierno: que no exista un coste adicional para los consumidores y que la planta contribuya a garantizar el suministro eléctrico.
La posición contraria ha sido expresada por Unidas por Extremadura. Su portavoz, Irene de Miguel, ha cuestionado la imparcialidad del regulador y sostiene que las averías registradas por la instalación y la falta de inversiones suficientes desaconsejan prolongar su funcionamiento. Estas afirmaciones contrastan con la conclusión técnica del CSN, que considera que la planta mantiene las condiciones de seguridad necesarias para operar hasta 2030.
El Foro Extremeño Antinuclear y varias organizaciones ecologistas han pedido igualmente al Gobierno que mantenga el calendario de cierre. Estos colectivos recuerdan que el dictamen se limita a la seguridad nuclear y radiológica y que no equivale a una concesión automática de la prórroga. Reclaman además la publicación íntegra del informe, de sus condiciones técnicas y de los posibles votos particulares, así como la puesta en marcha de un plan de transición económica para Campo Arañuelo.
La decisión ministerial tendrá consecuencias que van más allá de los tres años adicionales solicitados. Almaraz es la primera central incluida en el calendario de cierre nuclear acordado en 2019 por las eléctricas y Enresa, que prevé la clausura escalonada de los siete reactores españoles entre 2027 y 2035. Una modificación de sus fechas no implica necesariamente revisar todo el calendario, pero puede convertirse en el precedente que utilicen los propietarios de otras centrales para solicitar nuevas autorizaciones.
